Baldor Bermeo cayó tarde: el Estado tuvo durante años las pistas sobre su negocio minero
- Franklin Vega
- 28 jul
- 6 min de lectura
El exalcalde de Camilo Ponce Enríquez fue detenido por presunto lavado de activos. El Gobierno lo señala como uno de los principales financistas de Los Lobos. Pero su captura no revela una trama invisible: desde 2023 existían expedientes fiscales y antecedentes administrativos y, en 2025, la Arcom autorizó a una empresa representada por Bermeo a exportar 680 toneladas de concentrado de oro atribuidas a una concesión estatal en la que no debía existir extracción privada.
La pregunta no es únicamente por qué Elías Baldor Bermeo Cabrera fue detenido la madrugada de este martes 28 de julio. La pregunta es por qué el Estado necesitó tantos años para hacerlo.
El exalcalde de Camilo Ponce Enríquez fue capturado durante diez allanamientos ejecutados por la Fiscalía y la Policía en Azuay y El Oro. El operativo dejó seis detenidos y alcanzó a cuatro empresas vinculadas con su entorno familiar y empresarial.
La Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos cuyos delitos precedentes serían la minería ilegal y la distribución de explosivos. Según el ministro del Interior, John Reimberg, Bermeo habría movilizado aproximadamente USD 3,2 millones entre 2023 y 2025 mediante compañías mineras y sería “uno de los principales o el principal financista” de Los Lobos.
La condición de investigado no equivale a una condena y Bermeo deberá responder ante la justicia. Pero los documentos públicos y los antecedentes que rodean sus actividades muestran que el Estado no empezó a recibir alertas esta semana.
Las pistas estaban allí desde hace tiempo. Algunas estaban, incluso, dentro de los propios sistemas oficiales.
El oro que la Arcom dejó salir
En septiembre de 2025, hace menos de un año, Bitácora Ambiental publicó la investigación “La minería ilegal se expande por falta de control estatal”. Uno de sus capítulos se tituló “El hoyo negro de los certificados de exportación”.
El reportaje demostró que la Agencia de Regulación y Control Minero —Arcom— emitía certificados sin comprobar si el mineral declarado provenía realmente de concesiones activas, si existían contratos de operación o si los volúmenes reportados guardaban relación con la capacidad productiva de cada mina.
El caso que ilustraba esas fallas tenía nombre propio.
El Certificado de Exportación No. 114200 fue emitido a favor de BBC Golden S.A. y registra como representante legal a Elías Baldor Bermeo Cabrera. El documento autorizó la salida hacia Huangpu, China, de ocho cargamentos que sumaban 680,49 toneladas de concentrado de oro, por un valor declarado aproximado de USD 1,47 millones.
En el apartado correspondiente al certificado de producción consta el Código Arcom 3622. Ese número pertenece a la concesión Muyuyacu, ubicada en Camilo Ponce Enríquez y vinculada a un largo litigio en el que intervinieron la Empresa Nacional Minera —Enami EP— y sociedades privadas y offshore.
El documento atribuye a Muyuyacu la producción procesada entre el 1 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025.
Pero el 6 de febrero de 2025, antes de que la Arcom aprobara la exportación, la Corte Constitucional emitió la sentencia 1365-20-EP/25. La Corte dejó sin efecto el auto judicial que había extendido irregularmente derechos a favor de Gaby Panama Corporation y anuló las actuaciones posteriores destinadas a ejecutar esa decisión.
El fallo permitió aclarar la titularidad estatal de Muyuyacu. El Catastro Minero también identificaba a Enami EP como titular de la concesión.
Pese a ello, cinco meses después la Arcom concluyó que “sí procede la exportación” solicitada por BBC Golden. Así, el mismo Estado que ahora investiga el posible lavado de activos mediante empresas mineras fue el que entregó el documento necesario para convertir el mineral cuestionado en una exportación aparentemente legal.
No fue un error escondido entre miles de páginas. El código 3622, las fechas de producción, el volumen, el destino, las facturas y el nombre del representante legal estaban escritos en el certificado.
Bastaba cruzar las bases de datos que administraba el propio Estado.
Muyuyacu ya había sido intervenida
El operativo de este martes tampoco es la primera acción estatal que alcanza los intereses mineros relacionados con Bermeo. Entre el 20 y el 26 de septiembre de 2025, las autoridades intervinieron 23 frentes mineros ilegales dentro de Muyuyacu, una concesión de 1.171 hectáreas perteneciente a Enami EP.
La contradicción es difícil de ignorar: de esa concesión salió el origen declarado del material que BBC Golden exportó con autorización de la Arcom y, pocas semanas después, el Estado tuvo que ingresar para desmantelar decenas de operaciones ilegales.
La intervención confirmó materialmente lo que los documentos ya permitían advertir: en Muyuyacu se extraía oro sin que existiera una operación privada regular que justificara toda esa producción.
Sin embargo, el certificado No. 114200 ya había cumplido su propósito. El concentrado había sido legalizado documentalmente para salir del país.
Alertas desde 2023
Los antecedentes son todavía más antiguos. Un documento de la Fiscalía, en poder de Bitácora Ambiental, muestra que el 9 de enero de 2023 se mantenía una investigación previa contra Bermeo por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Dentro del expediente fiscal No. 011501822020037, la Fiscalía dispuso recibir su versión, solicitar copias certificadas de su credencial como alcalde y efectuar el reconocimiento del lugar de los hechos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de Loja.
Ese documento no constituye una orden de prisión ni prueba los hechos investigados. Sí demuestra que Bermeo ya aparecía en expedientes fiscales mientras ejercía la Alcaldía de Camilo Ponce Enríquez.
Once días después, el 20 de enero de 2023, el Ministerio del Trabajo emitió otro certificado en el que consta que Bermeo “sí registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos”. La causal reportada era su condición de deudor de una entidad del sector público, concretamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
El propio certificado advertía que correspondía a las unidades de Talento Humano determinar la aplicación del impedimento en cada caso. Por tanto, tampoco puede interpretarse automáticamente como una destitución. Pero era otra alerta institucional que debía ser revisada mientras Bermeo continuaba en funciones.
A esos antecedentes se agregó el proceso penal por presunto sabotaje iniciado en agosto de 2023. En septiembre de 2024 fue llamado a juicio y se ratificaron las medidas cautelares que le impedían salir del país y enajenar sus bienes.
Ninguna de estas actuaciones, individualmente, demuestra su responsabilidad en el caso abierto este martes. En conjunto, sin embargo, muestran que Bermeo no era una figura desconocida para los organismos de control, la Fiscalía ni el sistema judicial.
La captura que llegó después del certificado
La operación del 28 de julio encontró más de USD 245.000 en efectivo, armas, municiones, dispositivos electrónicos, joyas y placas de oro con la imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, según la información difundida por las autoridades.
Reimberg sostiene que las compañías relacionadas con Bermeo habrían servido para introducir recursos procedentes de la minería ilegal en actividades aparentemente formales. También afirmó que explosivos adquiridos por esas empresas habrían sido utilizados en ataques y que no existían denuncias previas por su robo o pérdida.
La Fiscalía, por su parte, investiga la exportación de grandes cantidades de oro sin que se haya establecido una concesión o una fuente lícita de abastecimiento.
Esa última afirmación conduce directamente al certificado que Bitácora publicó en 2025.
El Estado tenía el nombre de la empresa, el de su representante legal, el volumen exportado, las facturas, el destino del cargamento y el código de la concesión de donde supuestamente provenía el mineral. Tenía también la sentencia constitucional sobre
Muyuyacu y sus propios registros catastrales.
Y, aun así, autorizó la exportación. Por eso, la captura de Baldor Bermeo no debería presentarse únicamente como un espectacular “golpe a las economías criminales”. También es la confirmación de una falla estatal prolongada.
Bermeo debía ser investigado con rigor y, si los indicios justificaban una orden judicial, detenido desde hace tiempo. En lugar de seguir la ruta financiera y controlar el origen del oro, el Estado permitió que el mineral atravesara sus instituciones y saliera del país con certificado oficial.
El detenido de hoy fue, hasta ayer, un exportador autorizado por el mismo sistema que ahora dice haber descubierto cómo funcionaba su negocio.
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