Cazadores de carbono en territorio waorani: un contrato revive disputas en la Amazonía

Un contrato firmado entre un dirigente waorani y la empresa británica Globusterra LTD para desarrollar proyectos de carbono en Pastaza volvió a encender las alarmas dentro de la Nacionalidad Waorani del Ecuador. El caso revive antiguos conflictos sobre control territorial, servicios ambientales y acuerdos impulsados por actores extranjeros en la Amazonía ecuatoriana.

La firma de un acuerdo entre un dirigente waorani y la empresa británica Globusterra LTD volvió a encender las alertas dentro de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). El documento plantea el desarrollo de proyectos de mitigación climática y generación de créditos de carbono en territorio amazónico, bajo un esquema que dirigentes y técnicos indígenas consideran riesgoso para la gobernanza territorial y los derechos colectivos. 

El acuerdo fue suscrito el 15 de febrero de 2025 entre Felipe Mincaye Enqueri, identificado en el contrato como presidente de una comunidad waorani asentada en Pastaza, y José Rafael Liccardo, representante de Globusterra LTD, una compañía registrada en Londres.

El documento establece que la empresa tendrá derechos exclusivos para la planificación y formulación de proyectos relacionados con reducción de emisiones, energías renovables y créditos de carbono dentro del denominado “Proyecto SBN y Energía Renovable Comunidad Indígena Waorani Ecuador”.

Aunque el texto utiliza el lenguaje de conservación y mitigación climática, varias cláusulas muestran que el objetivo central apunta a la futura comercialización de créditos de carbono. “El contrato señala que la cantidad de créditos de carbono por hectárea será determinada posteriormente mediante un documento técnico PDD (Project Design Document o Documento de Diseño del Proyecto), utilizado en los mercados de carbono para calcular emisiones, delimitar áreas y establecer la futura certificación internacional de créditos.”

También se incluyen disposiciones que limitan la posibilidad de que “EL CLIENTE” realice acciones que puedan impedir el desarrollo del proyecto o afectar los intereses del contratista. En la práctica, este tipo de cláusulas podría generar conflictos sobre autonomía territorial y control de decisiones futuras dentro de las comunidades.

La preocupación aumenta porque el caso ocurre en medio de un vacío normativo y un ausente debate político sobre los mercados de carbono en Ecuador. Aunque el artículo 74 de la Constitución establece que los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación y que su regulación corresponde al Estado, distintas empresas y consultoras internacionales han comenzado a acercarse a comunidades amazónicas ofreciendo proyectos climáticos y promesas de financiamiento.

La reportería realizada por Bitácora Ambiental se advierte que el acuerdo con Globusterra LTD habría sido firmado sin un proceso formal de consulta previa ni aprobación del Consejo de Gobierno de la NAWE. Técnicos vinculados a la organización alertan además sobre el riesgo de fragmentación interna dentro de la nacionalidad waorani. 

La preocupación no es menor. En los últimos años, el carbono forestal se ha convertido en un nuevo activo estratégico en la Amazonía. Organizaciones indígenas de distintos países han denunciado la presencia de intermediarios, consultoras, ONGs y fondos privados que buscan asegurar derechos sobre futuros créditos de carbono en territorios comunitarios.

La página web del denominado “Ewao Project”, vinculada a la iniciativa, presenta el proyecto como una propuesta de conservación, transición energética y desarrollo sostenible para territorio waorani. Sin embargo, especialistas consultados por Bitácora señalan que muchos de estos proyectos operan en zonas grises legales donde se mezclan conservación, financiamiento climático y mecanismos de compensación de emisiones.

Hasta el momento, la Nacionalidad Waorani del Ecuador analiza internamente el caso y no ha emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, el tema ya genera preocupación entre dirigentes y comunidades que recuerdan antiguos intentos de actores externos por obtener control sobre territorios indígenas amazónicos mediante acuerdos poco transparentes.

La Asamblea debate una reforma sobre mercados de carbono

El caso ocurre mientras la Asamblea Nacional tramita una reforma al Código Orgánico del Ambiente vinculada a cambio climático y mecanismos de reducción de emisiones. El informe para primer debate de la Comisión de Biodiversidad incorpora discusiones sobre compensación de emisiones, registros climáticos y participación de Ecuador en mercados de carbono. 

Dentro de las observaciones recogidas por la Comisión aparece un tema central: la necesidad de mantener la titularidad estatal sobre los servicios ambientales, tal como establece el artículo 74 de la Constitución. 

Sin embargo, la propuesta legislativa también abre la puerta a nuevos mecanismos de compensación y esquemas de gestión climática que distintos expertos consideran todavía ambiguos.

Durante las comparecencias legislativas hubo advertencias sobre posibles vacíos regulatorios, duplicidad normativa y riesgos de trasladar modelos internacionales de mercado de carbono a la realidad ecuatoriana sin suficiente control estatal. 

El proyecto todavía debe pasar por segundo debate en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional.

El antecedente de 2006: el fallido usufructo waorani

La controversia revive un episodio que marcó profundamente a la organización waorani hace casi dos décadas. En 2006, la entonces Organización de la Nacionalidad Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONWAE) desconoció un acuerdo firmado por antiguos dirigentes con la Fundación Fondo Ecuatoriano de Desarrollo Sustentable (FED). En este documento se pretendía entregar en usufructo cerca de 739.000 hectáreas de territorio waorani a favor del ciudadano estadounidense Daniel Roscom.

Según reportajes publicados ese año por Diario El Comercio, el caso provocó divisiones internas, denuncias de manipulación y cuestionamientos sobre posibles violaciones a derechos colectivos. La asamblea waorani terminó rechazando el acuerdo y prohibió a dirigentes firmar nuevos compromisos con actores externos sin conocimiento de las comunidades. También se denunciaron intentos de organizaciones privadas por aprovechar divisiones internas y promesas económicas para obtener control sobre recursos naturales amazónicos.

En aquel momento, incluso el Ministerio del Ambiente abrió investigaciones sobre la organización involucrada y sobre la legalidad de los convenios.

Casi veinte años después, el lenguaje cambió. Antes se hablaba de usufructos territoriales y biodiversidad; ahora el centro de la disputa es el carbono forestal. Pero en la Amazonía ecuatoriana persiste la misma pregunta: quién controla realmente el futuro de los territorios indígenas y los beneficios económicos asociados a la conservación. En estos temas el flamante ministro del Ambiente, Juan Carlos Blum, tiene experiencia por sus actividades anteriores.