La reforma al Código Orgánico del Ambiente plantea nuevos instrumentos climáticos y genera dudas técnicas

La Asamblea Nacional analiza una reforma al Código Orgánico del Ambiente que busca reorganizar la gestión climática del país mediante nuevos instrumentos de planificación, medición de emisiones y coordinación institucional. Aunque el proyecto pretende alinear la política ambiental con compromisos internacionales de reducción de emisiones, expertos han advertido posibles duplicidades con normas vigentes y cuestionan la coherencia institucional en un contexto donde la política ambiental se articula con el sector energético.

La Asamblea Nacional tramita una reforma al Código Orgánico del Ambiente. El objetivo: reorganizar la política climática del Ecuador mediante nuevos instrumentos de planificación, seguimiento de emisiones y coordinación interinstitucional. La propuesta surge de la fusión de dos iniciativas legislativas: una ley de cambio climático y un proyecto sobre emisiones de metano en la industria hidrocarburífera.

El proyecto plantea crear o fortalecer herramientas como el Registro Nacional de Cambio Climático, sistemas de medición y verificación de emisiones, y una agenda nacional de investigación climática. También propone periodos obligatorios de evaluación y actualización para los instrumentos de gestión climática, con el objetivo de alinear la política ambiental con las metas internacionales de reducción de emisiones.

Sin embargo, durante el proceso legislativo los expertos que aportaron al debate advirtieron que la reforma deja abierta la puerta para que se generen duplicidades con instrumentos ya existentes, como el Plan Nacional de Mitigación, la Estrategia Nacional de Cambio Climático o las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Estas observaciones señalan que el proyecto podría crear nuevas estructuras regulatorias sin resolver los problemas de implementación del marco ambiental vigente.

Otro punto de análisis es el cambio de enfoque en el control ambiental. Aunque la reforma no elimina los mecanismos tradicionales del Código Orgánico del Ambiente, plantea mayor énfasis en instrumentos de gestión climática, compensación de emisiones y posibles esquemas de mercado de carbono.

Esta discusión se desarrolla en un contexto institucional complejo, marcado por la integración de las competencias ambientales al ministerio de Energía y Minas. Según los participantes en el debate, esta convergencia plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para regular de forma independiente actividades extractivas mientras impulsa simultáneamente la transición climática, juez y parte dentro de una sola cartera de Estado.

El resultado final de la reforma podría redefinir el modelo de gobernanza ambiental del país y determinar si la política climática ecuatoriana se fortalece o fragmenta más.

5 alertas ambientales de la reforma al Código Orgánico del Ambiente

1. Riesgo de duplicación normativa en política climática El proyecto crea nuevos instrumentos de planificación, registros e inventarios climáticos que podrían superponerse con herramientas ya vigentes como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Mitigación y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Esto puede generar confusión institucional y dispersión regulatoria. 

2. Cambio del control ambiental hacia mecanismos de carbono La reforma refuerza esquemas de compensación y contabilidad de emisiones, lo que desplazaría parte del escaso control ambiental tradicional —basado en prevención y regulación directa— hacia mecanismos de compensación climática o mercados de carbono. 

3. Posible ampliación de obligaciones para operadores extractivos Al integrar sistemas obligatorios de medición, reporte y verificación de emisiones, actividades intensivas en carbono como petróleo y minería se enfrentarían nuevas obligaciones administrativas y técnicas dentro del sistema climático nacional. 

4. Superposición con instrumentos ambientales ya existentes Varias disposiciones repiten o replican normas ya presentes en el Código Orgánico del Ambiente y en su reglamentación, lo que puede afectar la seguridad jurídica y la claridad en la aplicación de la normativa ambiental. 

5. Debate sobre la independencia de la autoridad ambiental La discusión ocurre en un contexto institucional donde la política ambiental se articula con el sector energético, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para regular de manera independiente actividades extractivas mientras impulsa políticas de transición climática (juez y parte).