Mientras Argentina sanciona, Ecuador no explica el ingreso de un barco con historial ilegal

Mientras Argentina impone sanciones ejemplares contra la pesca ilegal, en Ecuador persisten las preguntas sin respuesta sobre el ingreso del Apóstol Santiago, un arrastrero con antecedentes de pesca INDNR cuya autorización, cupos y condiciones de operación siguen sin ser explicadas por las autoridades.

El buque arrastrero de popa Bao Feng fue sorprendido en maniobras de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Foto tomada de Pescare y disponible en este enlace: https://pescare.com.ar/la-argentina-rompe-la-impunidad-en-el-atlantico-sur-aplican-multa-multimillonaria-al-pesquero-bao-feng-por-pesca-ilegal/

La reciente sanción impuesta por Argentina al buque pesquero chino Bao Feng por pesca ilegal en el Atlántico Sur marca un punto de inflexión en la lucha contra la pesca pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada) en la región. Así lo publicó el portal argentino dedicado a la industria pesquera: Pescare.

Pescare destaca que la Autoridad Marítima Nacional de Argentina detectó, el 10 de enero del 2026, mediante el Sistema Guardacostas, al buque pesquero Bao Feng, barco pesquero arrastrero con IMO 1120754, MMSI 577317000, chino y con bandera de conveniencia de Vanuatu, operando dentro de la Zona Económica Exclusica de Argentina. Los datos de navegación demostraron una permanencia de aproximadamente una hora y media a una velocidad inferior a los 4 nudos; “un patrón que, en términos operativos, resultó compatible con maniobras de pesca” resaltó el portal de noticias.

Se impuso una multa de 1.260 millones de pesos argentinos (aproximadamente USD 900.000) al barco arrastrero no solo destaca por su monto, sino por el mensaje político y técnico que envía: la pesca ilegal ya no será tolerada como una práctica de bajo riesgo en aguas latinoamericanas. Esta sanción evidencia el cambio de las condiciones geopolíticas en América Latina.

El caso, documentado por autoridades argentinas, demuestra que hoy es posible detectar, probar y sancionar operaciones ilegales incluso cuando las embarcaciones intentan evadir controles mediante el apagado de sistemas de monitoreo. El uso combinado de tecnologías satelitales, trazabilidad y marcos normativos robustos permitió sustentar una sanción que rompe con años de relativa impunidad en el Atlántico Sur.

La contradicción con Ecuador

Mientras en Argentina se ejecuta este avance, en Ecuador el contraste está marcado por el silencio. Las autoridades pesqueras aún no han respondido a los cuestionamientos sobre el ingreso del buque Apóstol Santiago, antes Amaltal Apollo. La embarcación, que fue sancionada en Nueva Zelanda por pesca ilegal en zonas cerradas del Pacífico Sur, llegó al país mediante un proceso administrativo que ha sido señalado por su rapidez y falta de transparencia.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Agricultura ni el Viceministerio de Acuacultura y Pesca han explicado cómo se otorgaron los cupos que permitieron la importación del buque, ni qué criterios se aplicaron para evaluar sus antecedentes. Tampoco han respondido sobre el valor declarado de la embarcación ni sobre las implicaciones de incorporar un arrastrero industrial con historial de infracciones en otras jurisdicciones.

Mientras Argentina avanza en sancionar y hacer cumplir la normativa frente a la pesca ilegal, en Ecuador persiste una brecha crítica: la falta de respuestas institucionales. En un contexto internacional donde la gobernanza pesquera exige transparencia, trazabilidad y cooperación entre Estados, el silencio de las autoridades no solo debilita la credibilidad del sistema, sino que deja abiertas interrogantes sobre la capacidad real del país para enfrentar la pesca INDNR.

Punto de Vista

"De sancionar a ejecutar: el verdadero desafío contra la pesca ilegal". Dana Zambrano, ex subsecretaria de pesca, abogada experta en temas pesqueros.

La reciente sanción impuesta en Argentina a un buque pesquero extranjero por actividades de pesca ilegal dentro de su Zona Económica Exclusiva (en el Atlántico Sur) marca un avance importante en la lucha contra la pesca INDNR. No solo por el monto de la multa, sino por el respaldo normativo y su clara evolución, así como el uso protagonista de tecnologías que permiten detectar y probar estas infracciones, incluso cuando las embarcaciones intentan operar “en la oscuridad”.

Hoy es posible iniciar expedientes administrativos e incluso acciones penales a partir del análisis de sistemas de monitoreo satelital (VMS o AIS) y otras herramientas de trazabilidad. En Ecuador, desde la emisión de la LODAP en el 2020 (ley pesquera y acuícola), este procedimiento no solo es viable, sino que ya ha sido aplicado en la práctica, incluyendo resoluciones como la negativa de ingreso a puerto bajo el Acuerdo de Medidas de Estado Rector del Puerto (la primera emitida y registrada en el GIES de la FAO en 2022 por esta servidora) y la imposición de sanciones a buques extranjeros por pesca ilegal (en 2021 por esta suscriptora también).

Sin embargo, con el correr de los años, hemos visto que el verdadero desafío no está en detectar y ni siquiera en sustanciar y sancionar, sino en ejecutar efectivamente esas sanciones: el cobro de multas, la paralización temporal o permanente de embarcaciones, la retención de sus capturas INDNR o la inclusión en listas internacionales que limiten su operación. Más aún, se vuelve especialmente complejo cuando se trata de buques que no son de bandera del país sancionador y que tampoco utilizan sus puertos.

Ahí es donde la cooperación internacional deja de ser un ideal y se convierte en una necesidad operativa. El AMERP (Acuerdo de Medidas de Estado Rector del Puerto) y los mecanismos de intercambio de información entre Estados son herramientas clave para cerrar el cerco sobre estas flotas. Pero mientras no exista una adhesión más amplia y un compromiso efectivo entre países (especialmente aquellos donde estos buques descargan, operan o se abastecen), seguiremos enfrentando brechas en la aplicación de la normativa marítima y pesquera.

El avance normativo es innegable. El reto es lograr que la gobernanza pesquera sea verdaderamente global y coordinada.