¿Por qué se trafica la fauna única de Galápagos?

Galápagos es presentado al mundo como uno de los ecosistemas mejor protegidos del planeta. Sin embargo, el tráfico de especies endémicas sigue ocurriendo. Esta columna analiza cómo la falta de procedimientos unificados, controles fragmentados, vigilancia insuficiente, impunidad judicial y escasa voluntad política han creado las condiciones para que las mafias de tráfico de fauna continúen operando en las islas. El 8 de junio será la audiencia por el caso más reciente, las 12 iguanas marinas que salieron por el Aeropuerto de Baltra y que se decomisaron en el Aeropuerto de Guayaquil.

"Las mafias no prosperan por la ausencia de normas. Prosperan cuando las normas dejan de aplicarse."

No se trafica fauna en Galápagos porque los traficantes sean más inteligentes que las autoridades. Ni por que la demanda se mantenga a pesar de que CITES prohibió su comercio mundial luego del proceso constitucional iniciado por quien firma esta columna y Milton Castillo.

Se trafica porque el sistema sigue ofreciendo oportunidades rentables a los delincuentes isleños y sus cómplices. Durante años se ha instalado una narrativa cómoda: Galápagos es uno de los lugares más protegidos del planeta, el “Archipiélago mejor conservado del mundo” afirman los académicos.  Se habla de millones de hectáreas marinas protegidas en dos Reservas, de cooperación internacional, de proyectos de conservación, de financiamiento externo, de canjes de deuda, de nuevas tecnologías y de compromisos globales para proteger la biodiversidad.

Sin embargo, detrás de esa narrativa existe una pregunta incómoda. Si el sistema funciona tan bien, ¿por qué siguen desapareciendo tortugas? ¿Por qué aparecen iguanas endémicas en mercados internacionales? ¿Por qué continúan registrándose casos de tráfico de especies que no existen en ninguna otra parte del planeta? La respuesta parece encontrarse en una combinación de debilidades institucionales que se conocen desde hace años y que, pese a ello, persisten. En Galápagos, como en el resto del Ecuador, las negligencias son rentables, muy rentables.

Galápagos posee múltiples puntos de control distribuidos entre puertos, aeropuertos, muelles, centros de crianza y sitios de visita. Pero tener controles no significa necesariamente tener un sistema de seguridad y protección, en el cual el control sea real.

Uno de los problemas históricos ha sido la falta de procedimientos unificados. Cada institución opera bajo sus propias competencias, sus propios protocolos y, muchas veces, sus propias prioridades. El resultado es un mosaico de controles donde la coordinación depende más de la voluntad de las personas que de mecanismos institucionales sólidos. Y cuando estas voluntades no se conciertan pasan más de dos meses sin que el perro entrenado para detectar tráfico de vida silvestre vaya a trabajar en el Aeropuerto de Baltra. Resulta, por lo menos conveniente para los traficantes que un control se diluya.

"Galápagos posee múltiples puntos de control, pero todavía no posee un verdadero sistema integrado de control."

La consecuencia es predecible. Las organizaciones criminales buscan esos espacios grises: los lugares donde una institución supone que otra está vigilando; donde una responsabilidad no está claramente asignada; donde la información no fluye; donde los procedimientos cambian dependiendo del funcionario de turno y donde el Parque Nacional Galápagos (PNG) está más debilitado: su personal. En el Aeropuerto de Baltra, es el personal de la empresa quien se encarga de la revisión de las maletas y cuando detectan algo (arena, rocas de lava, conchas) llaman al Guardaparque para que verifique. Cual es el nivel de complicidad o negligencia en el último decomiso de las 12 iguanas marinas en el Aeropuerto de Guayaquil solo se sabrá una vez que la investigación fiscal avance. Eso lo conoceremos el 8 de junio en la audiencia que está programada.

A esto se suma otro problema menos visible pero igualmente preocupante: la vigilancia incompleta. En una época en la que la tecnología permite monitoreo permanente, aún existen áreas sensibles donde la cobertura es insuficiente, donde los sistemas de videovigilancia no cubren todos los puntos críticos o donde la capacidad de monitoreo resulta limitada o tiene debilidades humanas. Una cámara que no observa el lugar correcto genera una ilusión de seguridad, pero no necesariamente seguridad.

No se trata de ausencia absoluta de tecnología, se trata de creer que la tecnología reemplaza a la gestión. Una cámara sin monitoreo permanente es apenas un registro histórico. Un escáner sin protocolos claros es solamente una máquina que adorna una sala de embarque así obliguen a los pasajeros a enviar sus mochilas a través de estas. Un procedimiento sin supervisión efectiva termina convertido en una formalidad burocrática.

Mientras tanto, los traficantes hacen lo que cualquier organización criminal eficiente hace: estudiar las debilidades del sistema, más aún si les resulta muy rentable y con pocos costos. Pero quizás la contradicción más incómoda se encuentra en otro lugar.

Durante años, Galápagos ha recibido ingentes recursos de cooperación internacional destinados a fortalecer la conservación. Organizaciones nacionales e internacionales producen informes, campañas, talleres, conferencias y proyectos que destacan la importancia de proteger la biodiversidad de las islas; hasta un canje de deuda por naturaleza…

Todo eso es positivo, todo aporta, en principio. Lo que resulta difícil de entender es cómo, en paralelo a ese discurso, continúan apareciendo evidencias de que las vulnerabilidades estructurales siguen sin resolverse.

La conservación no puede reducirse a publicaciones, campañas de comunicación o fotografías espectaculares de fauna emblemática tal como hacen las grandes empresas de turismo que a las islas dejan los salarios de los pocos isleños, en el mejor de los casos, y toda su basura que no pueden procesar o lanzar la mar.  La verdadera conservación ocurre cuando disminuyen los delitos ambientales, cuando las redes criminales son desarticuladas, cuando los responsables son sancionados y cuando las especies dejan de desaparecer. Pero eso no ocurre en las islas. En el 2024 dos campamentos de pepineros ilegales (y no estamos mencionando a ninguna política de las islas) quedaron impunes porque el PNG ni la Fiscalía impulsaron las demandas, sí, es una muestra de las negligencias coordinadas.

Con estos antecedentes, corremos el riesgo de caer en una forma sofisticada de maquillaje institucional: hablar constantemente de conservación mientras los problemas de fondo permanecen intactos, tan virgenes del contacto humano como las iguanas rosadas de Isabela, que ya han sido robadas.

Y allí aparece el tema más delicado de todos. La voluntad política. Combatir el tráfico de especies implica enfrentarse a intereses económicos ilegales que operan dentro y fuera de las islas y las instituciones llamadas a protegerlas. Implica investigar redes, seguir rutas, identificar facilitadores y, eventualmente, tocar intereses incómodos que tienen acceso al poder real, que con una llamada desvían actuaciones porque “eso da mala imagen a las islas”.

Es mucho más fácil inaugurar un proyecto que desmantelar una organización criminal. Es más sencillo presentar una campaña con fotos espectaculares que sostener investigaciones complejas durante años. Es mucho más rentable políticamente hablar de conservación que hablar de corrupción, impunidad, fallas institucionales, lavado de activos o tráfico de especies.

Por eso la pregunta no debería centrarse únicamente en los traficantes. Las mafias existen en todas partes del mundo. El cuestionamiento de fondo es por qué encuentran condiciones favorables para operar en un lugar que se vende como uno de los ecosistemas más vigilados y protegidos del planeta.

Hasta que esa pregunta no sea respondida con honestidad, seguiremos persiguiendo síntomas mientras ignoramos las causas. Y las especies únicas de Galápagos seguirán pagando el precio.

En memoria de las dos iguanas marinas muertas el 19 de mayo y en las ocho que no aparecen en Guayaquil.