• Franklin Vega

Las comunidades afectadas por el derrame de crudo en el Río Coca aun exigen atención

Las huellas del petróleo en las comunidades asentadas junto al río Coca son múltiples. Fotos: Telmo Ibarburu

Marcha por las calles de Francisco de Orellana, El Coca. Foto: Inredh


Un año después del derrame de 15.800 barriles de petróleo en los ríos Napo y Coca, la reparación integral no se concreta para los pobladores.


El 7 de abril del 2020, se produjo la rotura en el Sistema de Oleoductos Trans Ecuatorianos (SOTE) y del el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Las dos líneas que transportan petróleo desde la Amazonía hasta Esmeraldas se dañaron en el límite de las provincias de Orellana y Sucumbíos.


OCP indicó en un comunicado que el “7 de abril (del 2020) se detectó una erosión en el cauce del Rio Coca que desencadenó esta madrugada la ruptura de la tubería del OCP”. Las afectaciones fueron para las comunidades asentadas río abajo. En la ciudad de Francisco de Orellana, El Coca, por ejemplo, se suspendió el abastecimiento de agua potable. A pesar del tiempo transcurrido, las comunidades aún exigen “la reparación integral” de los daños causados por el derrame. Con este motivo, 400 personas Kichwas amazónicos marcharon por las calles de El Coca la mañana de hoy.


“Tras un año del derramamiento de crudo y petróleo, más de 27 mil personas indígenas de 109 comunidades siguen viviendo las afectaciones de la contaminación en sus cuerpos y en sus territorios, y los riesgos asociados a la erosión regresiva de los ríos, incluidos posibles nuevos derrames”, señalaron en un comunicado público.



Detalle de las orillas del río Coca impregnado con petróleo. Foto: Telmo Ibarburu


Para exigir una atención completa, los afectados plantearon una acción de protección. No obstante, la Corte Provincial de Orellana negó el recurso de apelación en la acción de protección presentada a favor de las comunidades indígenas afectadas por derrame de petróleo el 24 de marzo pasado.


Verónica Grefa, presidenta de la comunidad Toyuca recalque que los jueces de primera y segunda instancia “no reconocieron las vulneraciones a nuestros derechos, es por eso que estamos aquí varias comunidades afectadas luchando por nuestros derechos, para hacerlos cumplir.” Además de esto indican que en algunas zonas del río Coca, literalmente se están desmoronando y los manifestantes, piden más información y atención.


Por su parte, la empresa OCP indicó en un boletín de prensa, de julio del 2020, que “el trabajo de remediación y atención comunitaria se realiza de manera conjunta entre OCP Ecuador y EP Petroecuador… Las labores de limpieza se efectúan a orillas de los ríos Coca y Napo en 189 puntos de remediación identificados por los especialistas y las autoridades”.


OCP señaló que como medidas de atención han entregado 1,2 millones de litros de agua y 18 mil kits alimenticios en 90 comunidades; se han realizaron 3.190 pruebas para detectar el virus del Covid-19 y 5.000 personas fueron atendidas por brigadas médicas.


Para enfrentar la erosión, OCP informó el 4 de febrero del 2021 el inicio de la construcción “preventiva de un nuevo bypass (paso lateral) de 500 metros de longitud para proteger la integridad del oleoducto y mantener el servicio de transporte de crudo”. La empresa añade que “debido a que se ha producido un deslizamiento relacionado con el fenómeno de erosión regresiva y las fuertes lluvias en la zona de El Reventador, cerca kilómetro 96 del oleoducto de crudos pesados”.


Este medio pidió la última versión de lo actuado por OCP en el tema de compensaciones ambientales y sociales, pero hasta el cierre de esta nota, no la recibimos.

Las huellas del petróleo en las comunidades asentadas junto al río Coca son múltiples. Fotos: Telmo Ibarburu


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