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Argentina lidera en América Latina la pelea en contra de la flota pesquera china

  • Foto del escritor: Franklin Vega
    Franklin Vega
  • 28 may 2021
  • 5 Min. de lectura

Mientras la flota pesquera China avanza hacia Galápagos y las noticias sobre la pesca ilegal aparecen a diario, la necesidad de confrontarla toma fuerza. El primer paso se dio en Argentina el 7 de abril pasado, cuando el Observatorio del Derecho a la Ciudad, una asociación civil, presentó un amparo colectivo ambiental en la Corte Suprema de la Nación. El objetivo es frenar la pesca ilegal y depredadora en la Zona Económica Exclusiva Argentina y sus áreas adyacentes. “FERRARA, PABLO Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ AMPARO AMBIENTAL”, Expte. N° 281/2021"


Bitácora Ambiental entrevistó a Pablo Ferrara, el abogado que lleva la demanda en la Corte Suprema de la Nación en contra del mismo Estado Argentino por inacción en el caso de la pesca ilegal. En Ecuador no existe aún un precedente similar por el cual se haya demando al Estado y emitido un amparo ambiental.


Pablo Ferrara en su despacho. Foto: Archivo Pablo Ferrara


La flota que pesca calamar en el Atlántico no solo es de China, ¿Cómo evidenciar el impacto ambiental de este tipo de pesca?

La flota está compuesta mayoritariamente por barcos de China, Corea y unos pocos de España. Cómo realizan sus faenas de pesca y el impacto que causan se establecerá con pericias y testigos en el proceso. El calamar nace en el mar de Argentina y es depredado por la flota ilegal dentro y fuera de la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Además del impacto ambiental, en esa flota se han documentado casos de trabajo forzado y muertes en los barcos.


¿Por qué pedir el amparo colectivo ambiental?

A pesar de las alertas de grupos de investigación, ONG y la prensa, consideramos que el Estado Argentino no ha realizado las acciones que le correspondían para proteger los recursos marinos como el calamar ni el frenar el grave daño ambiental que produce la pesca ilegal sistemática desarrollada por flotas extranjeras en la Zona Económica Exclusiva de Argentina


¿Cuánto avanzó esta demanda desde su presentación?

El amparo colectivo ambiental planteado en Argentina está en la Corte y se ha tramitado con celeridad. Incluso las autoridades involucradas han dado declaraciones en portales de noticias argentinos que se pueden considerar una confesión de parte del Estado Argentino. Por primera vez entrevistaron al Subsecretario de Pesca y los responsables de la Prefectura Naval y la Armada sobre el control de la pesca depredatoria en el mar.


¿Cómo garantizar que el proceso avance en la Justicia cuando el Gobierno de Argentino simpatiza con China y ese país es un socio comercial fuerte?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la Corte Suprema de la Nación ha logrado mantenerse al margen de los vaivenes políticos. Tiene credibilidad y reputación fuertes. Por esto son permanentes los intentos de plantear juicios políticos a los miembros de la Corte que no prosperan. Lo segundo es que en Argentina no existe un bipartidismo, existe una atomización de intereses y en función de estos se ha dividido el organigrama de la administración pública. Por ejemplo, el Secretario General está alineado con Washington y los Krishneristas son pro Chinos y pro Rusos. El Embajador de Argentina en China es el hijo de un guerrillero montonero educado en Cuba. Ese escenario es positivo.


La presencia de China en América Latina tiene un impacto económico, ambiental y político. ¿Qué tienen previsto para enfrentar esto?

En Argentina, la situación es compleja y la respuesta será regional en toda América Latina. Estamos en el triángulo del litio con Bolivia, Argentina y Chile (en Chile no entrarán porque es más a fin a Gran Bretaña). Argentina firmó con Alemania porque tenemos una fuerte relación; antes, Macri durmió los proyectos chinos, pero gracias al ex Canciller de Kirchner, tenemos dos proyectos de centrales nucleares. China necesita esas centrales nucleares para probar su tecnología comercial nuclear. Si demuestran eso, pueden salir al mercado, es un sentido comercial y de manifestación de potencia, un valor simbólico.


Pero la estrategia de los defensores de la flota pesquera China pasa por deslegitimar su pedido de protección al mar, cuál será la manera de confrontarles?

Uno de los errores que han cometido es lanzar una guerra judicial. Quieren reformar las cortes para buscar impunidad. Una vez que la Corte acepte la demanda, se transformará en una demanda política. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) no define un ecosistema, pero las obligaciones de protección están abiertas, porque los creadores de la Convención sabían que la ciencia avanza y que se tiene más información sobre las especies; son acciones programáticas y son susceptibles a interpretación. Hemos apuntado al principio precautorio, primero proteger y luego corroborar científicamente.


Parte de los cuestionamientos a las demandas de grupos ambientales es un supuesto ánimo de lucro. ¿Qué acciones han tomado para contrarrestar este tipo de demandas?

Yo trabajo ad honorem. La mayoría de las ONG han conseguido patrocinadores para impulsar la demanda. Desde que presenté el amparo, individuos vinculados a la Cancillería han interpuesto demandas contra mí. Tengo 42 años y soy árbitro de la Comisión de Derechos del Mar por mérito propio, por la república de Madagascar, no de Argentina. Tengo los conocimientos y el sustento técnico, científico y legal para plantear este recurso. ¿Qué posibilidad hay que no se ensucie el terreno? Uno no cuestiona un negocio de 1000 millones de dólares y sale indemne, eso sería muy ingenuo. Cuando uno escucha que vuelan los tiros es consciente que hay tiros.


Es una actitud temeraria demandar al gobierno Argentino y a China, en un gobierno pro chino ¿Cuándo y qué esperan obtener de la sentencia?

Creo que regionalmente con un poco de paciencia, la realidad de América latina tiene tiempo y plazos diferentes; y, en el Derecho Internacional más aún. En 18 o 24 meses podríamos llegar a tener síntomas de cambio, una declaración unilateral de uno de los estados, medidas precautorias preliminares, llamados a reuniones diplomáticas a pesar de las corporaciones diplomáticas.


¿Y qué obtendrán?

El objetivo de la demanda no es obtener una sentencia sino un resultado. El resultado debe ser el mejor posible, dadas las circunstancias. Estamos argumentando racionalmente, legalmente, contra la segunda potencia económica (China) que en la actualidad se ha convertido en la primera potencia armada militar… Es el primer tenedor de oro, es el primer reservista de marines y le queremos hacer una guerra judicial en américa latina.


En un país hipotecado al capital chino como Ecuador o Argentina, ¿qué se puede hacer desde el ámbito judicial para contrarrestar esa influencia?

En Argentina y Ecuador es fuerte la presencia de China. Como abogado sé que las hipotecas en general, tienen clausulas con errores. Si quisiera, el nuevo presidente del Ecuador encontraría la forma de revertir las contrataciones con China, pero para eso hay que tener cojones.


Pablo Ferrara en el mar de Argentina. Foto: Archivo Pablo Ferrara


* Pablo Ferrara es Abogado por la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Mg en Relaciones Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina; Master (LL.M.) & Juris Scientiae Doctor (J.S.D.) en Derecho Internacional Público y Derecho Energético, Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Es profesor e investigador de la Universidad del Salvador (Argentina), de la University of Petroleum and Energy (India), y Árbitro de la Corte Permanente de Arbitraje (Convemar – Anexo VII).


Ferrara ha sido consultor de energía y derecho internacional de China, México, Nigeria, Madagascar, y Somalia. Fue investigador y docente en el South China Sea Institute (Xiamen, República Popular China), en el Centro de Derecho Energético (Groningen, Países Bajos), en el Ash Center for Democratic Governance and Innovation de la Universidad de Harvard (Cambridge, Estados Unidos), y en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público (Heidelberg, Alemania).

 
 
 

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