La audiencia constitucional del próximo 11 de julio no definirá únicamente el futuro de un edificio proyectado frente al mar en Santa Elena. Pondrá a prueba dos garantías constitucionales fundamentales: la seguridad jurídica, que exige a las autoridades actuar conforme a las normas vigentes, y los derechos de la naturaleza, que inspiran la protección del corredor costero de la Costa Norte de Santa Elena. Vista el proyecto REVA San José. Foto: Cortesía Durante meses, el debate

Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos penales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio. Presuntos delitos que van desde el robo o la estafa hasta asociación ilícita o el peculado pasando por el incumplimiento de decisión de autoridad competente, conforman el grueso de 264 procesos penales que atañen a 118 alcaldes y prefectos, más de la mitad de las autorida

Ecuador cuenta con 68 alcaldes o prefectos empresarios, pues poseen acciones o participaciones en compañías activas. Además 29 son administradores de empresas, es decir que se dan tiempo para seguir al frente de compañias. Veintinueve alcaldes y prefectos del país se mantienen al frente de empresas en calidad de administradores, es decir que combinan sus actividades de funcionarios públicos con las empresariales. Además, de todas las autoridades subnacionales analizadas en e

Un análisis detallado de los patrimonios de alcaldes y prefectos del país revela que un tercio de las autoridades subnacionales registró saltos inusuales en sus declaraciones patrimoniales que constan en la Contraloría General del Estado y son públicas. Incrementos patrimoniales millonarios, aumentos importantes en términos de porcentajes, montos con variaciones inexplicables y autoridades que continúan al frente de sus empresas son algunos de los trazos más destacables de qu