A pesar de una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los pueblos aislados en el Yasuní, el cumplimiento estatal es fragmentado y más declarativo que real. La respuesta del Ministerio de Gobierno al pedido insistente de información de Bitácora Ambiental muestra avances en monitoreo y coordinación, pero también evidencia vacíos críticos: presupuestos mínimos que no llegan a USD 10.000 por año, acciones difícilmente verificables y res

La Asamblea Nacional analiza una reforma al Código Orgánico del Ambiente que busca reorganizar la gestión climática del país mediante nuevos instrumentos de planificación, medición de emisiones y coordinación institucional. Aunque el proyecto pretende alinear la política ambiental con compromisos internacionales de reducción de emisiones, expertos han advertido posibles duplicidades con normas vigentes y cuestionan la coherencia institucional en un contexto donde la política

La Resolución del Ministerio del Ambiente y Energía que frena la minería en la cuenca del Napo provoca un éxodo de maquinaria, pero no garantiza verdad ni reparación. Tras años de complicidad estatal, concesiones capturadas y controladas por criminales, el daño ambiental y social queda, otra vez sin respuesta. Dos días después de la publicación de la Resolución Nro. MAE-MAE-2026-0005-RM, que prohíbe la actividad minera en concesiones a la cuenca hidrográfica del río Napo, se

Napo no vive un proceso de desarrollo, sino un boom de dinero ilegal. La minería ilegal inyecta efectivo sin control, dispara los precios, degrada la vida social y devasta el ambiente. Detrás del auge de construcciones y consumo hay redes organizadas, lavado de dinero y protección institucional. No es solo un problema ambiental: es una transformación estructural basada en el delito. Presentamos el testimonio del Gringo Rodríguez, quien ha denunciado el impacto de la minería i