El PN Galápagos informó al juez que no existía un convenio para controlar el tráfico de fauna; documentos muestran que sí formalizó uno en 2023

La respuesta del Parque Nacional Galápagos al juez en el caso del presunto tráfico de iguanas marinas sostiene que no existía un convenio vigente que permitiera coordinar operativamente con la Unidad de Policía Canina el día en que 12 iguanas marinas salieron del archipiélago. No obstante, documentos oficiales revelan que el propio Parque Nacional impulsó, firmó e implementó en 2023 un convenio con el Ministerio del Interior para fortalecer los controles contra el tráfico de especies, designando incluso un funcionario responsable de su ejecución. El contraste entre ambas versiones incorpora un nuevo elemento al proceso judicial y plantea interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de control que debía proteger una de las faunas más emblemáticas del planeta.

En el proceso judicial por el presunto tráfico de 12 iguanas marinas extraídas de la isla Santa Cruz en Galápagos, el Parque Nacional Galápagos (PNG) informó al juez que el 19 de mayo de 2026 no existía un convenio de cooperación interinstitucional vigente con la Policía Nacional, razón por la cual "no existía una coordinación operativa formalmente establecida" con la Unidad de Policía Canina. Esa explicación fue utilizada para justificar que la Dirección del Parque Nacional no podía disponer directamente de esa unidad especializada durante los controles aeroportuarios. 

Sin embargo, la revisión de documentos oficiales obtenidos por Bitácora Ambiental revela que el propio Parque Nacional Galápagos suscribió, remitió oficialmente e implementó administrativamente un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el entonces Ministerio del Interior en noviembre de 2023, precisamente para fortalecer la prevención y el combate contra delitos ambientales, entre ellos el tráfico de especies con un plazo de cinco años.

Un convenio para prevenir el tráfico de especies

El 22 de noviembre de 2023, el entonces director del Parque Nacional Galápagos, Danny Rueda, remitió oficialmente al Ministro del Interior el convenio firmado entre ambas instituciones. En el oficio se señala expresamente que el objetivo del instrumento era:

"fortalecer la cooperación interinstitucional en la realización de actividades conjuntas para la prevención, control y patrullaje de las áreas protegidas del Parque Nacional Galápagos, con la finalidad de evitar, mitigar y controlar la perpetración de posibles infracciones ambientales que afecten a las especies silvestres, endémicas y nativas o alteren los frágiles ecosistemas de la provincia de Galápagos."

Es decir, el convenio fue concebido precisamente para enfrentar el tipo de delito que hoy se investiga.

El convenio no quedó solo en el papel. La documentación muestra además que el convenio pasó inmediatamente a fase de ejecución. El 30 de noviembre de 2023, apenas ocho días después de remitir el convenio al Ministerio del Interior, el Director del Parque Nacional emitió un memorando mediante el cual designó formalmente al Director de Ecosistemas del PNG como Administrador del Convenio. 

Entre sus responsabilidades constaban:

• supervisar la correcta ejecución del convenio;

• realizar seguimiento, coordinación, control y evaluación;

• resolver discrepancias entre las partes;

• informar periódicamente a las autoridades superiores;

• presentar informes semestrales de avance;

• elaborar informes técnicos para eventuales prórrogas, modificaciones o terminación del convenio. 

La existencia de un administrador designado demuestra que el convenio no fue únicamente un documento suscrito entre instituciones, sino un instrumento cuya ejecución debía ser administrada, monitoreada y evaluada dentro del propio Parque Nacional Galápagos.

Las preguntas que deja el proceso judicial

Estos documentos cobran especial importancia porque contrastan con la información remitida al juez durante el proceso penal.

Mientras el PNG explicó que no existía un convenio vigente que permitiera una coordinación operativa formal con la Unidad de Policía Canina, la documentación oficial demuestra que en noviembre de 2023 sí existió un convenio formal, fue remitido al Ministerio del Interior y contó incluso con un funcionario expresamente designado para velar por su cumplimiento. 

Esto abre varias interrogantes que probablemente deberán aclararse durante la audiencia:

• ¿El convenio firmado en 2023 seguía vigente el 19 de mayo de 2026?

• Si dejó de estar vigente, ¿cuándo concluyó y por qué razón?

• ¿Se elaboraron los informes semestrales de cumplimiento previstos en el propio convenio?

• ¿Qué actividades de coordinación y control se ejecutaron antes del tráfico de las 17 iguanas marinas?

• ¿Por qué estos antecedentes no fueron mencionados en la respuesta entregada al juez?

  
  

Un elemento más para reconstruir lo ocurrido

El proceso judicial ya no busca únicamente determinar la responsabilidad penal de los tres ciudadanos tailandeses procesados.

Las diligencias ordenadas por el juez también apuntan a reconstruir cómo funcionaban los mecanismos de control institucional el día en que las iguanas abandonaron Galápagos, incluyendo la actuación del Parque Nacional Galápagos, ECOGAL la empresa concesionaria del Aeropuerto "Ecológico" de Baltra, la Policía Nacional y las demás entidades encargadas de prevenir el tráfico de fauna silvestre.

En ese contexto, la existencia, vigencia y ejecución del convenio de cooperación suscrito en 2023 constituye ahora un elemento documental que la audiencia podría valorar para comprender el alcance de la coordinación institucional existente antes del decomiso de las 12 iguanas marinas en Guayaquil, que hoy en la audiencia se reveló que fueron sustraidas de la isla Santa Cruz.