El silencio de los desplazados por la minería ilegal en Ecuador
- Gabriela Verdezoto Landivar
- hace 7 minutos
- 16 Min. de lectura
En la región amazónica, la minería se ha convertido en una fuente significativa de violencia, alimentada por la complicidad o la invisibilidad de los gobiernos locales y nacionales.
Salud y territorio en la Amazonia:
Raíces de vida y huellas de despojo en
comunidades indígenas.
Giannina Zamora Acosta
En la Amazonía hay un despojo silencioso: la minería crece sin control causando desplazamientos forzados de comunidades y habitantes que, o no se pliegan a la minería, o no quieren vivir entre la violencia por la lucha de poder de los frentes mineros.
A esta hora, hoy, Alberto debería estar sentado en la puerta de su casa elevada de bambú o, recostado en su hamaca escuchando los ruidos de una selva sana y bulliciosa. Así lo había planificado. Sin embargo, la ambición, la corrupción, la violencia y la impunidad, esfumaron sus ideas de vejez.
A esta hora, hoy, un domingo de febrero de 2025, Alberto llega, con su andar pesado y tres carpetas viejas y húmedas llenas de papeles, al lugar del encuentro en el que, por varias horas, en diferentes días, contará lo que sucedió en su paraíso amazónico que está siendo arrasado por la minería ilegal.
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Alberto, no se llama Alberto, pero su nombre debe ser resguardado, como toda su vida, desde que comenzó a denunciar lo que pasaba en la zona del río Punino, en los límites entre Orellana y Napo, dos provincias que también limitan con Colombia.
Alberto era chófer de camiones. Entre tantos viajes, llegó a conocer un lugar en el que había ríos transparentes, 6 cascadas y un enorme bosque amazónico primario con todo tipo de animales exóticos. Alberto hizo buenas relaciones con las comunidades kichwas asentadas a orillas del río Sardinas, del río Punino y demás vertientes de agua que brotaban como maná.
Los nativos le mostraron su farmacia natural, sus rituales, sus casas elevadas de madera para evitar ser atacados, en las noches, por animales como jaguares, serpientes y todo lo inimaginable que puede vivir en un bosque primario.
Esta zona a la que el azar llevó a Alberto, está entre dos áreas protegidas: el Parque Nacional Sumaco – Galeras y el bosque protector Municipal El Chaco. Alberto apostó su cercana jubilación a la oportunidad de vivir en esa calma, el resto de su vida. Pagó 10 mil dólares por unas hectáreas en la parroquia San José de Guayusa, cerca del pueblo General Guarmi. Su tierra colindaba con la comuna Mushu Llacta al sur y con el Parque Nacional Sumaco Galeras al norte. Las compró a una familia kichwua. Casi dos años después de la compra, Alberto fue a cumplir su sueño. Levantó las bases de su casa de bambú, sus paredes, sus escaleras. Vivió allí por siete años. Durante ese tiempo conoció a otras familias mestizas que habían ido a la zona del río Punino casi por el mismo llamado de paz que recibió Alberto.
Se organizaron. Entre mestizos e indígenas vivían en armonía. Se organizaron. Crearon una asociación agropecuaria que sería un hotel turístico en el que ofrecerían caminatas, recorridos en lancha, observación de aves y, más que todo, esa maravilla llamada Amazonía. Se organizaron. Lograron tener personería jurídica. Eran siete familias.
Todo esto recuerda Alberto con nostalgia, entre pausas largas, con una voz casi imperceptible para la grabadora que tenemos en la mesa junto a dos tazas de café humeantes que suavizan el miedo a contar. “Allá ya no hay esperanza de nada” dice con los ojos bravos medio escondidos debajo de su gorra.
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“La parte roja es la parte de la provincia de Orellana donde vive el compañero Alberto y su familia” escribió por WhatsApp, un año atrás de este encuentro con Alberto, otro habitante de la zona del Alto Punino. De inmediato compartió la foto de un plano y otras que para ellos son pruebas del avance de la minería ilegal.
“Y todo esto está destrozado por los mineros ilegales y está terminando (con) la flora y fauna Amazónica. Y son cómplices las mismas autoridades de Orellana y según se sabe que hasta políticos de la Provincia de Sucumbíos están involucrados en la destrucción del área de este bosque protector del parque nacional Sumaco” fue uno de los últimos textos recibido por el vecino de Alberto cuya identidad la dijo en una entrevista anterior, hace un año, pero que ahora, por miedo, quiere guardar en reserva.
Monitoring of Andean Amazon Proyect (MAAP), organización parte de EcoCiencia, que mapea el uso de suelo y los cambios que se dan en Ecuador a través de imágenes satelitales, ha seguido de cerca la situación de la expansión voraz de la minería ilegal en la zona del río Punino.
La particularidad de esta región fronteriza es que está entre dos áreas protegidas y no existe una sola concesión minera registrada por el Estado, por lo que toda la extracción de oro, en esa zona, es completamente ilegal.
De acuerdo con el seguimiento de los técnicos de MAAP, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021 la minería se expandió en 32 hectáreas. Entre 2021 y 2022, se destruyeron 185. En 2023 la cifra se disparó: la minería ilegal creció en 784 hectáreas. Y, en los primeros seis meses de 2024 ya había devorado 420 hectáreas más.
Es decir que, en 5 años, en el paraíso de Alberto y otras familias, la minería ilegal arrasó con 1.422 hectáreas, lo equivalente a 3.500 piscinas olímpicas.
Uno de los especialistas de sistemas de información geográfica y sensores remotos de Fundación Ecociencia nos comenta que comenzaron a hacer el análisis geográfico en 2021, junto con la Fundación Río Napo, como un monitoreo de rutina “Tiempo después, en 2023, revisando las imágenes satelitales, nos dimos cuenta que efectivamente la actividad se disparó completamente y fue subiendo exponencialmente en estos años, desde ese primer reporte que hicimos.
El último informe, MAAP ya alerta no solo del crecimiento de la minería sino de las afectaciones a comunidades indígenas y la contaminación de otros ríos que se alimentan del Punino: “ hemos visto que la minería ha ido avanzando hasta llegar a las partes más bajas del Punino. Todo este impacto llega al río Payamino y a otras cuencas hidrográficas que van a la ciudad de Coca directamente, impactando directamente a esa población. Entonces, hay que ver también el contexto hídrico porque hay un impacto bastante fuerte” concluye el especialista de MAAP.
En su último informe también alertan de la creación de carreteras posiblemente ilegales al tratarse de áreas protegidas.
¿Quiénes minan en Punino?
Alberto quiere mostrar las hojas amarillentas y manchadas que están dentro de la carpeta verde que lleva consigo. Tiene miedo de abrirla en la mesa de la cafetería donde conversamos. Salimos y nos ubicamos en una banca al fondo del pequeño centro comercial del norte de Quito.
Una de las primeras hojas tiene la foto de una casa de madera destruida. Era la casa de Alberto. Dice que fueron casi una decena más las que destruyeron. “Porque si uno no hace lo que dictan los verdes, está poniendo en riesgo su vida” dice Alberto.
“Los verdes” son miembros de grupos guerrilleros colombianos.
La organización agropecuaria que fundaron y fue reconocida en 2016 quería que se respetaran las zonas y los límites de los bosques protectores aledaños al lugar de las 6 cascadas donde querían levantar un proyecto de turismo comunitario. Entre las hojas manchadas de lo que parece café, se pueden ver los estatutos de la organización aprobados por el ministerio de Agricultura y Ganadería. Una lista de los 23 socios con sus números de cédula. También, de forma desordenada, hay dos denuncias al Ministerio de Ambiente por la presencia de actividades ilegales y de deforestación. Una solicitud por parte de la agrupación de Alberto de adjudicación de estas tierras dentro de la categoría de comunales, cosa que, en otro documento, la dirección del Ministerio de Ambiente de la provincia de Orellana rechazó pidiendo la salida de las 50 personas de la “Asociación de trabajadores indígenas agropecuarios General Guami”
Como sus tierras están entre dos provincias, Alberto y los demás vecinos pidieron a la dirección del Ministerio de Ambiente de la provincia de Napo, que les permitan ser guardias comunitarios de la zona del río Punino y que les permitan impulsar el turismo como sustento de las familias que allí habitan. Este pedido fue en el año 2022, cuando la minería ilegal ya era de 185 hectáreas, aunque, todavía sería poco para el crecimiento que se dio el año siguiente.
“Y cuando venga a (guardamos la reserva del nombre de la ciudad porque todos se sienten amenazados), usted podrá leer los trámites que se han hecho y las autoridades no han hecho nada y se han convertido en cómplices y encubridores” escribió otro vecino de Alberto, por WhatsApp. Esta persona dijo que fue amenazada, “perseguida con machete” por denunciar lo que estaba pasando en Punino, donde se extienden como tsunami, las tierras destruidas por retroexcavadoras.
Dos días después de conversar por teléfono con esta persona, en 2024, el Ejército Ecuatoriano anunció que hubo un enfrentamiento con guerrilleros de un grupo ilegal armado dentro de un campamento en el que encontraron fusiles, pistolas, municiones, escopetas y otros objetos y dinero.
De esto es un año. Alberto acomoda en sus rodillas las hojas que quieren caer al piso desde su carpeta verde. Irónico. Una de las frases que más repite Alberto en este testimonio casi silencioso por el miedo es: “son los verdes”. También los llaman “los de la montaña”.
Se refiere a los grupos guerrilleros que entraron en la zona de Punino y de la que tienen, a decir de Alberto, absoluto control. “Ellos no tienen miedo de Dios” dice una y otra vez. Alberto recuerda que en ese paraíso en el que vivía comenzaron a encontrar cuerpos muertos, “como esa pareja que solita había llevado una retroexcavadora y ha estado sacando oro, y de un momento al otro los encontraron muertos”.
Alberto dice que lo que eran árboles, ríos transparentes, un frondoso bosque, ahora es lodo “en época de lluvia le puede llegar más arriba de la cintura”.
Alberto dice que las cosas se volvieron bastante estrictas “Usted sabe que ellos no tienen problema con nadie. Si no quiere hacer lo que le piden ¿qué pasa? Entrega su vida. Es lo más crítico.”
La mayoría de las familias salieron. Dejaron sus casas, sus tierras, muchas que tenían cultivo, ahora son solo lodo. Alberto habla de un vecino que tenía una cafetera, y tuvo que entregar su finca a la minería ilegal. De lo extraído de oro, el 70% se llevaban los mineros, el 15% se quedaba con el dueño de la finca y el 15% se lo daban a “los verdes”.
Alberto también se fue. Dice que lo perdió todo. Le tocó empezar de nuevo en otra ciudad. Un familiar se quedó allá, en Punino. Para irlo a ver, tiene que entregar “a los verdes” su teléfono a la entrada del poblado.
“Es triste el tema” dice Alberto en una segunda reunión que tuvimos en ese mismo centro comercial del norte de Quito. Sigue aquí porque tuvo fuertes problemas de salud y se está haciendo tratar en la Capital. Alberto, está vez con la voz un poco más confiada, asegura que con los verdes entraron traficantes de tierra, que cobran, extorsionan y matan. Alberto dice que solo en febrero de 2025 hubo una balacera y contaron más de 30 muertos. Pero nada de eso se sabe, ni se debe saber. De eso no se habla.
No, no señorita. Allá no hay periodismo. Digamos que usted va a allá. Que quiere contar lo que pasa. Puede pensar que hará lo correcto, ellos le dirán que no saque nada. Aunque usted quiera, deberá doblegarse, porque si no se hace como quieren, los matan. Los verdes no tienen temor a Dios.
Alberto dice que los grupos armados irregulares colombianos tiene el mismo uniforme que los militares ecuatorianos, la diferencia es “el sello que llevan en el brazo”
“Yo solo quería tener una vida en el campo, aunque se sufre también, pero quería una vida digna. No lo conseguí” dice Alberto mientras sigue cargando esas carpetas verdes como recuerdo de lo cerca que estuvo del paraíso.
No denunciamos por miedo
“Se están escuchando tiros desde la loma. Suena, así como fusil. Suena así, feísimo. Que ahora están ahí los mineros, dicen. Es hasta peligroso aquí”
Esta es la alerta, por mensaje de voz, de un niño que, asustado, avisó a sus familiares de una balacera que ocurrió la noche del domingo 16 de marzo de 2025 en la zona de Jatunyaku, en Napo.
“Entre las diez y once de la noche recibimos las alertas desde dos comunidades. Sobre todo, de familias que habían escuchado una balacera en la parte de atrás del barrio Naranjalito” nos cuenta Pepe Moreno, presidente del Consejo de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Napo.
El río Jatunyaku es conocido porque en 2022 hubo una gran destrucción aguas abajo de más de 100 hectáreas de bosque y río. Lo hicieron 2 mil mineros ilegales en alrededor de 3 meses, a vista y paciencia de autoridades como alcaldes, gobernadores, prefectos. Defensores de la naturaleza denunciaron apenas vieron que cuatro retroexcavadoras estaban entrando a remover el río. La noticia se hizo viral cuando eran 148 máquinas sobre piscinas de agua muerta.
“Hace más o menos un mes que nos vienen amenazando, entre los mineros y los mineros a la gente. Incluso contra los señores de la tierra mismo, ya que les dijeron que, si no les dejan lavar el oro, iban a acabar con las familias o algo así” cuenta un poblador de la zona de Jatunyaku, en un audio de WhatsApp, luego de la balacera. Al preguntar si han puesto algún tipo de denuncia, dice que nadie puede denunciar porque están todos amenazados.
Personas de la comunidad enviaron las coordenadas en las que ocurrió la balacera. Al buscar en Google Maps, se confirma que los datos coinciden con la información que recibieron activistas sobre enfrentamientos armados en campos mineros. Es decir, en la zona alta del río Jatunyacu.
Ingresamos la ubicación enviada por las comunidades en el Geoportal del catastro minero ecuatoriano. El evento se dio dentro de la concesión minera Victoria 2 de la empresa Blackpearl Mining.
Blackpearl Mining tiene 3 concesiones: Victoria 1, Victoria 2 y Cathy.
La concesión Victoria 2, en la que se dio la balacera, no tiene permisos para explotación minera, solo para exploración. Sin embargo, en vuelos de dron de la organización Napo Ama La Vida se ven piscinas de lavado de oro, máquinas e importantes espacios de selva deforestada.
Solicitamos, por mail, información al Ministerio de energía y minas y a la asesora sociopolítica de la empresa, pero hasta el cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.
Para Pepe Moreno, este tipo de violencia que van monitoreando como organización va en aumento lo que preocupa especialmente a las familias de las comunidades por el ambiente en el que están creciendo niños, niñas y adolescentes.
Caso Chontapunta y Chiripuno
Un hombre de mirada joven, encapuchado, vestido de verde, cargando un fusil y haciendo gala de otros 4 fusiles más sobre una pared crema y llana, mandó este mensaje de video que fue compartido por redes sociales, chats y medios de comunicación.
“Buenas tardes señores de la comunidad de Chiripuno y Chontapunta. Nosotros somos Comando de la Frontera. El mensaje es para pedirles que por favor quiten esos retenes de allá. Porque nos van a ver obligados a matarlos a todos los que colaboren en eso. Debido a que hay unos compañeros que están perdidos en el monte por culpa de ustedes. Si ustedes no colaboran, nos van a ver obligados a ir de casa en casa, de comunidad en comunidad matando a algunos de ustedes por colaborar en cosas que no les interesa. El señor que se murió en el Tena falleció por problemas de narcotráfico. El nos debía droga y no nos quiso pagar. No se metan en problemas ajenos sino nos van a ver obligados a atacar la comunidad”.
El día anterior a ese mensaje, 18 de enero de 2025, una serie de detonaciones en el centro de la ciudad de Tena, en la provincia de Napo, acabó con la vida de un hombre que estaría presuntamente relacionado con la minería ilegal. Los dos sicarios, jóvenes de 20 años, habrían escapado en una moto y se habrían perdido en la zona de Chontapunta.
Esta comunidad dedicada a la agricultura, mayoritariamente indígena, amaneció de un día al otro envuelta en medio de un conflicto armado. Varias familias, por miedo decidieron dejar sus casas, como lo contó el diario El Extra.
Otras, se encerraron a grabar por los filos de las ventanas a las personas extrañas que pasaban por sus caminos de tierra. A un mes de las amenazas, varias familias volvieron y otras comenzaron una nueva vida en casa de familiares en otras zonas o en la ciudad de Tena. Nadie quiere hablar, no quieren ser citados, dicen que “ya está todo bien” o que “mejor no decir nada”. El miedo y el silencio invadió a esas dos comunidades que están siendo abandonadas.
En Carlos Julio Arosemena Tola ocurre algo parecido. Este cantón tiene casi el 80% de las concesiones mineras de la provincia de Napo. Héctor Tixe, activista y defensor de los derechos humanos y miembro de Napo Ama La Vida, vive allí. Este es parte de su testimonio:
“En una propiedad, cuando una persona no quiere acceder para vender para que se realice la minería, hay grupos organizados que amenazan. Aquí hay grupos de delincuentes que se dedican a amenazar a la gente y a maltratarlos, insultarlos y les hacen salir a la fuerza. Les hacen salir de la tierra a la fuerza porque ya hay grupos que se dedican netamente a hacerles la vida imposible. Les cortan la luz, les cortan el agua, amenazan a los niños, a los hijos, a los padres. Entonces, de una forma violenta les sacan de sus territorios”
Héctor Tixe va y viene de su tierra a Quito para presentarse y escuchar conferencias sobre la defensa de los ríos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Lleva su característico sombrero de paja toquilla y una camisa blanca. Recuerda datos de memoria, conoce todo lo que ocurre en su cantón. Ha firmado varias denuncias y varias demandas al Estado por la falta de control de la minería ilegal. Tixe fue, él mismo, un desplazado de su propia tierra. Por amenazas, tuvo que salir más de seis meses fuera del país. Recuerda esos momentos duros. Tixe ama su tierra, lucha por ella todos los días desde los plantones en Tena, las reuniones de comuneros que buscan formas de superar la ambición y la destrucción de la tierra y los ríos; hasta las entrevistas en las que pone nombre y apellido a todo lo que sucede.
Tixe cuenta que es difícil tener que dejar su casa. Tener miedo, vivir sin esa paz que es, o era, uno de los sellos de la Amazonía.
¿Te imaginas tener que salir de tu casa sin quererlo?
“En el campo nosotros podemos tener libremente una gallina, podemos tener nuestros huertos, nuestros animales, ¿no? En cambio, si sale a la ciudad hay que pagar un arriendo, ya no se puede tener un animal, ya no se tiene la libertad como se tiene en territorio. Para nosotros es súper duro. En mi caso, yo no me acostumbro a la ciudad. Siempre extraño, digo, si estoy en mi propia casa, nadie me dice nada, puedo tener mis animales. Para nosotros es bastante duro acostumbrarnos o enseñarnos y también es bastante duro y preocupante porque nuestros hijos salen a la ciudad, crecen en la ciudad y ya no quieren regresar al territorio. Nosotros queremos regresar, pero los hijos ya no”
Esto cuenta Elizabeth Durazno, defensora de los derechos de las comunidades indígenas y de la naturaleza. Elizabeth es oriunda de Río Blanco, parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay. Este poblado convive junto a un proyecto minero paralizado desde 2018, sin que la violencia se haya suspendido. Esta comunidad ha sido portada de medios nacionales e internacionales porque interpuso una acción de protección contra el Estado ecuatoriano debido a que la empresa china EcuaGoldmining S.A. no cumplió la consulta previa, libre e informada antes de comenzar a minar. Ganaron la sentencia en primera y segunda instancia. En 2018 un juez decidió suspender las actividades extractivas en la zona.
“Sin embargo, sabemos que está enlazado el tema de la minería ilegal con, entre comillas, minería legal. Bueno, para nosotros es igual legal o ilegal porque dejan destruyendo en la misma forma. Pero en este caso las empresas mineras se han encargado ahora de hacer como sociedad entre ellos o lograr algún convenio entre la minería ilegal y grupos armados”, dice Elizabeth.
En 2022 hubo el asesinato de Alba Bermeo, defensora de la comunidad, compañera de Elizabeth.
“Aunque la Constitución de 2008 garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, la normativa permite que, en ausencia de consentimiento, se imponga la decisión gubernamental por “interés nacional”, poniendo en riesgo la autonomía indígena y la efectividad de sus procesos de consulta” dice Giannina Zamora Acosta en su artículo Salud y territorio en la Amazonia: Raíces de vida y huellas de despojo en comunidades indígenas, publicado en 2024 en la Revista Anpege.
En Río Blanco sienten que corren un gran riesgo por lo que “les toca estar vigilantes completamente de los territorios”. Elizabeth cuenta que a veces desconocen que son de la zona e incluso no les han dejado pasar a sus casas. Dice que han sufrido persecución: “persecución por parte del Estado a las personas defensoras para criminalizar lanzando o tildándonos como terroristas o delincuentes organizados, por lo general. En el transcurso de las luchas de la resistencia, nos han hecho videos falsos y todo eso para tildarnos de terroristas”
Elizabeth dice que va casi todos los días, o semanas a su casa en Río Blanco. No duerme allí por miedo. Dice que han entrado a su casa en lo que ha parecido un robo para luego confirmar que el móvil no era ese.
Todo eso ha hecho que los comuneros vayan y vengan de sus casas. Sus rutinas son entre otros pueblos en los que se han ido a vivir y el regreso a su tierra, a verse entre vecinos amenazados, a cuidar a sus animales, sus plantas. Luchan y se acomodan a largos viajes para no romper ese lazo profundo que tienen con la tierra.
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El laberinto de las respuestas preguntas sin respuesta
En 2024 se les hizo llegar las siguientes preguntas al Ministerio de Ambiente:
¿Ustedes tenían conocimiento de esta creciente deforestación en la zona del Río Punino?
¿Existe algún informe técnico de control?
Durante el 2023, ¿el Ministerio hizo denuncias sobre la expansión de la minería ilegal en áreas no concesionadas y en bosques protegidos, como este caso de la zona del río Punino, a los pies del área de conservación Municipal del Chaco?
¿Cómo logró extenderse la minería ilegal en un solo año en más de 784 hectáreas?
¿El Ministerio hace vigilancia de forma aérea de lugares poco accesibles para mantener su conservación?
Recibieron las preguntas, pero hasta el cierre de esta edición no pudieron enviar las respuestas porque, aunque aseguran que ya las tienen listas, “deben pasar por la evaluación de las autoridades”.
También intentamos comunicarnos, por correo electrónico y por teléfono, con voceros de las Prefecturas de Napo y Orellana. Preguntamos esto:
¿Cuál es la posición de la Prefectura?
¿Desde la Prefectura se han hecho denuncias por la presencia de minería ilegal en la zona?
¿Cuáles son las estrategias, desde la Prefectura, para frenar la expansión de la minería ilegal en esa zona?
Hasta el cierre de este artículo, en 2025, no obtuvimos respuestas de ninguno de los dos gobiernos provinciales.
Este reportaje se realizó gracias al apoyo de la beca de La Red de Periodistas de la Amazonía Venezolana. 2025