Galápagos: Millones invertidos, el agua sin resolverse y el Municipio perdiendo en tribunales: el caso del proyecto de agua de Santa Cruz
- Franklin Vega
- hace 1 día
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El proyecto de agua potable que debía ejecutarse en 18 meses se prolongó más de una década, multiplicó su costo inicial y hoy enfrenta una disputa judicial que pone bajo escrutinio decisiones clave de la administración municipal, luego de que el Municipio sufriera ayer un revés judicial en el conflicto con la empresa contratista.
Lo que debía ser la solución definitiva a la crisis del agua en Santa Cruz terminó convertido en un conflicto judicial que podría tener consecuencias millonarias para el Municipio.
Durante más de una década, el proyecto de agua potable y alcantarillado de Santa Cruz ha sido presentado como la solución a uno de los problemas más persistentes de Galápagos: el acceso a agua segura para la población. Sin embargo, el proyecto que comenzó en 2013 con un presupuesto de 18 millones de dólares y que terminó costando cerca de 30 millones hoy se encuentra en el centro de un conflicto judicial que podría redefinir responsabilidades políticas y administrativas en la isla.
El caso combina cuatro dimensiones que raramente aparecen tan claramente entrelazadas: una obra pública cuestionada desde su origen, una crisis estructural de gestión del agua en Galápagos, una disputa judicial millonaria y un escenario político local cada vez más polarizado. Lo que debía ser una solución técnica terminó convirtiéndose en un caso emblemático de gobernanza fallida.
“El conflicto por el proyecto de agua de Santa Cruz llegó a tribunales y el Municipio ya sufrió un revés judicial en su disputa con la empresa contratista.”
Un contrato de 2013 que nunca resolvió el problema
El origen del conflicto se remonta a julio de 2013, cuando el Municipio de Santa Cruz suscribió el Contrato de Obra No. 005-GADMSC-2013 con la empresa CONDRAIARSA para la construcción y mejora del sistema de agua potable y alcantarillado en Puerto Ayora.
La obra debía ejecutarse en 18 meses y su objetivo era resolver problemas históricos de abastecimiento de agua y saneamiento en la isla. Sin embargo, la ejecución del proyecto se prolongó durante años y su costo final superó ampliamente el presupuesto inicial.
Según información difundida por el propio Municipio, el proyecto terminó costando aproximadamente 30 millones de dólares, pese a que el contrato original contemplaba cerca de 18 millones.
A pesar de esta inversión, el sistema nunca logró resolver plenamente el problema de agua potable en Santa Cruz. Para muchos habitantes de la isla, la infraestructura prometida no cambió sustancialmente la calidad del servicio. Las dificultades para acceder a agua segura continuaron siendo parte de la vida cotidiana. La obra se convirtió así en uno de los proyectos públicos más controvertidos de la historia reciente de Galápagos.
Un antecedente político casi olvidado. Sí el bloqueo empezó con Uribe
Existe un dato que agrega una capa adicional al conflicto. En 2013, cuando se desarrollaba el proceso de contratación, Fanny Uribe —entonces asambleísta por Galápagos— denunció irregularidades en la licitación del proyecto y solicitó que el proceso fuese declarado desierto.
En su momento, Uribe pidió que el Instituto Nacional de Contratación Pública investigara el proceso y alertó sobre posibles incumplimientos de la normativa vigente. La denuncia buscaba evitar, según su argumento, que una obra de importancia crítica para la población fuera adjudicada bajo condiciones irregulares.
Paradójicamente, una década después, la misma obra se convirtió en el principal conflicto administrativo y judicial de la gestión municipal.
La decisión de terminar el contrato
El conflicto escaló en octubre de 2023. El Municipio de Santa Cruz decidió terminar unilateralmente el contrato con la empresa CONDRAIARSA, argumentando presuntos incumplimientos en la ejecución de la obra. La resolución municipal incluía varias medidas de gran impacto económico:
exigir a la empresa el pago de USD 1.142.078,
ejecutar las garantías del contrato,
solicitar la suspensión de la empresa en el Registro Único de Proveedores (RUP).
Para la empresa contratista, estas medidas representaban un riesgo financiero considerable. Según la demanda presentada posteriormente, el cobro y las sanciones administrativas podían llevar a la compañía a una situación de quiebra, afectando a trabajadores y accionistas.
Pero el punto más crítico del conflicto no fue la terminación del contrato en sí. Fue el momento en que se tomó la decisión.
La medida cautelar que cambió el caso
El 24 de octubre de 2023, la empresa presentó una acción de protección con medida cautelar ante la justicia. Un día después, el juez que conocía el caso ordenó suspender los efectos de los actos administrativos relacionados con la terminación del contrato hasta que se resolviera el proceso.
Sin embargo, según los documentos judiciales, el Municipio emitió la resolución de terminación unilateral del contrato el 27 de octubre de 2023, cuando la orden judicial ya se encontraba vigente. Este detalle se convirtió en el núcleo del litigio.
La empresa sostiene que el Municipio ignoró una orden judicial y vulneró principios básicos de seguridad jurídica. El Municipio, por su parte, ha defendido públicamente su decisión argumentando que actuó para proteger los intereses de la población.
El proceso judicial entra en escena
El conflicto llegó finalmente al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil. El 5 de marzo de 2026, el tribunal admitió la demanda presentada por la empresa contra el Municipio de Santa Cruz y abrió el proceso judicial para analizar el caso.
“La obra que debía resolver la crisis del agua terminó costando cerca de USD 30 millones y hoy enfrenta un proceso judicial tras un fallo adverso para el Municipio.”
En su análisis preliminar, el tribunal señaló que existen indicios de que la terminación del contrato pudo haberse emitido cuando existía una orden judicial que impedía hacerlo. Esto podría implicar una vulneración del derecho a la seguridad jurídica.
El proceso judicial deberá ahora determinar si el acto administrativo municipal fue legal o si, por el contrario, se produjo una actuación irregular que genere responsabilidades. El caso podría tener consecuencias económicas importantes para el Municipio. Pero también podría tener implicaciones políticas.
"Agua con heces fecales, eso es lo que consume el 60% de la población de la Isla de Santa Cruz en Galápagos según informe del INEN". Municipio de Santa Cruz
La narrativa oficial del Municipio
Mientras el litigio avanzaba, el Municipio de Santa Cruz construyó una narrativa pública centrada en la defensa de los intereses de la población. Según la alcaldesa Fanny Uribe, el proyecto de agua potable heredado por su administración no funcionaba adecuadamente, pese a haber sido recibido por administraciones anteriores.
La terminación del contrato fue presentada como una decisión necesaria para proteger a la ciudadanía de una obra deficiente. En declaraciones institucionales, la administración municipal afirmó que el conflicto judicial representaba una defensa del interés público frente a un contrato que no había cumplido su objetivo. Pero la existencia del proceso contencioso administrativo introduce una incertidumbre que todavía está lejos de resolverse.
Una crisis que va más allá del contrato
Más allá del conflicto jurídico, el caso revela un problema más profundo. El acceso al agua potable en Santa Cruz ha sido durante décadas uno de los desafíos estructurales de Galápagos.
Investigaciones académicas sobre la isla muestran que el problema del agua no es únicamente técnico, sino también político y social. La isla depende en gran medida de acuíferos subterráneos y grietas volcánicas donde el agua suele ser salobre, resultado de la mezcla entre agua de lluvia y agua marina.
Además, algunas de estas fuentes presentan contaminación bacteriana, lo que genera riesgos para la salud pública. El mismo Municipio ha publicado que el 60% de la población consume agua con heces fecales.
El crecimiento poblacional y el aumento del turismo han incrementado la presión sobre estos recursos limitados.
Según estudios sobre la gestión del agua en Santa Cruz, el problema se relaciona también con fallas institucionales, conflictos de gobernanza y decisiones políticas acumuladas durante años. En otras palabras, el proyecto de agua no es solo una obra pública fallida. Es un síntoma de un sistema de gestión del recurso que no ha logrado adaptarse a las condiciones únicas del archipiélago.
Infraestructura, política y confianza pública
El conflicto entre el Municipio y la empresa contratista plantea preguntas más amplias sobre la gestión de obras públicas en territorios sensibles como Galápagos. En contextos donde los recursos naturales son escasos y las condiciones ambientales son frágiles, los proyectos de infraestructura requieren altos niveles de planificación, transparencia y supervisión. Cuando estos elementos fallan, las consecuencias no se limitan a un litigio judicial. También afectan la confianza pública.
En Santa Cruz, la discusión sobre el agua se ha convertido en un tema central del debate político local. Para algunos sectores, el problema refleja errores acumulados de varias administraciones. Para otros, es evidencia de la necesidad de revisar a fondo los mecanismos de contratación pública en el archipiélago.
“Diez años después, el proyecto hídrico más costoso de Santa Cruz terminó en tribunales y con una derrota judicial para el Municipio.”
Un caso que aún no termina
El proceso judicial recién comienza. El tribunal deberá analizar documentos, resoluciones administrativas y decisiones judiciales previas para determinar si la terminación del contrato fue legal. Mientras tanto, el problema que originó todo el conflicto sigue presente.
Santa Cruz continúa enfrentando dificultades para garantizar un suministro de agua seguro y sostenible. Y el proyecto que debía resolver esa crisis se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre infraestructura, política y gobernanza en Galápagos.
En un territorio reconocido mundialmente por su valor ecológico, el agua —uno de los recursos más básicos para la vida— sigue siendo uno de los desafíos más complejos de resolver.
El fin del litigio aún debe recorrer un camino largo, será el Tribunal Contencioso Administrativo la instancia que se pronuncie, pero terminación unilateral realizada por Uribe queda sin efecto y se da por aceptada administrativamente la Terminación de pleno derecho definitiva; en otras palabras, queda aceptada la recepción definitiva.
¿Mientras tanto quién responderá por los equipos desalinizadores que sí funcionaban y que la alcaldesa ordenó parar? Enviamos un cuestionario de 26 preguntas al Municipio de Santa Cruz, pero hasta ahora no tenemos respuesta.
Después de más de diez años, millones de dólares invertidos y una derrota judicial para el Municipio, la promesa de resolver el agua en Santa Cruz sigue siendo una deuda pendiente.