Las 32 iguanas no llegaron solas: pedimos investigar quién las sacó de Galápagos

Tras el decomiso de 32 iguanas marinas en Quito, ocho murieron y aún no sabemos quién las sacó de Galápagos. Pedimos a la Fiscalía preservar el teléfono de la procesada de nacionalidad rusa, investigar la cadena de suministro y esclarecer las quince muertes ocurridas entre los dos decomisos de iguanas en lo que va del 2026.

El 28 de agosto se encontraron 32 iguanas marinas vivas en el equipaje de una mujer de nacionalidad rusa en el aeropuerto de Quito. Ocho murieron después del decomiso bajo la custodia de la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros, Milton Castillo y Franklin Vega, pedimos que se investigue tanto el origen de los animales como lo que ocurrió durante su custodia. Ninguna de esas preguntas queda respondida por identificar a la persona que llevaba la maleta.

Según las actuaciones que citamos en nuestra denuncia, la procesada no ingresó a Galápagos y declaró que compró las iguanas a un desconocido en Quito por USD 400. Queremos saber quién las capturó, cómo salieron de las islas y quién las entregó en el continente. La Fiscalía de Quito rechazó examinar su teléfono y otras diligencias porque considera cerrada la instrucción desde el 18 de septiembre. El propio impulso fiscal reconoce que uno de nuestros pedidos se presentó antes de esa fecha, aunque lo resolvió el 5 de octubre.

El fiscal Juan Clemente Flores señaló que la posible cadena de suministro debía investigarse en otra causa y nos informó de una investigación previa. Por eso suscribimos una denuncia dirigida a la fiscal Fanny Italia Coronel. Le pedimos que preserve el teléfono y el chip, encargue su examen a un perito que pueda trabajar con el dispositivo bloqueado y solicite los registros de pasajeros y carga entre Galápagos y el continente. También pedimos una pericia genética para determinar de qué población procedían las 32 iguanas.

La denuncia incorpora un segundo decomiso ocurrido en mayo: doce iguanas halladas en el equipaje de tres ciudadanos tailandeses que habían salido desde el Aeropuerto Ecológico de Baltra. Según relatamos a la fiscal, uno de los procesados declaró en juicio que un hombre conocido como «Tee» les habría facilitado el paso por los controles a cambio de dinero y que las iguanas fueron visibles en las imágenes de rayos X. Es una declaración que pedimos corroborar. Solicitamos conservar las imágenes, los videos, las bitácoras y los nombres de quienes operaban los controles ese día.

También queremos aclarar qué función correspondía a cada institución en el Aeropuerto de Baltra. Nuestra denuncia cita un convenio de 2023 entre el Parque Nacional Galápagos y el Ministerio del Interior que contempla coordinación de controles y acompañamiento canino. Señalamos que dos memorandos posteriores del Parque dieron versiones distintas sobre la existencia y el alcance de ese convenio. Pedimos los documentos certificados y las versiones de sus responsables para establecer qué ocurrió, sin anticipar una responsabilidad penal.

Los dos decomisos suman 44 iguanas; quince murieron mientras estaban bajo custodia estatal o de entidades encargadas de cuidarlas, según la denuncia: siete del primer caso y ocho del segundo. Las 32 iguanas de Quito permanecieron en el hospital TUERI de la Universidad San Francisco de Quito desde el 28 de agosto. El documento señala que el 9 de septiembre se recomendó su retorno, pero las 24 sobrevivientes fueron trasladadas a Santa Cruz el 28 de septiembre. Pedimos las historias clínicas, las necropsias y una evaluación veterinaria independiente que determine las causas de cada muerte y si las decisiones sobre alimentación y traslado influyeron en ellas.

La reparación también requiere información que hemos pedido aclarar. Fiscalía tomó como referencia USD 90.444,63, calculados a partir de un informe del Parque Nacional Galápagos que, según nuestra denuncia, reconoce que no puede medir con precisión la pérdida para la población insular sin conocer el origen de los animales. A la vez, encontramos una cifra de 26.336 iguanas marinas en una rendición de cuentas de la propia institución. Pedimos que se explique qué población abarca esa cifra, cómo se obtuvo y por qué no aparece en los informes usados ante los jueces. Solicitamos una valoración biológica independiente; no damos por establecido que esa cifra corresponda al total actual de la especie.

Pedimos preservar pruebas que pueden perderse, investigar a quienes obtuvieron y trasladaron los animales, y esclarecer las quince muertes. Antes de que se debata la reparación del caso de Quito, prevista para la audiencia del 9 de noviembre según nuestra respuesta, queremos que el juez cuente con la información necesaria para valorar el daño.