Territorios liberados en Napo
Dos días en las zonas donde la minería ilegal reemplazó al Estado
“No saquen los celulares. No se detengan. Nos están observando”.
A las nueve de la mañana, tres vehículos avanzan por los caminos lastrados de Talag, en la provincia de Napo. A bordo viajan diez periodistas y varios activistas ambientales que se internan en una zona donde la presencia del Estado es episódica, frágil o inexistente. Las reglas son claras y responden a una sola certeza: en estos territorios manda la minería ilegal.
Los especialistas en seguridad llaman territorios liberados a los espacios donde la autoridad estatal ha sido desplazada por estructuras criminales, como ocurre en las cárceles del Ecuador. En la Amazonía, esa lógica se replica lejos de los muros: ríos contaminados, comunidades vigiladas y montañas abiertas por excavadoras marcan el avance del oro ilegal. Este es el relato del primer “toxi tour” por Napo, un recorrido de alto riesgo por zonas donde el Estado llega tarde o no llega.
Día 1
Las excavadoras escalan las montañas
El viaje comienza en Talag, a unos 40 minutos al occidente de Tena. La noche fue de lluvias intensas y el sol apenas logra filtrarse entre las nubes amazónicas. Antes de arrancar, las advertencias se repiten como un mantra: no detenerse en lugares no previstos, no sacar los celulares, no tomar fotografías visibles. Seguir las indicaciones. Aquí no hay margen de error.
El recorrido avanza paralelo al cauce del río Jatunyaku. A medida que se internan en la ruta, la sensación de vigilancia se vuelve constante. Motos con dos o tres ocupantes aparecen en los cruces, se detienen, observan y desaparecen. El mensaje es claro: el grupo ya fue detectado.
Un puente inconcluso y una herida abierta
La primera parada ocurre en un punto estratégico. Un puente inconcluso se alza a orillas del Jatunyaku, a pocos cientos de metros de la desembocadura del río Ilokylin, uno de los pocos afluentes que aún se mantiene libre de contaminación minera.
“Por suerte —y por corrupción— este puente no se terminó”, dice Pepe Moreno, activista del colectivo Napo Ama la Vida. “Si estuviera listo, las excavadoras entrarían sin obstáculos”.
Puente colgante inconcluso sobre el río Jatunyaku. Fotos: Franklin Vega
A apenas 400 metros de una oficina del Ministerio del Ambiente, la montaña del frente exhibe una herida abierta. Donde antes hubo bosque, hoy se extienden cerca de dos hectáreas de tierra desnuda. Con binoculares se distinguen las excavadoras arañando la pendiente sin descanso.
Un dron despega y confirma lo que desde tierra apenas se insinúa. En la parte alta del río Zapallo, decenas de frentes mineros avanzan siguiendo las vetas de oro, incluso dentro de áreas concesionadas. Desde el aire, el impacto es innegable.
“Si siguen subiendo, en pocos kilómetros se unirán con los frentes ilegales de Carlos Julio Arosemena Tola”, advierte Moreno. Para algunos de los periodistas, esta es la tercera visita a este punto desde octubre de 2024.
La desembocadura del Zapallo en el Jatunyaku aparece flanqueada por terrenos yermos, perforados por piscinas mineras abandonadas. Son cicatrices de una explotación previa que nunca fue reparada. Donde hubo chacras y bosque, hoy queda apenas un pasto ralo.
Varias motos cruzan un pequeño puente peatonal. Uno de los guías lo dice en voz baja: lo más probable es que los mineros ya sepan que el grupo está en la zona.
Comunidades vigiladas, turismo ausente
La ruta continúa hacia la comunidad kichwa de Shandia. Las advertencias vuelven a repetirse. “Miren las casas”, dice Moreno. Cámaras de seguridad sobresalen en fachadas y ventanas. “Logramos que retiren algunas, pero ahora las instalan dentro”.
En la playa del río, el silencio reemplazó a la algarabía. Siete quioscos abandonados marcan el lugar donde antes se reunían turistas y kayakistas.
“Aquí venían cientos”, cuenta un vecino. “Desde que el río tiene minería, los gringos ya no vienen”. Hace una pausa y señala la otra orilla. “¿Quién quiere viajar para ver eso?”
El dron vuelve a elevarse. Desde el aire, las cercas cubiertas con lonas verdes —inofensivas desde la carretera— revelan su verdadera función: ocultar decenas de piscinas, agujeros y maquinaria pesada operando sin pausa. Talleres improvisados, volquetes y excavadoras se reparten a ambos lados de la vía. Desde tierra, casi nada se ve. Desde arriba, todo queda expuesto.
La siguiente parada es la comunidad kichwa de Serena. Una docena de mujeres exhibe su artesanía y comparte su testimonio de resistencia frente a la minería ilegal. Su lucha no es reciente ni simbólica: es cotidiana, silenciosa y desigual. En una artículo anterior lo contamos en detalle: En Napo, un pequeño paraíso se resiste a la minería
El crimen organizado también está presente
Al mediodía, cuando el calor húmedo se vuelve asfixiante, el recorrido continúa. Antes de llegar al mirador de la Ceiba, una breve detención en Limón Lichikta recuerda que en septiembre de 2025 fue capturado alias “Topo”, identificado como uno de los cabecillas de un grupo de delincuencia organizada que opera en la provincia.
Según versiones oficiales, su detención estaría vinculada a investigaciones por delitos graves, entre ellos un presunto intento de homicidio contra una exfuncionaria judicial: Samantha Lozada, exdirectora de la Judicatura en Orellana. El dato no es anecdótico: la presencia del crimen organizado atraviesa todo el territorio minero.
En el mirador, la lluvia cae sin tregua. Desde la plataforma de madera apenas se alcanza a distinguir el cauce del río Napo, recién formado por la unión del Jatunyaku y el Anzu. Aun así, las huellas son claras: montículos de tierra, huecos en el lecho y la geometría inconfundible de los frentes mineros.
El primer día termina con una certeza compartida: el daño no es aislado ni reciente. Es acumulado, visible y ocurre a la vista de todos, incluso donde el Estado tiene oficinas, pero no control.
Día 2
El gato y el ratón: cuando el control depende de un oficial
La segunda jornada comienza con una escena que condensa la contradicción amazónica. En una explanada, junto a un colegio y frente a una cancha cubierta, se alzan decenas de troncos de color rojizo en medio del bosque. Son capironas, árboles maderables que alcanzan hasta 35 metros de altura y cuya corteza se desprende cada año. De ellas toma su nombre la comunidad kichwa Capirona.
Capirona fue pionera en el turismo comunitario en Napo. Mostraba a los visitantes el uso de plantas medicinales y la vida junto al río Puni, del que obtenían agua y alimento. Hoy, el turismo es un recuerdo y el río una amenaza.
La comunidad denuncia que el Puni está contaminado por minería ilegal que opera fuera de su territorio. Para abastecerse de agua, dependen de un tanquero que el Municipio de Tena envía dos o tres veces por semana.
Las consecuencias ya son visibles. Habitantes reportan afecciones en la piel tras usar el agua del río. Las recomendaciones en guías turísticas desaparecieron. El modelo económico que sostenía a Capirona colapsó sin que ninguna institución del Estado se haga cargo de la transición.
Zona controlada por mineros
El camino hacia Huambuno inicia con una advertencia tajante: no habrá paradas. No se bajará a tomar fotografías. “Es una zona controlada por los mineros ilegales”.
El trayecto pasa por Ahuano, junto al aeropuerto subutilizado de Tena, hasta llegar al punto de embarque de la gabarra que cruza los vehículos sobre el río Napo. Mientras los autos suben a la plataforma, un Toyota Prado plateado, un 4x4 de alta gama con vidrios polarizados y placa de Colombia, se ubica en la fila. Nadie lo fotografía. Nadie pregunta en voz alta. La escena queda flotando como una incógnita incómoda.
Al otro lado del río comienza el recorrido por la zona de Huambuno. Las vías secundarias están destrozadas. Sin embargo, la sorpresa es inmediata: en todo el recorrido se contabilizan apenas 12 excavadoras operando y 18 estacionadas junto a viviendas.
En julio de 2024, en este mismo sector, se habían registrado al menos 42 excavadoras trabajando a orillas del río.
¿Qué cambió? Para los habitantes, la respuesta es tan clara como frágil: la presencia del Ejército. “Hay un oficial que sí quema las excavadoras”, comenta un vecino, que pide reserva de su identidad. “Los mineros le tienen miedo. Nosotros tememos que lo cambien”.
El control no responde a una política sostenida, sino a la voluntad de un mando específico. Cuando los patrullajes salen, los mineros se esconden. Una red de informantes alerta cada movimiento militar. El juego es constante y desigual: gato y ratón. Los mineros disponen de recursos económicos muy superiores; los militares deben racionar incluso la munición.
El vacío institucional
El 24 de mayo de 2025, el Ejército inhabilitó o quemó 11 excavadoras y dos motores de succión en operativos contra la minería ilegal en la zona de Huambuno. Fue un golpe visible, pero incompleto. Mientras se destruían las primeras máquinas, otras fueron retiradas a tiempo.
En los últimos ocho meses, según activistas locales, se han destruido 88 excavadoras en Huambuno, Sindy, Chucapi, Misahuallí y Chontapunta. Esto ocurre a pesar de que en Huambuno existen 13 concesiones mineras y el control formal corresponde al Ministerio de Energía y Minas, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y la Policía Nacional. En la práctica, el Ejército ha asumido funciones que corresponden a esas instituciones.
Las concesiones mineras, lejos de ordenar el territorio, sirven de escudo para la minería ilegal. Andrés Rojas, defensor del pueblo en Napo, apunta al núcleo del problema: “La normativa tiene vacíos operativos. Basta que las excavadoras se muevan unos metros o se oculten para que no proceda la incautación. Si están dentro de una concesión, la ARCOM solo suspende”.
El recorrido continúa bajo vigilancia. En octubre pasado, durante un viaje similar, a este equipo le arrebataron un celular y lo obligaron a borrar fotografías del trasiego de diésel. Esta vez, desde garitas improvisadas, viviendas y motocicletas estacionadas, varios pobladores disimulan grabaciones con sus teléfonos. En una ocasión, el flash de un celular apunta directamente a los vehículos.
“El problema no es la falta de normas, sino la incapacidad del Estado para aplicarlas. Las concesiones mineras sin licencias ambientales se han convertido en escudos para la minería ilegal y en una fuente de impunidad”. Andrés Rojas, Defensor del Pueblo en Napo
La ruta concluye en Misahuallí. En la carretera, el flujo de maquinaria vuelve a ser evidente: camiones con bidones, tanques que presuntamente transportan diésel y una plataforma con una clasificadora en forma de Z. El negocio sigue en movimiento.
Al salir de la zona controlada por los mineros, el grupo se detiene por primera vez sin tensión. Una cerveza de cacao marca el retorno simbólico a un territorio donde el miedo cede, al menos por un momento.
El primer “toxi tour” en Napo deja una conclusión incómoda: donde el Estado se sostiene, la minería retrocede. Donde el control depende de una persona y no de una política pública, el oro espera. En la Amazonía ecuatoriana, los territorios liberados no se recuperan: solo se disputan.
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