La Resolución del Ministerio del Ambiente y Energía que frena la minería en la cuenca del Napo provoca un éxodo de maquinaria, pero no garantiza verdad ni reparación. Tras años de complicidad estatal, concesiones capturadas y controladas por criminales, el daño ambiental y social queda, otra vez sin respuesta. Dos días después de la publicación de la Resolución Nro. MAE-MAE-2026-0005-RM, que prohíbe la actividad minera en concesiones a la cuenca hidrográfica del río Napo, se

Napo no vive un proceso de desarrollo, sino un boom de dinero ilegal. La minería ilegal inyecta efectivo sin control, dispara los precios, degrada la vida social y devasta el ambiente. Detrás del auge de construcciones y consumo hay redes organizadas, lavado de dinero y protección institucional. No es solo un problema ambiental: es una transformación estructural basada en el delito. Presentamos el testimonio del Gringo Rodríguez, quien ha denunciado el impacto de la minería i

Diez periodistas recorrieron durante dos días zonas de Napo donde la minería ilegal convirtió ríos, comunidades y carreteras en territorios liberados. El “toxi tour” expone excavadoras operando sin control, vigilancia permanente y economías locales destruidas. La crónica muestra un Estado ausente o reactivo, controles que dependen de individuos y concesiones mineras usadas como escudo, mientras el oro ilegal avanza y consolida una cultura de impunidad en la Amazonía ecuatoria

El tráfico de diésel a plena luz del día sostiene la minería aluvial ilegal en los ríos del Napo. Camiones “lecheros”, sobornos y ausencia de controles permiten que decenas de excavadoras operen 24/7, avanzando desde los ríos hacia los bosques. Con una sola excavadora se produce suficiente oro para pagar el diésel que consumen todas las demás. Sin decisión política, el combustible sigue fluyendo y la selva sigue sangrando. La minería aluvial ilegal, esa que se realiza en los