Napo: mineros ilegales salen y el daño ambiental se queda

La Resolución del Ministerio del Ambiente y Energía que frena la minería en la cuenca del Napo provoca un éxodo de maquinaria, pero no garantiza verdad ni reparación. Tras años de complicidad estatal, concesiones capturadas y controladas por criminales, el daño ambiental y social queda, otra vez sin respuesta.

Dos días después de la publicación de la Resolución Nro. MAE-MAE-2026-0005-RM, que prohíbe la actividad minera en concesiones a la cuenca hidrográfica del río Napo, se registró una salida en desbandada de la maquinaria. Camiones y retroexcavadoras empezaron a abandonar la zona de Puerto Napo, Tálag y Arosemena Tola. El éxodo, que ocurre sin control estatal de ningún tipo, deja atrás miles de hectáreas destruidas, montañas peladas, ríos contaminados, sangre, muerte... Los impactos en la salud de los pobladores de Napo apenas si se están evidenciando.

Aunque la Resolución está dando un resultado parcial, no está claro si habrá sanciones a quienes incumplieron la ley, y que permitieron la entrada del crimen organizado a la zona.

Para algunos pobladores de Napo, la Resolución dirigida a concesiones mineras y a plantas de beneficio de Loja y El Oro, aplicaría justamente a los mineros ilegales, pues 95% de ellos están operando en las concesiones legales. En la provincia existen, según datos oficiales 202 concesiones mineras, de las cuales 159 se encuentran en un radio de 20 km del epicentro de Yutzupino, donde en el 2022 se decomisaron 148 excavadoras. Dentro de estas se registran 43 concesiones mineras “Inscritas” bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería Metálica.

De acuerdo con la ley, los titulares de derechos mineros deben responder “civil, penal y administrativamente” por el desastre ambiental dice la Resolución que cita el artículo 5 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. La decisión ministerial también indica que es de su exclusiva responsabilidad “prevenir, evitar y reparar integralmente los impactos o daños ambientales causados o que pudiera causar… así como aquellos autorizados para instalar y operar plantas de beneficio mineral, fundición o refinación tienen la obligación de implementar mecanismos para prevenir, evitar y reparar integralmente los impactos o daños ambientales”.

En un territorio que es presa de los GDO y de su guerra por territorios, en donde existen territorios liberados y en el cual la minería ha crecido por la complicidad de ciertas autoridades, la interrogante sobre cómo se logrará que efectivamente la minería ilegal se detenga, está presente en el ambiente.

A propósito, la complicidad de las autoridades mineras, que ha sido denunciada durante años por los pobladores de las zonas mineras, parece confirmarse con la última revelación de la ministra del ramo Inés Manzano. Ella anunció que tras haber hecho pruebas con polígrafo a varios empleados de la Arcom, muchos no pasaron la prueba y han sido despedidos.

De legales a manejadas por GDO, ¿cómo ocurrió?

Las concesiones son “legales” pues han sido entregadas por el Estado, pero ahora están “en manos de mineros ilegales”.  

Todo comenzó cuando los concesionarios, varios empresarios y pequeños mineros, se dieron cuenta de la fragilidad del Estado en la regulación y el control. Aprovecharon la falta de institucionalidad  para explotar el mineral sin cumplir con los procesos, licencias, y permisos de uso de agua ni de no afectación de la cuenca hídrica. Solo a cuenta de sobornos.  

Para evitar el control de la autoridad, contrataron a guardias de seguridad vinculados a los GDO; pero pronto ellos mismos comenzaron a adueñarse de los territorios. Ahora, estos sitios ya son considerados “territorios liberados”.

La amalgama entre seguridad y GDO

Así, uno de los eslabones de la “cadena de valor” de la minería ilegal es la seguridad. En cada frente minero trabajan, en promedio, 30 personas entre operadores de maquinaria, ayudantes, encargados de la alimentación.

Junto con este grupo hay por lo menos dos personas dedicadas a la seguridad. En general ellos se movilizan en motocicletas, usan radios para comunicarse y portan armas (escopetas) en su espalda. Se los distingue por usar pantalón negro y una camiseta con un estampado tipo camuflaje de colores claros. Su parada es inconfundible y en principio ellos reportan a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDOs) que “protegen” a los mineros ilegales.

En la zona de Huambuno, por ejemplo, los encargados de la seguridad vigilan el paso de los desconocidos, autoridades y militares en dos puntos: en el puerto de Ahuano donde los vehículos cruzan en las gabarras y en la intersección de la vía en la vía que conecta Ahuano con Misahuallí.

A estas personas se las conoce como campaneros y son quienes alertan a los responsables de cada frente minero mediante mensajes de celular o llamadas de radio de cualquier movimiento que les llame la atención. Si algún vehículo desconocido (que no pertenezca a la parroquia) o grupo de personas extrañas que pasa por esos dos puntos, en cuestión de minutos, todos los lugares de vigilancia permanecen atentos a quienes circulan.

Por el servicio de los campaneros, cada frente minero paga una tarifa de 30 dólares por día. Y si se produce algún operativo, son los encargados de correr la voz de alarma y coordinar el apoyo de los miembros de las comunidades afines.

Los territorios mineros se defienden a balazos

Desde el año 2024, en toda la provincia de Napo la violencia por el control del territorio ha recrudecido. Los reportes de muertos a bala eran esporádicos y en general se silenciaban pagando a las familias de los asesinados. Para enero del 2025 se reportaron las primeras muertes violentas en el centro mismo de Tena, capital provincial de Napo.

En mayo 2025 se produjo la masacre de los militares en Alto Punino. Entre tanto, en enero 2026 se reportó cómo se calcinaron los cuerpos de tres jóvenes en la comunidad El Progreso del Chumbiyacu, en concesión minera REGINA 1S de la empresa China Terraearth Resources S.A.

El origen de la violencia radica en cómo los Grupos de Delincuencia Organizada (GDOs) los Comandos de la Frontera, Los Lobos y Los Choneros se enfrentan por el control de los frentes mineros. Estos GDOs cobran una tarifa por brindar seguridad y un porcentaje de las ganancias; es decir, una parte del oro aluvial que se extrae con las excavadoras en las orillas de los ríos.

Un militar en Tena, reconoció bajo reserva de su nombre y cargo, que Los Lobos lideran en las parroquias Talag, Huambuno y en todo el cantón de Arosemena Tola. El uniformado indicó que esperan instrucciones para actuar. El resto de la provincia en la parte nororiental (hacia el límite con la provincia de Orellana) estaría controlada por Los Comandos de la Frontera.

Pero los GDOs no están solos, algunos dirigentes comunitarios apoyan en la protección de los mineros ilegales y ante un operativo movilizan a una parte de los comuneros para ponerse al frente de las excavadoras y evitar la acción de los militares.

El episodio más reciente de la violencia local se produjo en el sector Atahualpa de la comunidad Sindy (cerca de Puerto Napo) cuando el 28 de enero pasado, fueron atacados por algunos comuneros y resultaron dañados vehículos de la Policía.

Excavadoras sin controles

La maquinaria pesada es una de las principales herramientas de trabajo de la minería ilegal. Se calcula que en Napo operan por lo menos 300 excavadoras en 75 frentes mineros. Pero al cotejar esta información con los datos del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) hasta el 2024, en toda la provincia de Napo estaban matriculadas 209 excavadoras a nombre de particulares y 39 máquinas correspondían a instituciones públicas. Es decir, las excavadoras que operan en los frentes ilegales superarían las matriculadas en el MIT.

 El control a la movilización de maquinaria es solo en el papel

Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) para el transporte de maquinaria nueva o usada, es obligatorio portar el Certificado de Operación del Registro (COR) del vehículo de carga, así como la matrícula vigente de la maquinaria transportada en el MIT.

La normativa vigente exige la instalación obligatoria de GPS en la maquinaria destinada a actividades mineras, pero no se ha indicado cómo ni quien maneja esa información y si esta se coteja con la maquinaria que se encuentra en los frentes mineros. Todo esto a pesar de que existe un acuerdo ministerial que dispone que Ambiente, Energía y Transporte compartan la información.

El año pasado, la Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario del MIT indicó que estaban trabajando en la actualización Reglamento del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, pero hasta ahora no se conoce la nueva normativa.

A pesar de que existen normas y reglamentos para controlar la movilización de las excavadoras, esta no se aplica. En los recorridos en las provincias Amazónicas, solo la maquinaria que opera en las obras públicas luce la paca del MIT, el resto no.

En El Oro, los mineros reclaman

La Resolución ha provocado la salida de la maquinaria en Napo. Sin embargo, en El Oro cientos de mineros han salido a protestar por la decisión.

La Resolución ha provocado la salida de la maquinaria en Napo. Sin embargo, la disposición también apuntaba a que se detenga la minería en El Oro y en Loja. Así, según reportó Primicias, en El Oro, mineros salieron a protestar por la decisión.

Es que la Resolución indicaba que existe una contaminación ambiental generada por la minería en El Oro y Loja y que se ha “constatado la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles, en los ríos Calera y Amarillo pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango Tumbes”. También se indicaba que habrá una verificación de las plantas de beneficio. La marcha fue convocada por la Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio, Fundición y Refinación de Sustancias Minerales de la Provincia de El Oro (Aproplasmin).