Cuando una jueza tiene que parar una obra de USD 3,3 millones para que no se vierta concreto sobre una zona de desove, la pregunta incómoda no es por qué lo hizo, sino por qué hizo falta. Esa es la apuesta del proyecto que el asambleísta Franklin Samaniego ingresó a la Asamblea Nacional: que proteger una playa de anidación deje de depender de que alguien llegue a tiempo a una audiencia.