Del discurso global al abandono territorial: el Yasuní opera con 22 guardaparques y control mínimo al Bloque ITT

Bitácora Ambiental confirmó que el Parque Nacional Yasuní atraviesa un deterioro operativo más grave del advertido en diciembre de 2025. Actualmente el área protegida funciona con apenas 30 funcionarios (22 de ellos guardaparques) para controlar más de un millón de hectáreas atravesadas por minería ilegal, presión petrolera y expansión de la frontera extractiva. Algunas guardianías operan con un solo guardaparque y el seguimiento al Bloque 43 (ITT) depende de un único técnico. El caso se suma a un escenario más amplio de debilitamiento ambiental en la Costa y la Amazonía, donde hemos documentado reducción de controles, vacíos institucionales y decisiones estatales cada vez más desconectadas del territorio.

En diciembre de 2025, un memorando interno del entonces Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) alertó sobre la situación crítica del Parque Nacional Yasuní (PNY): falta de administrador, reducción de personal y riesgo operativo para el área protegida más importante del Ecuador continental. 

Cinco meses después, la realidad supera esa advertencia. Fuentes que recorren las comunidades del PNY confirmaron a Bitácora Ambiental que actualmente en el Parque Nacional trabajan apenas 30 personas, incluyendo personal administrativo. De ese total, solo 22 son guardaparques, quienes además deben rotar entre puestos de control, patrullajes y tareas operativas en un territorio de más de un millón de hectáreas. La cifra revela el nivel de deterioro institucional del parque que el Estado ecuatoriano promociona internacionalmente como “el sitio más biodiverso del planeta”.

Guardianías con un solo guardaparque

Con las desvinculaciones, se despidieron 17 funcionarios y un 38 % de la capacidad operativa del parque La reducción de personal ya tiene efectos concretos sobre el territorio. Según las fuentes consultadas, actualmente existen guardianías donde opera un solo guardaparque, una situación que vuelve prácticamente simbólicas las labores de vigilancia y control frente a amenazas crecientes como minería ilegal, tala, expansión de la frontera agrícola, cacería furtiva y presión petrolera.

El memorando de diciembre advertía precisamente este escenario: que la desvinculación del personal del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) dejaría puestos de control con “un número mínimo de guardaparques y un solo técnico para toda el área”. Eso es exactamente lo que terminó ocurriendo.

Una alerta que el Ministerio no escuchó

El documento enviado desde la administración del Parque Nacional Yasuní no fue una observación menor ni un trámite burocrático. Fue una advertencia institucional explícita. En el memorando, los funcionarios del parque solicitaron al MAATE tres medidas urgentes:

• “Se priorice la designación y contratación inmediata de un/a Administrador/a del Parque Nacional Yasuní”.

• “Se gestione la continuidad y estabilidad laboral del personal del área técnica de apoyo al Parque Nacional Yasuní del PRAS (...) para evitar la pérdida del 38 % del recurso operativo humano”.

• Y que el requerimiento fuera elevado “a la Presidencia de la República del Ecuador, dada la magnitud del riesgo institucional y operativo que enfrenta el área protegida y el patrimonio natural del Estado”. 

La solicitud llevaba además el respaldo del propio equipo del parque, que firmó el documento durante la reunión cuatrimestral de diciembre de 2025.  Hoy, los hechos muestran que la alerta no fue escuchada ni atendida.

El error administrativo que dejó al Yasuní sin personal

De acuerdo con las fuentes consultadas por Bitácora Ambiental, el 31 de diciembre de 2025 terminaron los contratos de prácticamente todo el personal PRAS asignado al parque. Solo cuatro personas permanecieron.

Las fuentes sostienen que los contratos se terminaron “por un error” administrativo y que posteriormente ya no se concretó la recontratación del personal desvinculado. La consecuencia fue inmediata: el Parque Nacional Yasuní perdió buena parte de su capacidad técnica y operativa. El propio memorando interno señalaba que la salida de 17 funcionarios del PRAS representaría un déficit cercano al 38 % del personal operativo. 

Pero el impacto va más allá de los números. El personal PRAS cumplía funciones clave vinculadas al seguimiento de actividades hidrocarburíferas, actualización de planes de manejo, coordinación territorial y monitoreo ambiental dentro y alrededor del parque. 

Un solo técnico para el Bloque 43 (ITT)

El dato más delicado tiene relación con el Bloque 43-ITT, uno de los proyectos petroleros más sensibles política y ambientalmente del país. Actualmente, existe un solo técnico encargado del seguimiento al Bloque 43, ubicado dentro del PNY.

La situación resulta especialmente grave considerando el contexto político y jurídico que rodea al ITT. El bloque permanece bajo escrutinio nacional e internacional tras la consulta popular de 2023, en la que la mayoría de ecuatorianos votó por detener la explotación petrolera en esa zona del parque.

Sin embargo, mientras el país discute el futuro petrolero del Yasuní, el control ambiental estatal parece reducirse a mínimos operativos. El memorando interno ya advertía que la salida del personal afectaría directamente el “seguimiento permanente a las actividades hidrocarburíferas e incidentes en los bloques petroleros” y específicamente el monitoreo de los bloques 31 y 43. Hoy ese seguimiento depende de un solo técnico.

Un patrón de abandono en la Costa y la Amazonía

La situación del Yasuní no aparece aislada. Forma parte de un deterioro más amplio en el sistema de control ambiental del país. Bitácora Ambiental ya documentó denuncias de guardaparques del Área Nacional de Recreación Playas Villamil, en Guayas, quienes alertaron sobre presuntas amenazas de despido, presiones internas y debilitamiento operativo en otra área protegida estratégica del país. 

En la Amazonía, Yasuní evidencia la pérdida progresiva de capacidad institucional precisamente en el parque donde convergen petróleo, minería ilegal, presión territorial y pueblos indígenas en aislamiento voluntario cuya protección es responsabilidad el Estado e incluso hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no se cumple.

El patrón comienza a repetirse: menos personal, menos control y más fragilidad institucional en territorios ambientalmente críticos.

El mito internacional y el vacío en territorio

Yasuní continúa siendo utilizado como símbolo global de biodiversidad y conservación. Organismos internacionales, cooperación ambiental y campañas oficiales mantienen la imagen del parque como un ícono ecológico planetario. Pero en territorio, la estructura pública encargada de protegerlo atraviesa uno de sus momentos más frágiles.

La paradoja es cada vez más evidente: mientras el discurso internacional sobre el Yasuní se fortalece, el aparato estatal de control ambiental se reduce.

El parque más biodiverso del planeta opera hoy con 22 guardaparques rotando entre guardianías, patrullajes y controles, algunos de ellos completamente solos en puestos estratégicos a merced de ingresos no autorizados, incursiones de madereros ilegales, cazadores furtivos o biopiratas.

¿Quién cuida el Yasuní? Es claro que ni Manzano ni a Juan Carlos Blum les interesan los temas vinculados a la biodiversidad ni la vida silvestre y que el Yasuní es un tema ajeno.