Galápagos y el palangre: un experimento que Ecuador no puede permitirse
- Franklin Vega
- hace 3 horas
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La presión para legalizar el palangre o long line en la Reserva Marina de Galápagos vuelve al debate público. Sus defensores prometen más ingresos para el sector pesquero, pero la evidencia científica muestra una realidad mucho más compleja. Un estudio científico en Marine Policy advierte que esta técnica de pesca puede aumentar significativamente la captura de especies protegidas, afectar la base ecológica del turismo y entrar en conflicto con el marco legal ambiental de Ecuador.
Marine Policy es la principal revista de estudios de política oceánica. Las publicaciones de Marine Policy buscan contribuir a la formulación y comprensión de la política marina, y ser de interés para académicos, partes interesadas y funcionarios.
El palangre o long line consiste en una línea de la cual penden decenas o cientos de anzuelos con carnada. Tal como se observa en la imagen.
El dilema no es técnico: es decidir si Galápagos seguirá buscando ser un santuario de biodiversidad o si se abrirá la puerta a un experimento que podría debilitar uno de los activos naturales más valiosos del país.
Hay decisiones políticas que revelan si un país entiende el valor de lo que tiene. En el caso de Galápagos, la pregunta es simple: ¿Ecuador quiere proteger uno de los ecosistemas únicos del planeta o está dispuesto a degradarlo por un beneficio económico marginal? (una pregunta que no se hacen quienes permiten la masificación del turismo en las islas).
La presión para legalizar el palangre dentro de la Reserva Marina de Galápagos vuelve una y otra vez. Siempre con el mismo argumento: aumentar la captura de atún y pez espada para exportación. La promesa repetida, que no se cumple: mejorar los ingresos del sector pesquero.
Pero cuando se revisa la evidencia científica, el relato se desmorona. Un estudio reciente publicado en Marine Policy y liderado por Gabriel Maciel de Souza Vianna analiza las implicaciones reales de permitir esta técnica en la reserva. El resultado es contundente: los beneficios económicos serían modestos, pero los costos ecológicos, legales y económicos podrían ser enormes.
El problema central es conocido desde hace décadas. El palangre no es selectivo. No solo captura atunes o pez espada. Captura lo que muerda el anzuelo y en Galápagos eso significa tiburones, mantarrayas, tortugas, aves marinas, lobos marinos. Especies que no solo están protegidas, sino que constituyen la esencia del archipiélago.
Las pruebas experimentales realizadas en la reserva han mostrado que hasta el 77 % de las capturas de palangre corresponden a especies protegidas. Es decir: legalizar el palangre en Galápagos equivaldría a institucionalizar la captura incidental de fauna que el propio Estado está obligado a proteger.
Hasta el 77 % de las capturas de palangre corresponden a especies protegidas.
El impacto no sería solo ecológico. También sería económico.
Galápagos no es una economía pesquera. Es una economía basada, en teoría, en la naturaleza. El turismo marino genera más de cien millones de dólares al año y miles de empleos. La pesca artesanal, en cambio, representa apenas una fracción de esa cifra.
Las especies que el palangre captura incidentalmente son precisamente las que sostienen ese modelo económico. Tiburones, mantarrayas y otras especies carismáticas son la razón por la que miles de buzos viajan cada año al archipiélago.
Debilitar esas poblaciones para incrementar modestamente la captura de peces exportables sería, en términos económicos, una apuesta absurda. Pero el problema no termina ahí.
Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución. La legislación ambiental obliga al Estado a prevenir la extinción de especies y a proteger aquellas en riesgo. Legalizar una técnica de pesca que captura regularmente especies protegidas no solo sería una mala decisión política. Podría entrar en conflicto directo con ese marco legal.
Además, enviaría una señal contradictoria al mundo, como la de la minería submarina del asambleísta Milton Aguas. Ecuador trata demostrar que sus pesquerías cumplen estándares internacionales de sostenibilidad y trazabilidad desde el 2019 cuando la Unión Europea impuso la Tarjeta Amarilla, que es un llamado de atención por no controlar la cadena de valor de la pesca ilegal. La reputación del país en los mercados internacionales depende en parte de esa credibilidad que ya fue debilitada con la prohibición de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) para exportar cinco especies de tiburones por inconsistencias entre las capturas reportadas y lo exportado.
Permitir el palangre en la reserva marina más emblemática del país sería exactamente lo contrario. En realidad, el debate sobre el palangre revela algo más profundo. No se trata solo de una técnica de pesca. Se trata de una visión de país.
Galápagos es uno de los pocos lugares del planeta donde la naturaleza aún funciona en gran escala, a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales como la alcaldesa de Santa Cruz de contaminarlas al no gestionar bien ni la basura ni las aguas servidas. Esa integridad ecológica, que en el mar aún se mantiene, es el activo más valioso del archipiélago. Destruirlo lentamente por presión sectorial sería una forma particularmente torpe de administrar el patrimonio nacional.
La pesca artesanal en Galápagos necesita soluciones. Nadie discute eso ya que en las islas hay desde pescadores que no pescan hasta "pluri-pescadores" que son funcionarios del Parque Nacional Galápagos, conductores de camionetas o empresarios turísticos. Pero esas soluciones no pasan por introducir artes de pesca más intensivas dentro de una de las áreas marinas protegidas más importantes del mundo.
El futuro del sector pesquero probablemente está en mejorar el valor de sus productos, fortalecer cooperativas, desarrollar certificaciones de sostenibilidad y aprovechar mejor los mercados premium sin agotar los recursos como ya pasó con el bacalao de Galápagos o el pez brujo que ahora se vende en Quito y Guayaquil. En otras palabras, pescar mejor. No pescar más, sino pescar mejor.
Galápagos ya enfrenta suficientes amenazas: presión demográfica, turismo que se masifica y consumo elevado de hidrocarburos. Añadir deliberadamente otra presión sobre sus ecosistemas sería un error difícil de justificar.
Porque al final la pregunta sigue siendo la misma. ¿Vale la pena arriesgar uno de los ecosistemas más valiosos del planeta por un negocio que, incluso en el mejor de los casos, representaría apenas unos pocos millones de dólares?
La respuesta debería ser obvia. Pero en política ambiental, lo obvio no siempre prevalece y las islas encantadas tienen ejemplos claros de cómo los intereses cruzados de unos pocos son los que prevalecen.
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