Informes internos del Ministerio del Ambiente revelan fallas en el control de la minería en Napo
- Franklin Vega
- hace 10 horas
- 4 min de lectura
Inspecciones oficiales documentaron ríos alterados, piscinas antitécnicas, escombreras inestables, combustibles sobre el suelo y concesiones sin regularización ambiental. Sin embargo, los propios documentos muestran que el seguimiento estatal fue irregular.
Bitácora Ambiental tuvo acceso a informes técnicos, actas de inspección y documentos internos del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) que evidencian las dificultades que ha tenido la autoridad ambiental para controlar la pequeña minería metálica en la provincia de Napo.
La documentación corresponde a inspecciones realizadas entre 2023 y 2025 en decenas de concesiones mineras y forma parte de un proceso institucional de control que todavía no concluye. Aunque las observaciones mantienen carácter preliminar, los hechos descritos provienen de reportes elaborados por los propios equipos técnicos del Ministerio durante sus verificaciones en campo.
Un control que nunca llegó a todas las concesiones
Los documentos revisados muestran que el Ministerio programó inspecciones ambientales en decenas de concesiones de pequeña minería. Sin embargo, la ejecución fue parcial y en varios casos no existe respaldo documental que explique por qué unas concesiones fueron inspeccionadas y otras quedaron fuera del seguimiento.
En varios períodos también aparecen inspecciones efectuadas sin una planificación claramente documentada o cronogramas que no identificaban las áreas específicas que serían visitadas.
Como consecuencia, parte de las concesiones terminó sin un seguimiento ambiental completo durante el período revisado.
Los propios informes describen el daño
Las actas técnicas contienen descripciones detalladas de impactos ambientales observados directamente por los inspectores.
En la concesión Arianita, por ejemplo, los técnicos registraron modificación del cauce del río Pinoculín, remoción de cobertura vegetal, cortes de explotación abandonados, piscinas sin cierre técnico y posibles descargas de aguas contaminadas hacia áreas de protección hídrica. También dejaron constancia de escombreras dispersas y afectación sobre el suelo y la vegetación ribereña.
En Huambuno 1, los informes describen piscinas de sedimentación construidas de manera antitécnica, desbordamientos que descargaban directamente al río Huambuno, obstrucción parcial del cauce con material rocoso y continuidad de actividades mineras pese a una suspensión administrativa previa.
Las inspecciones en Huambuno 2 y Huambuno 3 registran pérdida de cobertura vegetal, alteración del cauce del río, descargas directas sin tratamiento, maquinaria pesada operando, al menos catorce piscinas activas y frentes de explotación ubicados junto al cuerpo hídrico.
Mientras tanto, en Anzu Norte y Confluencia, los inspectores documentaron almacenamiento inadecuado de combustibles y residuos peligrosos, escombreras construidas sin criterios técnicos, contaminación potencial del suelo por hidrocarburos y piscinas de sedimentación activas.
En Jerusalén y Regina 1 S también se registraron piscinas antitécnicas, escombreras deficientes y ausencia de autorizaciones relacionadas con el uso del recurso hídrico.
Concesiones sin licencia ambiental
Los documentos internos revisados también muestran que una parte importante de las concesiones analizadas no contaba con licencia ambiental vigente.
En varios expedientes aparecen estudios de impacto ambiental pendientes de revisión durante meses e incluso años. Entre ellos figuran Judith, Arajuno Resources, Río Misahuallí, Victoria 1, Cathy y Susana, cuyos procesos administrativos continuaban sin resolución definitiva durante el período examinado.
Hallazgos repetitivos
Más allá de las diferencias entre concesiones, los informes técnicos repiten un mismo patrón:
modificación de cauces de ríos;
descargas directas de sedimentos;
piscinas de sedimentación construidas sin criterios técnicos;
escombreras inestables;
remoción de cobertura vegetal;
manejo inadecuado de combustibles y sustancias peligrosas;
residuos almacenados directamente sobre el suelo.
Se trata de observaciones registradas por inspectores del propio Ministerio durante recorridos oficiales en territorio.
La pregunta pendiente
Los documentos revisados por Bitácora Ambiental forman parte de un proceso institucional que continúa en desarrollo y, por tanto, las observaciones mantienen carácter preliminar. Sin embargo, los informes técnicos revelan un patrón consistente: durante varios años, los equipos de inspección del propio Estado documentaron alteraciones de cauces, deforestación, manejo inadecuado de sustancias peligrosas y otras afectaciones ambientales en distintas concesiones de pequeña minería en Napo.
La principal interrogante ya no parece ser si esos impactos existieron, sino qué ocurrió después de que fueron documentados por la autoridad ambiental. Esa es precisamente la información que permitirá determinar el alcance de las acciones de control y las medidas adoptadas para prevenir, sancionar o reparar los daños identificados.
Bitácora solicitó la versión oficial del Ministerio
Con el propósito de contrastar la información contenida en los informes técnicos revisados para este reportaje, el 6 de julio de 2026 Bitácora Ambiental presentó una solicitud formal de acceso a la información pública dirigida al Ministerio del Ambiente y Energía.
La petición requiere información sobre el número de inspecciones realizadas entre 2023 y 2026, los criterios utilizados para seleccionar las concesiones inspeccionadas, el estado de las licencias ambientales, las medidas de restauración ordenadas, los procesos administrativos sancionatorios y la situación de varias concesiones de pequeña minería en Napo, entre ellas Arianita, Huambuno 1, Huambuno 2, Huambuno 3, Anzu Norte, Confluencia, Jerusalén, Regina 1 S y Jaguar 1. La solicitud también fue remitida a la Viceministra del Ambiente y Marino Costero, a la Subsecretaría Territorial Estratégica y de Información y a la Dirección de Comunicación Social.
Comentarios