Primero se construye, después se busca el agua: el camal de Pastaza avanza sin una fuente hídrica demostrada
Con el 12 % de la obra ejecutada y un anticipo de USD 1,3 millones, el técnico responsable de la vía reconoció que aún falta prospectar el pozo y tramitar los permisos. El expediente revisado no incluye licencia, prueba de bombeo ni certificado de disponibilidad.
En los documentos del nuevo Centro de Faenamiento de Pastaza hay agua potable; sí, en papeles. Esa es la versión de los certificados. En el contrato, en cambio, el Municipio paga por perforar un pozo de 40 metros, instalar una cisterna de 32 m³ y comprar una bomba sumergible. Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez, o al menos nadie ha explicado cómo lo serían.
La contradicción no es la única. Un análisis de 99 archivos PDF y 2.101 páginas del expediente, más la entrevista a uno de los técnicos de la obra, muestra un proyecto que avanza entre versiones incompatibles sobre el agua, el saneamiento y los cursos hídricos que atraviesa.
Una precisión necesaria: la ausencia de un permiso en estos archivos no demuestra que el permiso no exista. Significa, de forma más limitada y verificable, que no consta en el paquete revisado. Esa diferencia atraviesa todo este reportaje.
Los números del camal
El contrato LICO-GADMCPZ-2026-001 fue adjudicado al Consorcio Pastaza CFP por USD 3.754.371,46 sin IVA, con un plazo de 240 días. El anticipo del 35 % equivale a USD 1,31 millones. El predio, de 9,46 hectáreas, está en la parroquia 10 de Agosto. La planta de tratamiento portátil cuesta USD 162.436,83. Según el técnico entrevistado, la obra va por el tercer mes y alrededor del 12 % de avance.
Los datos básicos
Contrato | LICO-GADMCPZ-2026-001 |
Contratista | Consorcio Pastaza CFP |
Monto | USD 3.754.371,46480 sin IVA |
Plazo | 240 días calendario |
Anticipo | 35 %, equivalente a USD 1.314.030,01268 |
Predio | 9,46 hectáreas; parroquia 10 de Agosto |
Acceso | Vía contratada; 8.640 m² de replanteo/nivelación y asfaltado |
Solución hídrica contractual | Pozo de 40 m, cisterna de 32 m³ y bomba sumergible |
Saneamiento contractual | PTAR portátil, montaje y prueba: USD 162.436,83 |
Estado mencionado en video | Tercer mes y aproximadamente 12 % de avance, según el técnico |
El agua: certificada y a la vez por buscar
El Anexo P01 marca “sí” en agua potable. El certificado de servicios básicos de Planificación, del 16 de julio de 2025, dice que el sector tiene suministro “con la cobertura del sector”. Ninguno de los dos documentos prueba que exista conexión, presión, caudal o continuidad en el punto exacto del proyecto.
Moradores y la fuente que entregó el expediente aseguran que en el lugar no hay conexión operativa de agua potable ni de alcantarillado. Esa constatación aún debe confirmarse con una inspección conjunta, mediciones y planos actualizados de la empresa municipal EMAPAST-EP. Pero coincide, al menos en parte, con una decisión del propio contrato: buscar agua bajo tierra.
Y ahí aparece lo más llamativo. En la entrevista publicada por Eco Amazónico (https://www.facebook.com/share/v/19TZtAiCPq/), Carlos Moya, identificado como técnico responsable de la vía e integrante del equipo constructor, explicó en el minuto 10:28 que se haría una prospección para saber dónde extraer agua y que después se acudiría a la autoridad. Lo dijo con la obra en su tercer mes. Es decir, primero se contrata, se anticipa y se construye. La fuente de agua se demuestra después.
La Ley de Recursos Hídricos exige licencia para explorar y alumbrar aguas subterráneas y autorización para usarlas. La guía técnica de ARCA pide una prueba de bombeo que confirme la disponibilidad. En el paquete revisado no constan la licencia, el certificado de disponibilidad, la autorización, un estudio hidrogeológico ni una prueba de bombeo del proyecto. Sin ellos no se puede verificar que el acuífero entregue el caudal que necesita un camal sin afectar pozos o nacientes vecinas.
Un “pozo profundo” que se lee como sondeo geotécnico
El presupuesto habla de “construcción de pozo profundo”. Pero el rubro central de perforación describe un taladro diamantado, extracción de núcleos y ensayos geotécnicos (SPT, Lugeon, Lefranc). Es el lenguaje de la exploración del suelo, no el de un pozo productivo. No se definen diámetro, revestimiento, empaque de grava, sello sanitario ni protección contra contaminación.
La bentonita, además, aparece en el rubro de “desinfección”, aunque su ficha técnica la describe como material para mejorar una puesta a tierra. Tampoco se describe un sistema integral de filtración y cloración. Tres análisis de agua son necesarios, pero no vuelven potable el agua subterránea.
Alcantarillado: una factibilidad que presupone redes que otros papeles niegan
La factibilidad de EMAPAST-EP (septiembre-octubre de 2024) parte de que frente al predio existen matrices sanitaria, pluvial y de agua potable. Tenía vigencia de dos años, que ya pasaron, y no consta una actualización en el material entregado.
El mismo expediente trae un P01 sin alcantarillado, una planta de tratamiento propia y, según el técnico, una descarga de las aguas tratadas a un estero. Si las redes existen y tienen capacidad, falta explicar por qué se descartó conectarse. Si no existen, hay que corregir la base de la factibilidad y del registro ambiental.
Siete riachuelos que el plan ambiental no mira
Moya fue directo: “son siete riachuelos los que se están interviniendo”. Habló de unas siete alcantarillas, de un curso mayor cerca de la abscisa 900 y de un sector donde las crecidas alcanzan unos 2,5 metros y el cauce mide entre siete y diez.
El Plan de Manejo Ambiental, por su parte, incluye una medida que exige ubicar el proyecto al menos a 100 metros de un cuerpo de agua. La marca como “no aplicable”.
La ficha ambiental identifica la zona como rural. Pero para descartar medidas sobre vegetación, fauna o agua, afirma que el sitio es una zona “consolidada e intervenida” y con “debido suministro de agua”. La topografía municipal habla de un “lote rural área verde” de 94.600 m². No es un matiz semántico: si el sitio es rural y sin red, cambian la demanda sobre el recurso, los riesgos de contaminación y las medidas de control.
En el paquete no hay memorias hidrológicas por cruce, inventario georreferenciado, caudales de diseño, análisis de socavación ni autorizaciones para intervenir cauces. Podrían existir fuera del paquete. Son, justamente, lo primero que debe pedirse.
Estudios “completos” que se corrigen en obra
Al inicio de la entrevista, el técnico sostuvo que una contratación pública exige estudios completos y que el constructor trabaja con lo que entrega el Municipio. Más adelante admitió que ciertas alcantarillas estaban sobre el nivel del agua y debían reabrirse o corregirse, sin costo adicional para la entidad. Dijo también que muchos estudios no visualizan la realidad de la obra.
Eso no prueba negligencia. Pero contradice la idea de un diseño cerrado. Cada corrección debería quedar documentada con la no conformidad, el rediseño, las cotas verificadas, el costo y la recepción técnica.
En el acta de preguntas del proceso, un oferente pidió memorias estructurales, hidrosanitarias y eléctricas. La entidad respondió que la información era referencial y que la responsabilidad recaía en el consultor. En una obra por precios unitarios, queda entonces la pregunta de qué diseño firmado gobierna realmente lo que se construye.
Un incendio de datos: caldero, incinerador y “sin fuentes fijas”
El plan ambiental señala que el proyecto no tendrá fuentes fijas de combustión. Las especificaciones técnicas incluyen un caldero a diésel de 15 BHP y un incinerador con quemador y tanque de diésel.
El técnico dijo que la sangre sería incinerada. No hay un balance de masa que indique cuánta sangre, contenido ruminal, lodo y grasa se generará por jornada ni qué parte se quemará, valorizará o entregará a un gestor. Tampoco se aclara qué emisiones y cenizas dejará esa incineración.
La planta de tratamiento: USD 162 mil y una promesa del 95 %
La especificación describe el proceso de forma general, pero no fija caudal, cargas de entrada, consumo de químicos, redundancia, calidad garantizada del efluente ni protocolo de aceptación. En el video, Moya habló de una aspiración de tratar más del 95 %. No dijo de qué: ¿demanda bioquímica de oxígeno, sólidos, grasas, patógenos? Un porcentaje sin concentración de entrada ni límite de salida no es una garantía ambiental.
El propio plan ambiental exige monitoreo semestral con laboratorio acreditado de una larga lista de parámetros. Esa lista debería estar ya en las especificaciones de diseño y aceptación, no solo como obligación futura.
La asambleísta María Cristina Acuña Vaca, solicitó al Alcalde de Puyo información sobre el nuevo Camal y la eventual afectación fuentes y cauces de agua existentes en el sector, entre ellos los denominados Ojos de Agua de Los Guaduales.
Una vía, una lotización y un tanque en predio ajeno
Cuando la entrevistadora planteó que el Municipio construía dentro de una propiedad privada, Moya respondió que se trataba de una lotización aprobada y la vía estaba planificada. Admitió, sin embargo, que no podía identificar la ordenanza o el acto de aprobación. Una lotización aprobada no convierte automáticamente sus calles en dominio público: se requieren planos aprobados, cesiones, actas de entrega-recepción e inscripción, o una servidumbre, expropiación o convenio.
La vía no es un detalle menor. Solo los cuatro primeros subtotales del contrato (preliminares, asfaltado, drenajes y señalización) suman unos USD 627.774 sin IVA. La finalidad pública del acceso es evidente. Falta la cadena jurídica que habilita cada metro intervenido.
El técnico reconoció además que un tanque de combustible fue colocado en un predio sin saber que pertenecía a un tercero y que sería retirado. Y admitió un incidente por la turbidez y el cierre de agua hacia un dique, que atribuyó en buena parte a la lluvia y el arrastre. La entrevista no permite saber qué sustancia escapó, cuánto, dónde ni qué muestreo se hizo. Por eso se requieren el parte del incidente, fotografías, análisis aguas arriba y abajo y el cierre aprobado por fiscalización y autoridad ambiental.
Lo que sí está respaldado
La ubicación rural, no invalida el proyecto. El Plan de Uso y Gestión de Suelo 2020-2032 propone reubicar el camal en la vía a 10 de Agosto, zona ganadera, y exige una planta propia de tratamiento y un sistema de recolección. El contrato reserva recursos para acceso, drenajes, cisterna, pozo, bombeo y planta. Existe un registro ambiental que cubre las cuatro fases de la obra y obliga a monitoreo e información veraz. El estudio de suelos, además, identifica un terreno de limo de alta plasticidad y recomienda al menos 0,80 m de mejoramiento.
Es planificación parcial. No resuelve el vacío central: demostrar, antes de que las obras sean irreversibles, que el agua alcanza, es potable y está autorizada, que la planta de tratamiento cumple con cargas reales y que la vía no altera fuentes ni derechos de terceros.
Tener agua, además, no basta. El manual de Agrocalidad trata la potabilidad como requisito crítico para habilitar un matadero. Y una cisterna de 32 m³ no puede evaluarse sin saber cuántos bovinos y porcinos se faenarán por turno y cuánta agua se usará por cabeza, limpieza, caldero y reserva contra incendios. Esa memoria de demanda no aparece.
Diez preguntas para el Municipio
Se envió un cuestionario extenso a la Alcaldesa subrogante de Puyo. Esperamos sus respuestas; mientras tanto, tenemos estas:
¿Existe hoy una acometida operativa de agua potable y alcantarillado en el predio? ¿Con qué presión, caudal y capacidad?
¿Cuál es la fuente definitiva de agua y dónde constan licencia, disponibilidad, autorización y prueba de bombeo?
¿Qué consumo diario y máximo se calculó por animal y turno?
¿Qué planta se suministrará y qué límites de efluente garantiza por parámetro?
¿A qué estero se descargará, en qué coordenadas y con qué autorización?
¿Cuáles son los siete riachuelos, qué caudal tiene cada cruce y dónde están los permisos?
¿Qué ocurrió en el incidente del dique y qué muestreos y remediación se documentaron?
¿Son públicas las calles de la lotización y cuál es la base jurídica de la inversión?
¿Qué versión firmada de planos y cálculos gobierna la obra y quién responde por los rediseños?
¿Se actualizó el plan de manejo ambiental para reflejar pozo, cuerpos de agua, caldero, incinerador, combustibles y descarga real?
Antes de que la obra sea irreversible
La evidencia recopilada en los documentos justifica un alto técnico. Antes de perforar el pozo, cerrar cruces, instalar la planta o fijar la descarga, el Municipio y la fiscalización deberían hacer una inspección conjunta georreferenciada, decidir formalmente entre red pública y sistema autónomo, realizar la prueba de bombeo, publicar la memoria de la planta y los diseños hidráulicos de cada cruce, actualizar el expediente ambiental y pedir una preinspección de Agrocalidad.
El proyecto puede ser viable. Para demostrarlo, la entidad debe reemplazar certificados generales y promesas de obra por mediciones, diseños firmados, autorizaciones y pruebas.
Fuentes: expediente entregado para revisión (documentos D1-D12); entrevista de Eco Amazónico a Carlos Moya (13:53, consultada el 14 de octubre de 2026); Plan de Uso y Gestión de Suelo de Pastaza 2020-2032; manual de Agrocalidad para habilitación de mataderos; guía técnica de ARCA sobre prueba de bombeo; Ley Orgánica de Recursos Hídricos.
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