En una orilla, kayaks; en la otra, minería ilegal: la suspensión que no llegó al Jatunyacu
Mientras en la playa de Shandia se premiaba a los competidores de la tercera edición del Jatunyacu Kayak Freestyle, en la orilla opuesta las excavadoras alimentaban clasificadoras de oro. En un recorrido fluvial entre la Laguna Azul y Puerto Napo, Bitácora Ambiental contó 35 dragas, 12 de ellas operando. La escena ocurre ocho meses después de que el Gobierno suspendiera la minería en las concesiones aledañas a la cuenca del Napo y cuando la Fundación Río Napo exige convertir una franja de 100 metros en cada margen de los ríos turísticos en una zona de exclusión minera efectiva.
En la playa de la comunidad Kichwa de Shandia, la minería no se detiene en la otra orilla. Fotos: Bitácora Ambiental
En la playa de la comunidad kichwa de Shandia, el aplauso y el ruido de los motores compartían el mismo río. En una orilla acababa la tercera edición del Jatunyacu Kayak Freestyle: palistas, familias y organizadores asistían a la premiación. En la otra, una excavadora movía tierra hacia una clasificadora para buscar oro. No era una metáfora preparada para una cámara. Era el paisaje del sábado 24 de octubre de 2026.
El Jatunyacu baja desde los Llanganates y, antes de Puerto Napo, se encuentra con el Anzu para formar el río Napo. En esa confluencia, las aguas todavía dibujan una frontera visible: el Jatunyacu llega claro; el Anzu, cargado de sedimentos, llega color chocolate. El color del agua, por sí solo, no reemplaza un análisis químico ni permite atribuir toda la turbidez a una sola causa. Pero el contraste resume una advertencia que los mapas satelitales sí sostienen: el Anzu ha soportado una expansión minera mucho mayor y el Jatunyacu avanza por la misma pendiente.
Ese día, un equipo de Bitácora Ambiental descendió en rafting desde la Laguna Azul, cerca de Pungara Lodge, hasta Puerto Napo. Desde el agua contó 35 dragas instaladas o estacionadas en las orillas; 12 estaban operando. En por lo menos cinco frentes, las excavadoras depositaban material directamente en clasificadoras tipo Z. En otros dos puntos, los volquetes alimentaban plantas de lavado de escala industrial, capaces —según la estimación de campo— de recibir alrededor de 15 metros cúbicos de tierra por descarga.
El conteo corresponde a una observación directa durante un solo recorrido. No es un censo provincial ni identifica por sí mismo al propietario de cada máquina, la concesión en la que estaba o su situación administrativa. Tampoco hace falta exagerarlo: la escala ya es suficientemente elocuente. Lo que se veía desde el río no era minería de batea ni una actividad furtiva que el Estado pudiera alegar que no detectó. Eran excavadoras, dragas, volquetes y clasificadoras a plena vista.
La publicación realizada ese mismo día por Bitácora Ambiental mostró la contradicción de Shandia. Tres días después, el colectivo Napo Ama La Vida denunció que operadores mineros trabajaban en Alto Shandia, a unos 20 metros de oficinas del Ministerio de Ambiente y Energía, pese a las alertas comunitarias. Esa es una denuncia pública que vuelve imposible la excusa de la lejanía: aquí la minería no se esconde selva adentro; se instala junto a la institucionalidad que debería controlarla.
Shandia: el turismo regresó esporádicamente, las máquinas nunca se fueron
La imagen de los kayakistas compitiendo frente a la minería tiene un antecedente incómodo. En enero de 2026, durante el primer recorrido periodístico por los llamados “territorios liberados” de Napo, Bitácora Ambiental encontró en Shandia siete quioscos abandonados. Un vecino recordó entonces que allí llegaban cientos de visitantes y señaló la orilla intervenida: “¿Quién quiere viajar para ver eso?”.
Nueve meses después, los deportistas habían vuelto. También la maquinaria. Esto no es una muestra de convivencia entre actividades. El rafting depende de un río vivo, de su paisaje, de la calidad del agua y de la seguridad de sus usuarios. La minería aluvial remueve la cobertura vegetal, excava las riberas, altera cauces y deja piscinas y montículos. Una actividad necesita que el río conserve su integridad; la otra obtiene rentabilidad al destruirlo. No compiten en igualdad de condiciones: el turismo y el deporte asumen el deterioro que la extracción deja fuera de sus cuentas.
La Fundación Río Napo lo planteó en términos jurídicos en un oficio enviado a la Presidencia el 14 de septiembre de 2026. Los ríos turísticos, argumentó, no son únicamente cuerpos de agua: son espacios públicos naturales vinculados con la cultura, la recreación, el deporte y una economía local sostenible. El documento fue recibido con el número PR-RD-2026-08334-E. El comprobante acredita su ingreso, no que el pedido haya sido aceptado ni ejecutado.
Una orden de suspensión escrita sobre agua
La minería que vimos en octubre llega después de una cadena de advertencias, operativos y resoluciones que, leídas juntas, describen menos una falta de información que una falla de cumplimiento.
El 27 de mayo de 2025, una resolución de la Coordinación Zonal Norte suspendió la exploración y explotación en Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, las cuatro concesiones del Proyecto Minero Tena, de Terraearth Resources S.A. La medida debía mantenerse hasta que la autoridad ambiental levantara la suspensión de la licencia.
El 25 de noviembre de ese año, la Fundación Río Napo volvió a escribir al Ministerio de Ambiente y Energía. Solicitó suspender la explotación y los procesos de regularización ambiental en cinco concesiones que, según el oficio, no contaban con licencia ambiental u otros actos administrativos previos: Cathy, Victoria 2, Victoria 1, Arianita y Arajuno Resources. El análisis, basado en imágenes Planet Scope y elaborado con apoyo técnico de EcoCiencia, calculó 178,83 hectáreas afectadas hasta julio de 2025 en esas concesiones y en áreas fuera de concesión.
Los mapas del oficio muestran que la expansión no era residual. En uno de los sectores analizados había 144,78 hectáreas intervenidas; 99,56 hectáreas, el 69 %, aparecieron entre junio de 2024 y julio de 2025. En otro tramo se identificaron 67,45 hectáreas; 46,15 hectáreas, el 68 %, correspondían al mismo periodo. La Fundación sostuvo que el avance seguía de manera “programada y sistematizada” pese a sus solicitudes de inspecciones y operativos.
El 2 de febrero de 2026, el Gobierno elevó la respuesta. La Resolución MAE-MAE-2026-0005-RM reconoció afectación ambiental en Napo ante la presencia de minería ilegal y dispuso la suspensión total de actividades mineras en las concesiones aledañas a la cuenca hidrográfica del río Napo. También ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, colocar y vigilar sellos, efectuar controles cada 15 días, monitorear la calidad del agua para identificar metales pesados, exigir planes de acción a los titulares y ejecutar mecanismos de protección hídrica.
Dos días después, Bitácora Ambiental registró la salida de camiones y retroexcavadoras de Puerto Napo, Talag y Carlos Julio Arosemena Tola. La resolución movió maquinaria, pero no reparó ríos ni desmontó la economía ilegal. El repliegue duró poco: el informe MAAP #249 recoge que el 17 de febrero comuneros ya reportaban una presunta reactivación nocturna en el sector de Puerto Napo. En mayo, colectivos consultados por Primicias denunciaron operaciones reactivadas en al menos diez comunidades (), entre ellas Talag, Nueva Jerusalén, Sindy y Huambuno.
La escena de octubre en el Jatunyacu es el siguiente cuadro de esa secuencia. Una suspensión que necesita ser anunciada varias veces, mientras las máquinas vuelven una y otra vez, no es una política de control: es un intervalo en la producción.
Los mapas ya midieron lo que el río muestra
El informe MAAP #249, publicado el 24 de agosto de 2026 por Amazon Conservation y EcoCiencia, actualizó el monitoreo con imágenes satelitales de alta resolución. Entre 2017 y marzo de 2026 identificó 2.321 hectáreas afectadas por minería de oro en cinco zonas activas del sur de Napo. De ese total, 580 hectáreas de nuevo impacto aparecieron durante 2025 y el primer trimestre de 2026.
En el corredor del Jatunyacu, la superficie deforestada acumulada llegó a 561 hectáreas hasta el primer trimestre de 2026: 59 hectáreas más que las registradas hasta enero de 2024. En el Anzu, la cifra alcanzó 806 hectáreas, con un incremento reciente de 171. El informe documentó allí piscinas de sedimentación, pérdida de cobertura vegetal, erosión, campamentos, maquinaria operativa y bermas que pueden desviar el cauce. También registró intervenciones en el entorno de un petroglifo reconocido en el sistema nacional de patrimonio cultural.
Por eso la confluencia cerca de Puerto Napo pesa más que una postal de dos colores. El Anzu enseña la magnitud que alcanza la minería cuando la expansión deja de ser un frente y se convierte en paisaje. Declarar perdida esa cuenca sería renunciar a su restauración; ignorar lo ocurrido sería preparar el mismo destino para el Jatunyacu.
Los datos del pedido de la Fundación Río Napo permiten acercar todavía más el lente. Para las cuatro concesiones del Proyecto Minero Tena, su análisis calculó 434,17 hectáreas afectadas entre marzo de 2017 y septiembre de 2024. El 71 %, unas 308,50 hectáreas, apareció después de la licencia ambiental otorgada en noviembre de 2022. Dentro de la franja de 100 metros a cada margen del Jatunyacu se contabilizaron 286,25 hectáreas intervenidas; 176,08 correspondían al periodo posterior a esa licencia.
Estas cifras provienen de una petición de la Fundación sustentada en análisis de EcoCiencia y plantean una pregunta que la autoridad debe responder con expedientes, inspecciones y coordenadas públicas: ¿cómo creció tanto la huella dentro de una zona que debía tener protección hídrica y estar sujeta a un plan de manejo?
Estar dentro del catastro no vuelve legal una operación
El MAAP calculó que alrededor del 2 % de la superficie minera detectada en el corredor del Jatunyacu estaba fuera del catastro minero. Leído sin contexto, ese porcentaje puede dar la impresión de que el 98 % restante era legal. No significa eso.
El catastro indica la existencia de un derecho o un polígono minero; no reemplaza la licencia ambiental, el permiso de agua, el plan de manejo, las autorizaciones para cada fase ni el cumplimiento de una suspensión. Una concesión tampoco convierte en autorizada cualquier operación de terceros dentro de sus límites. La diferencia es crucial en Napo, donde una investigación publicada por Bitácora Ambiental y medios aliados en noviembre de 2024mdocumentó cómo los límites entre minería formal e ilegal se desdibujan mediante contratos, incumplimientos y ausencia de control.
Terraearth ha defendido públicamente la legalidad de sus contratos de operación. Tras la suspensión de mayo de 2025, una abogada de la compañía dijo a Primicias que la empresa había presentado el plan de acción exigido, que esperaba una respuesta oficial y que cuestionaba el protocolo usado para tomar muestras de agua. Esa posición empresarial debe constar. También debe constar que, según el oficio de septiembre de 2026, la suspensión del Proyecto Minero Tena seguía siendo uno de los antecedentes administrativos y que el pedido de exclusión se apoyó precisamente en la persistencia de afectaciones.
La obligación de aclarar qué frente está autorizado, cuál está suspendido y quién responde por cada máquina es del Estado. Trasladar esa carga a las comunidades, a los deportistas o a quien navega con una cámara es otra forma de abandonar el territorio.
Cien metros para que un río siga siendo río
La propuesta central de la Fundación Río Napo es concreta: declarar zonas de exclusión minera de 100 metros en cada margen de los ríos de interés turístico y de sus afluentes en Napo. El pedido fue dirigido al presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero, CONIM, y solicita activar ese organismo, conformar una mesa técnica, trabajar en territorio y delimitar las franjas.
La propuesta no inventa la medida desde cero. El artículo 64 del Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos establece como referencia una zona de protección hídrica de 100 metros de ancho desde el cauce, susceptible de variación por razones técnicas que debe determinar la Autoridad Única del Agua junto con la autoridad ambiental. Pero una zona de protección hídrica condiciona usos; no se convierte por sí sola, sin delimitación, reglas y control, en una prohibición minera operativa. Ese es justamente el salto que exige la Fundación: pasar de una franja dibujada en la norma a una zona de exclusión que pueda verificarse en el terreno.
El MAAP llega a una recomendación coincidente: delimitar y hacer efectiva una zona de exclusión de al menos 100 metros en cada margen de ríos, quebradas y cuerpos de agua superficiales de la Circunscripción Territorial Amazónica; incorporarla a la planificación territorial y a la regularización ambiental; y acompañarla con monitoreo geoespacial, inspecciones y alertas tempranas. También propone un sistema de trazabilidad para excavadoras, dragas, bombas y clasificadoras.
La franja no resolvería por sí sola la minería ilegal ni restauraría las hectáreas destruidas. Tampoco reemplazaría el control de combustibles, la investigación penal, las sanciones a titulares que toleren operaciones ilícitas o la remediación. Pero fijaría un límite comprensible y auditable: a esta distancia del agua no se mina. En un territorio donde la legalidad cambia de nombre al cruzar la línea de una concesión, un límite físico puede ser más difícil de diluir.
Además, proteger cien metros a cada lado no es un lujo paisajístico. Las riberas sostienen el cauce, amortiguan crecidas, retienen sedimentos, conectan bosque y agua y hacen posible que el río sea espacio de alimento, movilidad, recreación y turismo. En el Jatunyacu, esa economía tiene rostros: guías, boteros, alojamientos, restaurantes, artesanos, kayakistas y comunidades. La minería extrae el oro una vez; un río conservado produce bienestar durante generaciones.
El Estado ya no puede decir que no sabía
Al Gobierno no le faltan alertas. Tiene resoluciones, mapas, coordenadas, pedidos formales, fotografías, imágenes satelitales y denuncias comunitarias. Tiene una orden de controles quincenales. Tiene un comité creado para enfrentar la ilegalidad minera. Tiene, incluso, oficinas frente a lugares donde los colectivos denuncian operaciones. Lo que falta es que toda esa arquitectura llegue al río.
El sábado 24 de octubre, el Jatunyacu ofreció una prueba que no cabe en un boletín oficial. En Shandia, mientras un grupo celebraba la destreza necesaria para leer la corriente, al frente las máquinas trituraban la orilla. Una actividad premiaba a quienes saben moverse con el río; la otra premiaba a quien logra remover más tierra.
No se trata de escoger una fotografía bonita sobre una fea. Se trata de decidir qué economía protege el Estado y quién paga la cuenta. El oro se privatiza; la turbidez, los huecos, la pérdida de paisaje y el costo de restauración se reparten entre todos.
El Anzu ya muestra lo que ocurre cuando la intervención se normaliza hasta confundirse con el cauce. El Jatunyacu todavía conserva tramos cristalinos, rápidos, playas y una comunidad deportiva que vuelve. Ese “todavía” es la última frontera.
La zona de exclusión minera de 100 metros que pide la Fundación Río Napo no es una consigna ornamental. Es una medida mínima para impedir que la siguiente edición del festival tenga que premiar kayakistas entre dragas. Si el Estado no puede mantener las excavadoras a cien metros de un río turístico —ni siquiera cuando los colectivos denuncian que trabajan a metros de sus oficinas—, la suspensión seguirá existiendo solo en el papel.
Y el papel, a diferencia del Jatunyacu, no forma el río Napo.
Descarga editorial. El 6 de julio de 2026, presentamos ante el Ministerio de Ambiente y Energía la Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2026-42515. La solicitud pidió el detalle de las inspecciones ambientales realizadas entre 2023 y 2026, el número de concesiones con licencia o en regularización, el estado de procesos sancionatorios y expedientes específicos, y las medidas de restauración o reparación ordenadas en Napo. Hasta el cierre de este reportaje, el Ministerio había remitido respuestas parciales y derivado la información de fondo a la oficina zonal competente. Esa dependencia no ha contestado. En consecuencia, Bitácora Ambiental no ha recibido el inventario oficial completo que permita contrastar, concesión por concesión, las operaciones observadas con su estado ambiental y administrativo.
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