Conolophus bajo la lupa: conflicto de interés y cuestionamientos ambientales llegan a la Asamblea Nacional

El proyecto solar de USD 60 millones en Galápagos enfrenta dudas por un posible conflicto de interés en consultorías ambientales, un estudio de impacto cuestionado por basarse en análisis de escritorio y un pedido de fiscalización presentado en la Asamblea Nacional.

El asambleísta David Arias pidió información al Parque Nacional Galápagos sobre el caso Naturgal y el proyecto solar Conolophus, mientras análisis técnicos advierten debilidades en el estudio ambiental del proyecto.

El proyecto energético que promete reducir el uso de diésel en el archipiélago enfrenta un doble cuestionamiento: la posible coexistencia entre funciones públicas y consultorías privadas vinculadas al proyecto; y, las advertencias de expertos de la CAF, el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (antes Corporación Andina de Fomento) sobre un estudio ambiental elaborado mayoritariamente desde escritorio para uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.

El proyecto solar Conolophus, presentado como una de las principales apuestas para reducir la dependencia del diésel en la generación eléctrica de Galápagos, vuelve a quedar bajo escrutinio. Esta vez no solo por los cuestionamientos ambientales y administrativos que rodean su desarrollo, sino porque el caso ha llegado formalmente a la Asamblea Nacional.

El asambleísta por Galápagos David Arias remitió el Oficio de Requerimiento de Información AN-AMJD-2026-0012-ORI, fechado el 13 de marzo de 2026, dirigido a la Dirección del Parque Nacional Galápagos. En el documento solicita información oficial sobre un presunto conflicto de intereses relacionado con el proyecto solar Conolophus y con la empresa Naturgal Soluciones Ambientales y Técnicas Galápagos Cía. Ltda.

El pedido legislativo surge luego de que se difundieran documentos que revelan vínculos entre consultorías ambientales, funcionarios públicos y proyectos estratégicos dentro del archipiélago. Como el caso de la adecuación de una caseta del Parque Nacional Galápagos en el Canal Bolívar (entre las islas Isabela y Fernandina) que publicamos el 16 de febrero.

El núcleo del caso gira alrededor de Naturgal, una empresa de consultoría ambiental que ha participado en trabajos relacionados con el proyecto Conolophus. De acuerdo con el registro societario de la Superintendencia de Compañías, entre los socios de esta empresa constan Paola Buitrón y T. Guerra. El caso adquiere mayor relevancia institucional porque Buitrón es funcionaria del Parque Nacional Galápagos, la institución encargada del control ambiental dentro del archipiélago.

El oficio del asambleísta Arias recuerda que investigaciones previas de Bitácora Ambiental revelaron que Naturgal ejecutó la auditoría ambiental del proyecto solar Conolophus. Para el legislador, esto podría evidenciar una imbricación de intereses entre funciones públicas y consultorías privadas vinculadas a proyectos estratégicos dentro de áreas protegidas.

El pedido de información solicita a la Dirección del Parque Nacional Galápagos detallar el cargo que ocupa la funcionaria dentro de la institución, desde cuándo trabaja en ella y si la dirección tenía conocimiento de su participación societaria en una empresa que realiza auditorías ambientales en proyectos dentro del archipiélago.

La solicitud también busca esclarecer qué funcionarios del Parque Nacional Galápagos revisaron, observaron o aprobaron los informes ambientales presentados por Naturgal para el proyecto Conolophus, así como determinar si la funcionaria se excusó formalmente de participar en trámites relacionados con el proyecto o con la empresa.

El proyecto Solar Conolphus acumula una larga lista de irregularidades, pero a pesar de estas (o gracias a estas) avanza con viento en popa en las islas. En el reportaje Galápagos: Proyecto Solar Conolophus, un traje a la medida del inversionista detallamos los cuestionamientos.

Asimismo, el requerimiento legislativo pregunta si la funcionaria tuvo acceso a los términos de referencia o a los presupuestos referenciales de la auditoría ambiental antes de que estos procesos fueran públicos o adjudicados.

El pedido también se extiende al papel del otro socio de Naturgal, T. Guerra, y a su eventual participación en procesos de consultoría o asesoría externa para el Parque Nacional Galápagos en los últimos años. El documento establece un plazo de diez días para que la institución remita la información solicitada a la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el debate sobre el proyecto Conolophus no se limita al posible conflicto de interés. También existen cuestionamientos técnicos sobre la calidad y profundidad de la evaluación ambiental del proyecto.

Un análisis ambiental elaborado por expertos vinculados CAF, institución que participa en programas de financiamiento climático en Galápagos, advierte que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto presenta limitaciones importantes para un ecosistema tan sensible como el archipiélago.

El informe señala que el estudio ambiental fue elaborado principalmente a partir de análisis de escritorio, con escaso trabajo de campo en una zona con uno de los niveles más altos de sensibilidad ecológica del planeta. Según este análisis, el proyecto se ubica en un área con índices de sensibilidad biótica superiores al 70 %, lo que implica un riesgo considerable para especies endémicas y ecosistemas frágiles.

Entre los impactos identificados se menciona la alteración de al menos 2,4 hectáreas de hábitat natural, así como riesgos de mortalidad para aves endémicas y afectaciones a ciclos biológicos de especies como la iguana terrestre de Galápagos.

También se advierte sobre posibles impactos indirectos asociados a la construcción del proyecto, como el riesgo de introducción de especies invasoras, alteración del suelo volcánico y cambios en los patrones de escorrentía, elementos particularmente delicados en ecosistemas insulares.

El informe de la CAF señala además que la evaluación ambiental subestima impactos acumulativos y no desarrolla con suficiente detalle aspectos críticos como la disponibilidad de agua, el manejo de residuos y los riesgos asociados al almacenamiento masivo de baterías de litio.

Incluso aspectos básicos del estudio, como los datos meteorológicos utilizados para modelar dispersión de polvo o emisiones, han sido cuestionados por estar basados en información considerada desactualizada.

Otro punto señalado es la falta de acceso público oportuno al estudio ambiental durante fases clave del proceso de evaluación, lo que habría limitado el escrutinio técnico independiente.

A pesar de estas observaciones, el proyecto obtuvo licencia ambiental y fue adjudicado mediante un proceso internacional al consorcio Gransolar – Total Eren, que opera en Ecuador a través de la empresa E-Quator Energy S.A.

El proyecto contempla instalar una planta fotovoltaica de 14,8 megavatios con un sistema de almacenamiento de energía en baterías de aproximadamente 40,9 megavatios-hora, con el objetivo de reducir el uso de diésel en el sistema eléctrico de Santa Cruz y Baltra.

Mientras tanto, desde el Parque Nacional Galápagos se ha señalado que no existiría conflicto de interés. Según la versión institucional, la consultoría ambiental vinculada al proyecto es realizada por un consultor acreditado y no por la funcionaria mencionada. También se ha indicado que Buitrón no cuenta con certificación como consultora ambiental y que sus funciones dentro del parque estarían relacionadas con labores de control y vigilancia en áreas marinas, sin participación en la gestión ambiental del proyecto.

La funcionaria también ha señalado que la empresa Naturgal fue constituida antes de que ella ingresara al sector público y que no participa como técnica ambiental dentro de la consultora.

Sin embargo, con el pedido formal de información presentado en la Asamblea Nacional, el caso entra ahora en el terreno de la fiscalización política sobre la gestión ambiental en Galápagos.

En un archipiélago declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y considerado uno de los ecosistemas más frágiles del planeta, la discusión ya no gira únicamente alrededor de la energía solar o de los beneficios de la transición energética. El debate gira, sobre todo, alrededor de la transparencia de los procesos institucionales que permiten que estos proyectos se desarrollen dentro de un territorio único en el mundo.

Porque incluso los proyectos que se presentan como soluciones climáticas pueden convertirse en problemas institucionales si los controles públicos no son absolutamente claros y en este tipo de proyectos. En este sentido, Galápagos no tiene una lista sino un prontuario de proyectos fallidos; empezando por los "molinos de viento" que están junto al aeropuerto de Baltra que es vecino al Proyecto Conolophus, que nunca funcionaron adecuadamente y que llevan más de cinco años parados o la barcaza solar que es el basurero de los barcos de turismo o el bus eléctrico donado por China que tampoco funciona adecuadamente (detalles en Lo que el viento se llevó en Galápagos: USD 12 millones en 3 turbinas eólicas).

En el archipiélago más frágil del planeta, incluso la energía “verde” debe pasar primero por la prueba de la transparencia.