Cupos, poder y silencios: indicios de tráfico de influencias tras el “milagro” del Apóstol Santiago
- Franklin Vega
- hace 43 minutos
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La importación del buque pesquero industrial Apóstol Santiago ha puesto en evidencia cuestionamientos sobre la concentración y el uso de cupos pesqueros en el Ecuador. La revisión de documentos públicos, actos administrativos y movimientos societarios revela indicios consistentes de un posible tráfico de influencias, una práctica difícil de probar penalmente, pero reconocible cuando se analizan quién decide, a quién beneficia y en qué momento se ejecutan las decisiones. Esto es lo que sabemos hasta ahora.
Cuando el poder precede al negocio
La semana pasada, en la rada del puerto de Manta, apareció un nuevo buque pesquero industrial con bandera ecuatoriana. Se trata del Apóstol Santiago, un arrastrero de profundidad de popa que antes operaba con el nombre Amaltal Apollo, embarcación que fue sancionada y decomisada por pesca ilegal en Nueva Zelanda. Este es uno de los argumentos que la Asociación de Barcos Pesqueros Polivalentes (ABPP) en su pedido para que se niegue la legalización y nacionalización del barco pesquero industrial.
En un artículo previo, Bitácora Ambiental analizó los impactos ambientales de esta modalidad de pesca (“¿Más protección para el mar… con pesca de arrastre de profundidad?”). Sin embargo, los cuestionamientos en torno a la llegada de este buque trascienden el ámbito ambiental y se adentran en consideraciones legales y éticas.
El caso gira en torno a la asignación de dos cupos pesqueros, el 7 de julio de 2023, a Luis Fernando Bone Arce, una persona natural sin trayectoria pública conocida en la pesca industrial, cuyo registro académico corresponde a un título de Tecnólogo Superior en Administración.
Para abril de 2025, esos cupos se convierten en el activo clave que permite la creación de una empresa, la importación del buque y su habilitación para operar. Se trata de Pesquera Mar de Rías Ecuador S.A.S. y del buque Apóstol Santiago.
El elemento que eleva este caso del plano administrativo al político es la participación de Alejandro Moya, quien ocupó la Subsecretaría de Pesca en el período en que Bone recibió los cupos y posteriormente aparece como socio fundador de la empresa que utiliza esos permisos de pesca.
La secuencia temporal es determinante: los cupos se otorgan antes de la empresa, y la empresa se constituye antes de la importación del buque. Además, Moya cede su participación accionaria a una persona de nacionalidad española tres semanas antes de que el Estado autorice la importación del barco. Según versiones recogidas por este medio, el nuevo accionista estaría vinculado a una empresa atunera, aunque esa información no ha podido ser confirmada oficialmente.
El conocimiento técnico, normativo y procedimental que otorga haber sido autoridad pesquera no es ilegal, pero sí genera una ventaja estructural frente a otros actores del sector.
La puerta giratoria y el entorno cercano
En los sistemas de control de la corrupción, el tráfico de influencias rara vez se manifiesta como una orden explícita. Suele operar a través de redes de cercanía, subordinación o dependencia profesional, donde las decisiones públicas terminan beneficiando a personas del entorno inmediato de quien ejerce —o ejerció— poder.
En este caso, Bone Arce no solo figura como beneficiario de los cupos, sino también como gerente general y accionista mayoritario de la empresa creada posteriormente. Los documentos societarios evidencian además vínculos administrativos y profesionales entre los socios, lo que refuerza la hipótesis de un proyecto concebido de manera coordinada.
En el contrato constitutivo, ambos declaran correos electrónicos asociados al mismo dominio de un estudio jurídico, con una diferencia significativa: Moya Delgado aparece identificado con su apellido, mientras que Bone Arce figura como “asistente”. En el sector pesquero de Manta, diversas fuentes señalan que Bone Arce habría trabajado para Moya Delgado, versión que no ha sido confirmada oficialmente.
El último movimiento refuerza las sospechas: el ex Subsecretario cede sus acciones antes de que el Estado otorgue la autorización final para la importación del buque. El resultado es una operación en la que todo luce legal en los documentos, pero donde la influencia previa ya habría cumplido su función.
Legalidad no es sinónimo de legitimidad
En diciembre de 2025, Sergio Palomeque, Subsecretario de Recursos Pesqueros, aprueba la importación del buque, amparándose en informes técnicos y jurídicos que concluyen que “no existe impedimento legal”. Esa afirmación puede ser correcta desde el punto de vista formal, pero no responde a la pregunta de fondo: ¿Es legítimo que un ex alto funcionario participe —directa o indirectamente— en negocios habilitados por decisiones que él mismo conocía, diseñaba o administraba desde el Estado?
El tráfico de influencias no siempre vulnera una norma específica. A menudo erosiona la confianza pública, debilita la competencia y convierte los recursos naturales en privilegios asignados por cercanía al poder.
El silencio como respuesta
Bitácora Ambiental solicitó la versión de Luis Bone y Alejandro Moya mediante un cuestionario formal enviado a sus correos electrónicos. También se requirió información al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y al Subsecretario de Recursos Pesqueros: Sergio Palomeque. Hasta el cierre de esta publicación, ninguno respondió.
El silencio no prueba una irregularidad, pero sí impide aclarar:
• por qué se otorgaron los cupos,
• bajo qué criterios,
• y si existió o no un conflicto de interés.
Una vía rápida en la Armada?
Al día siguiente de que Sergio Palomeque emitiera la autorización para importar el buque Amaltal Apollo (hoy Apóstol Santiago), la Armada del Ecuador otorgó el pasavante, un permiso temporal de navegación. Este documento autoriza a una embarcación a desplazarse mientras completa su proceso de matrícula o nacionalización; no habilita faenas de pesca y, en condiciones normales, su emisión suele tardar entre 3 y 10 días hábiles, dependiendo de las inspecciones y de la documentación presentada.
En el caso del Apóstol Santiago, sin embargo, la celeridad del trámite se suma a una lista de “milagros” administrativos que rodean la llegada de este buque.
Un patrón que se repite
Este caso no parece ser una excepción aislada. Responde a un patrón estructural en la gestión pesquera del Ecuador, caracterizado por la opacidad: cupos asignados a personas sin historial, empresas creadas después, barcos importados con respaldo estatal y autoridades que transitan sin fricción entre el sector público y el privado.
Mientras no existan reglas claras de incompatibilidad, periodos de restricción efectivos y transparencia real, el tráfico de influencias seguirá operando sin dejar huellas judiciales, pero con consecuencias ambientales y sociales profundas. No es casual que la Unión Europea haya impuesto al Ecuador una “tarjeta amarilla”, un llamado de atención grave por deficiencias en el control de la cadena de valor de la pesca ilegal.
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