Galápagos: el único hábitat de la iguana rosada fue vulnerado al menos dos veces y nadie responde
- Franklin Vega
- hace 12 horas
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Tres personas no identificadas fueron registradas mientras avanzaban hacia la cumbre del volcán Wolf, único lugar del planeta donde vive la iguana rosada (Conolophus marthae) en mayo del 2025. Durante la expedición se constató la desaparición de una cámara trampa y la manipulación de otros equipos de monitoreo. No era la primera alerta: documentos oficiales muestran que en 2021 ya había desaparecido otra cámara cercana a una madriguera y el Parque Nacional Galápagos advirtió una posible captura. El episodio de mayo de 2025 es, al menos, el segundo incidente documentado en una de las áreas más restringidas de Galápagos. Más de un año después, no se conoce quiénes ingresaron, si tenían autorización ni si las autoridades investigaron.
El próximo 18 de agosto continuará la audiencia contra los tres ciudadanos tailandeses procesados por intentar transportar a Tailandia, vía Ámsterdam, 12 iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus) ocultas en su equipaje. Una de ellas murió.
Hasta ahora, el Aeropuerto Ecológico de Galápagos (ECOGAL) no ha explicado públicamente cómo los animales lograron atravesar los controles de Baltra y llegar hasta Guayaquil.
La pregunta adquiere más peso porque, meses antes, ECOGAL se presentaba internacionalmente como un “punto de control estratégico” contra el tráfico de especies y aseguraba contar con el primer protocolo aeroportuario de cadena de custodia de vida silvestre de América Latina y el Caribe.
Pero la primera alerta que permitió descubrir las iguanas no surgió en Galápagos. Durante el juicio, uno de los policías que intervino en el operativo declaró que fue el personal de KLM quien identificó un perfil de riesgo, impidió el embarque de los pasajeros hacia Ámsterdam y avisó a la Policía Nacional. Solo entonces se revisaron los equipajes y aparecieron las iguanas.
Mientras la justicia reconstruye esa ruta, otra documentación conocida por Bitácora Ambiental muestra una vulnerabilidad en el extremo opuesto del sistema de protección: personas no identificadas ingresaron por el sendero al volcán Wolf, en el norte de Isabela, único lugar del planeta donde vive la iguana rosada (Conolophus marthae).
Tres intrusos rumbo al volcán Wolf
La iguana rosada fue descrita científicamente en 2009 y su población se estima en aproximadamente 300 individuos. Su distribución mundial se limita a las laderas y la cumbre del volcán Wolf. Es decir, las iguanas rosadas solo se encuentran en ese lugar del mundo y se trata de una de las especies en mayor peligro de extinción, no se registran juveniles a pesar de que sí han registros de neonatos.
Desde 2021, una red de cámaras trampa monitorea distintos puntos del volcán, desde la costa hasta el interior del cráter. En mayo de 2025, una expedición integrada por personal del Parque Nacional Galápagos, la Fundación Conservando Galápagos, la Universidad Tor Vergata y la Fundación Jocotoco acudió a revisar los equipos.
Los investigadores encontraron un bidón de agua abandonado en el sector de Piedras Blancas, ramas dobladas o colocadas sobre el sendero y otros indicios que consideraron inusuales. Después descubrieron que una cámara instalada aproximadamente a 500 metros sobre el nivel del mar había desaparecido. En el árbol permanecían marcas que evidenciaban que el equipo había sido retirado mediante forcejeo. No encontraron la cámara ni ninguno de sus componentes.
Un funcionario del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) explicó (bajo reserva de su nombre) que la cámara que desapareció estaba ubicada frente a un nido de una iguana. Los integrantes de la expedición buscaron sin éxito tanto la cámara como la iguana a la que registraba.
Otras cámaras estaban abiertas, con los soportes deformados y los cables de alimentación desconectados. Las tarjetas de memoria permanecían dentro de los equipos.
Al revisar las imágenes de una cámara ubicada en la costa de la isla, aparecieron tres personas desconocidas el 15 de mayo de 2025, a las 17:57. Caminaban desde Piedras Blancas por la ruta que conduce hacia la cima del volcán Wolf y al área de vida de la iguana rosada.
El informe no identifica a esas personas ni determina si contaban con autorización. Tampoco atribuye la manipulación de las cámaras a los tres individuos registrados. Sí recomienda remitir los hallazgos a la Dirección de Asesoría Jurídica del Parque Nacional Galápagos para aclarar lo ocurrido y fortalecer la protección de las especies endémicas.
Más de un año después, todavía no se conoce públicamente si el Parque identificó a esas personas, verificó la finalidad de su ingreso o inició algún proceso por la desaparición y manipulación de los equipos. Solicitamos la versión del MAE pero no obtuvimos respuesta.
No era la primera incursión sospechosa
El episodio registrado en mayo de 2025 no fue un hecho aislado. Es, al menos, el segundo incidente documentado en el único hábitat de la iguana rosada.
Documentos del Parque Nacional Galápagos muestran que en 2021 ya se había reportado la desaparición de una cámara trampa utilizada para el monitoreo científico en el volcán Wolf. La cámara estaba instalada cerca de una madriguera previamente ocupada por una iguana rosada que, después de la desaparición del equipo, presentaba señales de inactividad.
En aquella ocasión, el propio Parque advirtió sobre una posible captura del reptil y solicitó el apoyo de unidades de inteligencia de la Policía Nacional para prevenir eventuales acciones de transporte, tenencia o tráfico de especies protegidas. Otro memorando dispuso reforzar el control en el norte de Isabela, especialmente en Piedras Blancas, punto de acceso al volcán Wolf, y vigilar las embarcaciones que se aproximaran al sector.
En diciembre de 2022, Bitácora Ambiental informó que las evidencias de esa incursión no autorizada habían dado lugar a una indagación previa en la Fiscalía. Meses después, el entonces director del Parque Nacional Galápagos sostuvo que las personas no habían alcanzado la zona de anidación y que las cámaras dañadas se encontraban en el camino. Según su explicación, se presumía que retrocedieron al descubrir los equipos de monitoreo.
No se conocen públicamente los resultados de aquella investigación ni si las personas fueron identificadas.
Cuatro años después de la primera alerta, la escena se repitió: personas desconocidas avanzando desde Piedras Blancas, cámaras abiertas y desconectadas, un equipo desaparecido y otra iguana que tampoco pudo ser localizada. La reiteración muestra que el acceso al volcán Wolf no constituye una vulnerabilidad nueva ni un episodio excepcional. Es una brecha conocida por las autoridades desde, al menos, 2021.
Del hábitat al aeropuerto
Los hechos del volcán Wolf no demuestran la existencia de una operación de tráfico de iguanas rosadas, pero es poco probable que un grupo invierta recursos y tiempo solo para dañar las cámaras. Más aún si se considera que el precio de una pareja de iguanas rosadas puede alcanzar los USD 500.000 en el mercado negro. Tampoco existe evidencia que vincule esos ingresos con los tres ciudadanos tailandeses procesados en Guayaquil, pero son indicios claros que las iguanas están desprotegidas.
Sin embargo, el ingreso no reportado al sitio más protegido de Galápagos, plantea una pregunta que debe responder el MAE: si personas no identificadas pueden recorrer la ruta hacia el único hábitat de una especie de apenas 300 individuos y manipular sus equipos de monitoreo, ¿qué capacidad real existe para impedir una extracción?
El caso de las 12 iguanas marinas demuestra que la segunda parte de la cadena —la salida del archipiélago— tampoco funcionó.
El Parque Nacional Galápagos (PNG) informó al juez que mantiene personal en los aeropuertos para efectuar controles ambientales, acompañar inspecciones, atender alertas e identificar especies. Pero también aclaró que no administra el aeropuerto de Baltra ni opera sus máquinas de rayos X.
Según la respuesta institucional, los equipos de rayos X, los filtros y la trazabilidad de pasajeros, carga y equipajes están bajo responsabilidad de ECOGAL.
El juez ordenó al gerente del aeropuerto entregar las grabaciones de seguridad del 19 de mayo de 2026, incluidos los registros de los equipos de rayos X utilizados para revisar carga y equipaje de mano. Esa información debería permitir establecer qué controles fueron aplicados y cómo las iguanas lograron abandonar Galápagos sin ser detectadas.
El protocolo que no evitó la salida
La falta de una explicación resulta aún más relevante frente a las propias afirmaciones de ECOGAL. En su postulación al Green Airport Recognition 2025, el aeropuerto sostuvo que, junto con TRAFFIC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y autoridades ecuatorianas, había desarrollado y oficializado un protocolo para detectar, interceptar y manejar especies involucradas en eventos de tráfico de vida silvestre.
ECOGAL afirmó que ese instrumento contenía procedimientos para preservar evidencias, respetar las medidas de bioseguridad y coordinar la respuesta interinstitucional. También se presentó como el primer aeropuerto de la región con un protocolo técnico y jurídicamente respaldado de esa naturaleza.
El documento incluso aseguraba que ECOGAL se había consolidado como un punto estratégico contra el tráfico de especies. Sin embargo, el 19 de mayo de 2026, doce iguanas marinas salieron de Baltra y la alerta decisiva se activó en Guayaquil por iniciativa de KLM. El protocolo puede haber servido para manejar evidencias después de una detección, pero el caso obliga a preguntar si contemplaba mecanismos eficaces para impedir que los animales atravesaran los controles iniciales.
Un convenio que sí estaba firmado
Los documentos remitidos dentro del proceso también revelan contradicciones sobre la coordinación entre el Parque Nacional Galápagos y la Policía Nacional. En una respuesta del 2 de julio de 2026, el Parque sostuvo que el día de los hechos no existía un convenio de cooperación vigente que permitiera coordinar operativamente con la Unidad Canina de Santa Cruz.
Pero otros documentos oficiales muestran que el 22 de noviembre de 2023 el entonces director del PNG y el entonces ministro del Interior, Juan Zapata, firmaron electrónicamente un convenio de cooperación con una vigencia de cinco años.
El acuerdo buscaba prevenir infracciones ambientales, realizar patrullajes conjuntos y combatir, entre otras amenazas, el tráfico de especies protegidas. También establecía intercambio de información, coordinación con unidades de inteligencia e investigación y la asignación de personal de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional del Ecuador.
El 30 de noviembre de 2023, el propio Parque designó al administrador institucional del convenio y le encargó supervisar su ejecución. Una segunda respuesta técnica, emitida el 3 de julio de 2026, introdujo una precisión sustancial: reconoció que el Parque sí mantenía un convenio con el Ministerio del Interior, principalmente para trabajar con la UPMA, pero señaló que el instrumento no incluía una cláusula específica que permitiera al Parque disponer directamente de la Unidad Canina.
Por tanto, el problema no era la inexistencia absoluta de cooperación. Había un convenio firmado y vigente, pero la Unidad Canina dependía operativamente del mando de la Policía Nacional y no estaba incorporada de forma expresa bajo coordinación del Parque.
La documentación de 2026 confirma esa diferencia. En febrero, el Parque envió una propuesta para ampliar el instrumento vigente e incorporar expresamente a la Unidad Canina, la Unidad de Investigación de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza y otras unidades especializadas. La propuesta también buscaba extender a dos años la permanencia del personal policial en Galápagos y fijar una vigencia de diez años para el nuevo acuerdo.
El trámite continuaba todavía en abril, apenas un mes antes de la salida de las iguanas.
Las 89 iguanas que Ecuador nunca exportó
La dimensión internacional del problema ya había sido documentada por Bitácora Ambiental. Entre 2002 y 2024, los registros de comercio de CITES contabilizan 89 iguanas terrestres vivas del género Conolophus declaradas en transacciones entre terceros países.
Las rutas registradas comienzan con operaciones desde Canadá hacia Estados Unidos y continúan con movimientos desde Malí hacia Suiza. Posteriormente aparecen transferencias desde Suiza hacia Uganda y exportaciones desde Uganda a países asiáticos, entre ellos Japón, Tailandia e Indonesia. Ecuador no figura como exportador en esa cadena y no ha autorizado la salida de iguanas vivas de Galápagos.
La existencia de un registro CITES no certifica por sí sola el origen biológico legítimo de cada ejemplar. El sistema refleja los permisos y códigos declarados por los países que participan en una operación. Precisamente por eso, el juez solicitó al Ministerio del Ambiente certificar los registros de salida e ingreso de iguanas de Galápagos y la documentación relacionada con esas transacciones.
Una cadena con varios eslabones debilitados
Los documentos no permiten afirmar que los ingresos al volcán Wolf, la manipulación de las cámaras, el comercio registrado por CITES y el caso de los ciudadanos tailandeses formen parte de una misma red.
Lo que sí revelan es una sucesión de brechas que atraviesa todo el sistema de protección. Personas no identificadas avanzaron hacia el único hábitat de la iguana rosada. Una cámara desapareció y otras fueron manipuladas.
Doce iguanas marinas lograron salir de Baltra. ECOGAL contaba con un protocolo contra el tráfico de especies, pero no detectó a los animales. El Parque y la Policía tenían un convenio de cooperación, aunque la Unidad Canina no estaba expresamente integrada a su operación. Finalmente, fue una aerolínea internacional la que activó la alerta en Guayaquil.
La audiencia del 18 de agosto deberá establecer la responsabilidad penal de los procesados. Pero el caso ya expuso una cuestión que trasciende a los tres pasajeros: Galápagos tiene cámaras, guardaparques, escáneres, protocolos, convenios y varias instituciones alrededor de sus especies protegidas. Lo que todavía no demuestra tener es un sistema integrado capaz de impedir que las iguanas sean alcanzadas, extraídas y sacadas del archipiélago.