Galápagos entre socios: la endogamia del turismo y la conservación

En 1979 llegaron 11.765 turistas a Galápagos. En 2025 fueron 290.404. El archipiélago no creció, pero el negocio se multiplicó por 24,7. Mientras tanto, el poder circula entre operadores, aerolíneas, autoridades y ONG; los costos se quedan en las islas y buena parte del valor toma el primer vuelo al continente.

Galápagos ha conseguido un milagro desconocido para la ecología: hacer caber un crecimiento indefinido dentro de un territorio finito. El truco consiste en agregarle la palabra “sostenible” a cada nuevo vuelo, cada cama y cada paquete turístico. La capacidad de carga, al parecer, también es biodegradable.

Las cifras no necesitan ironía. Según los datos del ingreso de turistas entre 1979 y 2025, las visitas pasaron de 11.765 a 290.404: un aumento de 2.368%. El récord fue de casi 329.500 turistas en 2023; después de la caída a 279.277 en 2024, el flujo volvió a crecer 4% en 2025. Son 796 turistas por día en promedio, 7,1% más que en 2019 y una composición de 62% de extranjeros y 38% de nacionales.

Esto no es una percepción de quienes extrañan unas islas menos congestionadas. Es aritmética. Si multiplicar por 24,7 el número de visitantes no es masificación, habrá que pedir a la conservación que nos preste su diccionario.

El informe oficial de visitantes de 2025 presenta el incremento como una reafirmación del posicionamiento del destino. También afirma que el aumento del tributo de ingreso no redujo la demanda y favoreció una visita “más consciente”. No incluye, sin embargo, un indicador que mida la conciencia. La conciencia turística parece haberse pesado en la caja registradora o en las máquinas que leen las tarjetas de crédito platinum.

Origen del modelo turístico y conservacionista

La asociación entre turismo y conservación no es una desviación reciente. Está en el diseño original. En Conservación contra natura: las islas Galápagos, Christophe Grenier reconstruyó cómo, desde los años sesenta, se privilegió el “turismo de redes”: agencias, compañías aéreas y operadores que controlan al cliente desde su lugar de origen, aceleran su rotación y convierten el destino en producto.

El libro recuerda que el informe Jennings de 1967 recomendó confiar la operación a Metropolitan Touring. La Fundación Charles Darwin respaldó ese esquema porque la promoción internacional y los visitantes aportarían fondos para la conservación. En 1970 la empresa ya integraba transporte aéreo y crucero. Ese mismo año, un científico advirtió en el propio boletín de la Fundación que la protección y la promoción podían depender de las mismas organizaciones mientras los residentes quedaban fuera de las ganancias. No fue una denuncia retrospectiva: la alarma sonó al momento de instalar el modelo. Turismo y conservación no comenzaron como adversarios obligados a negociar; crecieron tomados de la mano.

El resultado también se conocía desde temprano. Un plan provincial de 1975, citado por Grenier, concluía que el turismo aportaba poco o nada al beneficio económico y social de los isleños: los barcos apenas tocaban los pueblos, los víveres llegaban del continente y tripulantes y guías no eran locales. Décadas después cambió la escala, pero la arquitectura sobrevivió.

No hace falta imaginar una conspiración celebrada en un salón oscuro. Un sistema puede funcionar contra una población sin que exista un acta secreta que lo ordene. Basta con que el residente carezca de capital, acceso al mercado internacional, contactos y capacidad para soportar nuevas exigencias, mientras la gran red posee todo eso y además participa en las mesas donde se define qué significa “turismo de calidad”. Grenier documentó cómo las exigencias tecnológicas y financieras terminaron empujando a pequeños operadores a vender sus concesiones o asociarse con compañías mayores. Fue selección natural, pero aplicada a las billeteras.

En Galápagos el paisaje se explota en dos sentidos: se lo convierte en mercancía y se aprovecha la desigualdad de herramientas de quienes viven dentro de él. Al isleño se lo presenta como beneficiario, usuario problemático o persona que debe ser educada; al operador externo se lo recibe como socio estratégico.

Expansión del alojamiento y déficit de servicios

El crucero concentró históricamente el negocio fuera de los pueblos. El turismo en tierra reparte más gasto entre hoteles, restaurantes, guías, lancheros y transportistas locales. Esa diferencia importa y sería absurdo negarla. Pero tampoco convierte en sostenible cualquier crecimiento de la oferta terrestre.

En 2025, el 79% de los turistas se hospedó en tierra. La demanda produjo su propia fauna invasora inmobiliaria. La información recopilada por el sector hotelero y publicada por Bitácora Ambiental muestra que, desde 2015, las ofertas en plataformas pasaron de 37 a 415 en Santa Cruz, de 15 a 224 en San Cristóbal y de ninguna a ocho en Isabela. En conjunto: 647 casas, departamentos o habitaciones y unas 3.208 plazas. Una parte no contaba con registro turístico ni permisos, según las organizaciones hoteleras citadas.

Airbnb no inventó la presión turística; le puso turbocompresor. Una vivienda puede transformarse en hotel sin figurar como tal, aumentar la capacidad real del destino por fuera de la regulación y competir por los mismos inmuebles que necesitan los residentes. El ingreso queda en manos privadas; el agua, las aguas residuales, la basura, el tránsito y el aumento del alquiler se entregan a la comunidad y a municipios que llegan tarde.

El Censo de 2022 registró 9.657 viviendas ocupadas en Galápagos y apenas 29,4% con acceso a la red pública de alcantarillado. En Santa Cruz, el 60% de los habitantes usan agua contaminada con excrementos y la alcladesa que ha contribuido a esto, aspita a reelegirse con el apoyo del partido del Presidente Daniel Noboa. El censo, también encontró que 38,7% de los hogares vivía en arriendo. El laboratorio natural más famoso del planeta puede ofrecer miles de camas al visitante, pero todavía no conecta siete de cada diez viviendas a una red pública de alcantarillado. La experiencia es exclusiva; el desagüe, opcional.

En 2020 recordé que la mejor estimación entonces disponible —basada en estudios anteriores— señalaba que solo alrededor de 15,5% del valor total del turismo permanecía en el archipiélago. También mostré que entre 2011 y 2019 empresas turísticas nacionales y extranjeras remitieron cerca de USD 75,3 millones al exterior. Esa cifra de retención no puede presentarse como una medición actual. El escándalo vigente es que, mientras se cuenta con precisión a cada turista, todavía no se publica anualmente cuánto valor queda en cada isla, en qué manos y durante cuánto tiempo.

Baltra como puerta del turismo y salida de fauna

Baltra no es la sede jurídica de las aerolíneas, pero sí la bisagra operativa del mercado. En 2025 recibió 207.392 turistas, 71% de todos los arribos. Quien controla las frecuencias, los asientos, las conexiones y las tarifas controla la válvula de entrada al archipiélago. El turismo puede hablar de hoteles, barcos y guías, pero su volumen comienza en una programación aérea.

La contradicción estatal merece una vitrina. Un memorando de la Dirección General de Aviación Civil señala que en 2025 las autoridades revisaban rutas y frecuencias para cumplir la recomendación de la Unesco de alcanzar un modelo de crecimiento cero. El informe turístico del mismo año celebró un crecimiento de 4%. En noviembre, además, el Consejo Nacional de Aviación Civil asignó a LATAM dos frecuencias semanales hacia Baltra; la resolución precisa que eran frecuencias antes devueltas por Avianca y, por tanto, no un aumento neto. El detalle jurídico es correcto. El mensaje económico también: las aerolíneas siguen sentadas junto a la llave.

Baltra es además el lugar donde el discurso de control se encuentra con el contenido de las maletas. En 2021 se hallaron 185 tortugas gigantes pequeñas dentro de un equipaje. En mayo de 2026, doce iguanas marinas lograron salir de Baltra y llegaron a Guayaquil; tres ciudadanos tailandeses fueron procesados y conservan su presunción de inocencia. Según la reconstrucción publicada por Bitácora Ambiental, la alerta decisiva no se activó en el llamado Aeropuerto Ecológico, sino por personal de KLM en Guayaquil.

El 28 de agosto de 2026 se produjo otro caso: una ciudadana rusa fue aprehendida en el aeropuerto de Quito con 32 iguanas marinas juveniles. Su responsabilidad y la ruta previa de los animales deben ser establecidas por la justicia; el hallazgo no demuestra que esa maleta pasara por Baltra ni que los casos pertenezcan a una sola red. Demuestra algo más básico: capturar a quien porta el equipaje no basta si nadie reconstruye quién extrajo, entregó, trasladó y esperaba recibir la fauna.

El Parque informó que mantiene personal de control, pero que no administra Baltra ni opera los equipos de rayos X; esas funciones y la trazabilidad del equipaje corresponden a ECOGAL. El propio aeropuerto había difundido un protocolo regional contra el tráfico de fauna. Un protocolo es una magnífica especie de papel: sobrevive incluso cuando los animales lo atraviesan.

Esto no prueba que una aerolínea o todos los empleados del aeropuerto integren una red criminal. Sí prueba que el control está fragmentado y que una etiqueta ecológica no reemplaza una auditoría. El aeropuerto que abre la puerta a siete de cada diez turistas debe poder demostrar, con videos, bitácoras de escáner, cadena de custodia y responsabilidades identificables, cómo revisa cada equipaje y cada carga. No después del escándalo: todos los días.

Debilitamiento institucional del Parque Nacional Galápagos

El debilitamiento del Parque Nacional Galápagos tampoco es una consigna inventada por sus críticos. Su propio Plan Estratégico Institucional 2021-2025 reconoce recortes presupuestarios permanentes desde el segundo semestre de 2015, fuertes restricciones para capacitar al personal y brechas de talento humano que no fueron atendidas por los ministerios de Trabajo y Finanzas.

En 2025 el tributo de ingreso repartió USD 37 millones: 45%, unos USD 16,7 millones, correspondieron al Parque. Sin embargo, el informe de rendición de cuentas de la propia institución concluye que el presupuesto asignado resulta insuficiente frente a las necesidades crecientes. Más visitantes producen más recaudación, pero también más presión, más control y más emergencias. El crecimiento no se paga solo; se factura varias veces.

El mismo Parque reportó más de 507.000 inspecciones de equipaje y carga y 544 retenciones en aeropuertos durante 2025. No estamos ante una institución que no haga nada. Estamos ante una institución a la que se le exige todo, se le niegan capacidades estables y luego se usa su debilidad para justificar que terceros cubran los vacíos.

El Plan de Manejo de las áreas protegidas agotó en 2024 su horizonte de diez años y su actualización comenzó formalmente recién en junio de 2026. Bitácora documentó que los términos de referencia se preparaban con ONG como Jocotoco. Galápagos Conservancy reconoce, por su parte, que la Red de Respuesta Rápida del Parque depende fuertemente de su apoyo para insumos, evaluaciones de salud, combustible, alimento y medicinas.

Que una ONG aporte una lancha, combustible, ciencia o abogados puede resolver una emergencia real. El problema aparece cuando el auxilio se convierte en modelo permanente: el Estado conserva la responsabilidad legal, la organización privada gana capacidad para escoger prioridades, exhibir resultados y atraer nuevos fondos, y la ciudadanía no sabe dónde termina la cooperación y dónde comienza la sustitución de la autoridad pública.

Ahí aparece la endogamia. Eliécer Cruz, director del Programa Galápagos de Jocotoco, dirigió el Parque durante ocho años. Jorge Carrión pasó de dirigir el PNG entre 2018 y 2020 a ser director de conservación de Galápagos Conservancy. Washington Tapia, también exdirector del Parque, ha encabezado Conservando Galápagos, la organización afiliada de esa fundación en las islas.

Esto no demuestra ilegalidad, incompetencia ni enriquecimiento personal. Tampoco permite afirmar que todas las ONG estén “en manos” de exdirectores; por ejemplo, el actual presidente y CEO de Galápagos Conservancy es Hugo Mogollón. Sí demuestra una puerta giratoria en un circuito pequeño donde las mismas personas pueden pasar de regular y administrar a ejecutar proyectos financiados por privados y colaborar otra vez con la entidad que antes dirigieron.

La experiencia de esos funcionarios puede ser valiosa. Precisamente por eso hacen falta reglas visibles: periodos de enfriamiento, declaraciones de intereses, recusación cuando corresponda, publicación íntegra de convenios, montos, contratistas, productos, datos generados y evaluaciones independientes. Sin esas barreras, la experiencia se confunde con influencia y la cooperación con captura. Una ONG no reparte dividendos, pero sí distribuye empleos, contratos, viajes, prestigio, acceso y poder de agenda. “Sin fines de lucro” no significa “sin intereses”.

Fundación Charles Darwin turismo y conflictos de interés

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La Fundación Charles Darwin hace ciencia necesaria. Negarlo debilitaría cualquier crítica seria. Su decadencia no debe medirse por la inexistencia de investigadores o proyectos, sino por la pérdida de distancia moral frente al negocio que debería ayudar a evaluar con independencia.

Grenier documentó el apoyo interesado entre la Fundación y Metropolitan Touring desde el nacimiento del turismo organizado. Sesenta años después, la relación no es arqueología. La Fundación promociona para octubre de 2026 un crucero de recaudación de hasta 39 pasajeros a bordo del Isabela II de Metropolitan Touring, con cabinas de USD 16.900, para financiar una cátedra científica. La ciencia necesita dinero. La pregunta es cuánto margen crítico conserva una institución cuando convierte en socio financiero al sector cuyo crecimiento debe examinar.

El caso familiar exige todavía más precisión. En octubre de 2025, Bitácora Ambiental informó que Tamara Cole, esposa del director ejecutivo de la Fundación, Rakan Zahawi, promocionaba un retiro de yoga con alojamiento y actividades en Santa Cruz sin que constaran entonces los permisos correspondientes. Zahawi respondió que el retiro previsto para enero de 2026 no estaba confirmado y que, si se confirmaba, ella tramitaría los permisos. No he encontrado una resolución pública posterior que permita afirmar si el evento se realizó o si obtuvo las autorizaciones.

Por eso no corresponde llamar corrupción a ese episodio ni hablar de “esposas” en plural. Corresponde preguntar por el doble estándar. Mientras trabajadores y pequeños prestadores locales deben probar residencia, permisos y ausencia de mano de obra disponible, una actividad vinculada al entorno inmediato del máximo directivo de la principal fundación científica podía anunciarse primero y regularizarse después.

Ahora la propia Fundación anuncia para diciembre de 2026 una expedición de hasta 48 huéspedes en el National Geographic Islander II, con cabinas de USD 19.000 y suites de USD 23.000, presentada por Donna Cole, Tamara Cole y Rakan Zahawi. La página dice que todos los ingresos apoyarán la restauración de Floreana; no hay evidencia allí de beneficio personal. Pero la fotografía institucional ya mezcla dirección, familia, recaudación y turismo de lujo. Si la Fundación quiere conservar autoridad pública, debería publicar con la misma claridad los costos, contratos, eventuales remuneraciones, reglas de conflicto de interés y beneficio neto para el proyecto.

Medidas para recuperar el control público y local

El problema de Galápagos no es que exista turismo ni que las ONG cooperen. Es que el crecimiento se ha convertido en supuesto, la cooperación privada en sustituto y la participación local en ceremonia. El residente recibe los impactos y una invitación al taller; las redes reciben asientos, clientes, convenios y capacidad de decisión.

La salida no requiere otro sello verde. Requiere un techo vinculante de visitantes ligado a límites de agua, saneamiento, residuos, vivienda y sitios de visita; control de frecuencias y asientos aéreos coherente con ese techo; un registro único y público de toda plaza de alojamiento, incluidas las plataformas; y ninguna cama nueva donde la infraestructura básica ya esté rebasada.

Requiere también medir y publicar cada año cuánto valor turístico queda realmente en las islas y quién lo recibe; transparentar todos los convenios, aportes y relaciones entre el Parque, ONG y empresas; regular la puerta giratoria; y devolver al PNG personal, presupuesto, formación y autoridad operativa suficiente. En Baltra, el Parque debe tener acceso inmediato a escáneres, videos y trazabilidad, con una cadena de custodia auditada de principio a fin.

Sobre todo, requiere que los galapagueños tengan poder de decisión y herramientas económicas, no solo la obligación de adaptarse. Durante décadas, turismo y conservación han presentado la explotación del archipiélago como un beneficio para sus habitantes. Pero una promesa repetida no es distribución; un empleo no es soberanía; una donación no es institucionalidad.

Galápagos no necesita otra fundación con una tortuga en el logotipo ni otro aeropuerto que se declare ecológico. Necesita un Estado con guardaparques, combustible, inspectores y autoridad; pueblos con agua, alcantarillado y vivienda; y reglas que se apliquen igual al isleño que alquila una habitación y a la familia de quien dirige una institución conservacionista.

De lo contrario, se conservará impecablemente el decorado mientras se consume la isla. Y cuando ya no quede mucho que proteger, siempre será posible organizar un último crucero para recaudar fondos en su memoria.