Galápagos: ¿más tarifa para un transporte inseguro? El pasaje interislas a subiría a USD 40

El Ministerio de Infraestructura y Transporte propone incrementar en un 33 % la tarifa regular de las lanchas que conectan las islas pobladas de Galápagos. El pasaje pasaría de USD 30 a USD 40 por trayecto y el servicio especial, de USD 40 a USD 50. La propuesta no adjunta el estudio técnico que justificaría el aumento ni establece nuevas obligaciones de seguridad, pese al antecedente del naufragio de la lancha Angy, que dejó cuatro muertos, y a las advertencias sobre embarcaciones equipadas con motores de hasta 1.200 caballos de fuerza.

Viajar por mar entre las islas pobladas de Galápagos podría costar USD 10 más por trayecto. La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial propuso elevar de USD 30 a USD 40 la tarifa del servicio regular y de USD 40 a USD 50 la correspondiente al denominado servicio especial.

En términos porcentuales, el aumento sería del 33,3 % para el servicio regular y del 25% para el especial. Un viaje de ida y vuelta, por ejemplo entre Santa Cruz e Isabela o entre Santa Cruz y San Cristóbal, pasaría de USD 60 a USD 80 por persona, sin incluir los valores cobrados por taxis acuáticos o las tasas municipales por el uso de los muelles.

Para una familia de cuatro personas, el traslado de ida y vuelta aumentaría de USD 240 a USD 320: USD 80 adicionales por un viaje que dura entre dos horas y dos horas y media, dependiendo del oleaje.

La propuesta consta en el oficio MIT-SPTM-26-792-OF, fechado el 6 de julio de 2026 y dirigido a propietarios de embarcaciones, cooperativas de transporte, alcaldes y autoridades del Consejo de Gobierno de Galápagos. El documento los convocó a una reunión virtual para el 7 de julio, en la cual se conoce que el representante del Municipio de Santa Cruz, apoyó la propuesta de incremento.

El oficio señala que la actualización se sustenta en un “análisis técnico efectuado para dicho efecto”. Sin embargo, ese estudio no consta en los documentos revisados por Bitácora Ambiental. El único anexo es una tabla de dos filas con las tarifas propuestas: USD 40 para el servicio regular y USD 50 para el especial.

Tampoco se detallan los costos considerados, el número actualizado de pasajeros, el consumo de combustible, los gastos de mantenimiento, la rentabilidad de las rutas ni las inversiones que los armadores deberían realizar a cambio del incremento.

Además, el oficio fue emitido el mismo 6 de julio y fijó esa misma fecha como plazo para presentar por escrito observaciones, comentarios o recomendaciones técnicas. La “socialización” fue convocada para el día siguiente.

Ocho años con una tarifa de USD 30

La tarifa oficial vigente fue establecida en la Resolución MTOP-SPTM-2018-0082-R, expedida el 13 de agosto de 2018 y publicada en el Registro Oficial el 1 de octubre de ese año. La norma fijó un valor de USD 30 para el servicio regular y de USD 40 para el especial.

La misma resolución define al servicio especial como aquel que ofrece un valor agregado relacionado con comodidad, espacios climatizados y confort para los pasajeros. También establece una tarifa preferencial equivalente al 50 % para niños menores de 12 años, estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Si esa disposición se mantiene, la tarifa regular preferencial pasaría de USD 15 a USD 20. La normativa también establece que una actualización debe sustentarse en un estudio técnico sometido a consideración de la autoridad marítima.

En 2018 se contabilizaron aproximadamente 311.000 desplazamientos de pasajeros en 15.263 viajes entre las islas. Si se utilizara ese volumen únicamente como referencia, la facturación bruta con una tarifa de USD 30 sería de USD 9,33 millones. Con un pasaje de USD 40 ascendería a USD 12,44 millones: una diferencia de USD 3,11 millones al año.

No se trata de una estimación de los ingresos actuales, porque las autoridades no han publicado estadísticas completas y actualizadas sobre este transporte. Precisamente, esa ausencia de información fue uno de los problemas señalados por Bitácora Ambiental en una investigación publicada en 2023.

La pregunta que deja la nueva propuesta es inevitable: ¿el pasajero pagará más por un servicio efectivamente más seguro o únicamente por seguir viajando en las mismas embarcaciones?

La tragedia de la lancha Angy

El antecedente más grave es el naufragio de la lancha Angy, ocurrido el 25 de septiembre de 2022 durante un viaje entre Puerto Villamil, en Isabela, y Puerto Ayora, en Santa Cruz. Cuatro turistas murieron: dos ecuatorianos, un colombiano y un ciudadano estadounidense-israelí.

La embarcación sufrió fallas sucesivas en sus tres motores y quedó a la deriva. La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos informó entonces que la lancha se quedó sin combustible y que la tripulación no comunicó inmediatamente la emergencia a la autoridad marítima. El pedido inicial de auxilio habría sido realizado directamente al armador.

Los testimonios de sobrevivientes también señalaron problemas con la disponibilidad y entrega de chalecos salvavidas, exceso de pasajeros y una respuesta tardía frente a la emergencia. La reconstrucción del viaje muestra que las primeras fallas comenzaron poco después de zarpar y que los tres motores terminaron fuera de servicio.

La tragedia de la Angy demostró que instalar más motores no garantiza por sí mismo la seguridad. Si los motores comparten un sistema de combustible, una contaminación de la gasolina, la presencia de agua o la falta de abastecimiento pueden afectar a todos al mismo tiempo.

El naufragio no puede atribuirse automáticamente al sobredimensionamiento de la potencia, pero sí expuso la fragilidad de un modelo que ha presentado la multiplicación de motores como una garantía frente a las averías.

Hasta 1.200 caballos de potencia para recorrer 80 km

En 2023, Bitácora Ambiental revisó las características de 27 lanchas autorizadas para el transporte interislas. Quince tenían tres motores fuera de borda, once estaban equipadas con cuatro y solo una operaba con dos motores. La potencia total variaba entre 600 y 1.200 caballos de fuerza. Algunas embarcaciones llevaban cuatro motores de 300 caballos cada uno para cubrir rutas de entre 76 y 83 kilómetros.

Ingenieros navales consultados para ese reportaje consideraron excesivos 900 caballos de fuerza y calificaron como desproporcionado el uso de 1.200 caballos en embarcaciones de fibra de vidrio destinadas al transporte colectivo de pasajeros. Advirtieron, además, que aumentar la potencia exige revisar integralmente el diseño del casco, la estabilidad, la distribución del peso y los sistemas de abastecimiento de combustible.

Cada motor de 300 caballos pesa aproximadamente 270 kilogramos. Cuatro motores representan más de una tonelada colocada en la popa, sin contar el combustible. La potencia instalada permite alcanzar velocidades elevadas, pero también incrementa el consumo, las emisiones, el riesgo de afectaciones estructurales y la posibilidad de colisiones con fauna marina.

En condiciones de máxima potencia, un solo motor de 300 caballos puede consumir alrededor de 25 galones de gasolina por hora. La investigación estimó que las 27 embarcaciones podían utilizar aproximadamente 1,5 millones de galones al año.

Pese a esos antecedentes, la propuesta tarifaria revisada no menciona límites de velocidad, evaluaciones independientes de los cascos, sistemas separados de combustible, capacitación adicional para las tripulaciones ni mecanismos que permitan conocer y transparentar los incidentes, averías y siniestros.

Tampoco condiciona el aumento a inversiones comprobables en seguridad.

Más dinero, pero las mismas preguntas

Las lanchas interislas prestan un servicio público esencial para residentes y turistas. Sin embargo, no son consideradas embarcaciones turísticas y, por ello, no están sometidas al control operativo del Ministerio de Turismo. Su regulación recae principalmente en la autoridad marítima.

Ese diseño institucional ha dejado vacíos en las estadísticas de pasajeros, el seguimiento de la calidad del servicio y la transparencia sobre las condiciones reales de operación.

Actualizar una tarifa congelada desde 2018 puede tener una explicación económica. Los combustibles, repuestos, motores y trabajos de mantenimiento han aumentado de precio. Pero un incremento del 33 % requiere algo más que una tabla con dos nuevos valores.

Antes de autorizarlo, la autoridad debería publicar el estudio técnico completo, transparentar las cifras actuales de pasajeros e ingresos, explicar qué costos justifican los USD 10 adicionales y establecer qué mejoras concretas recibirán los usuarios.

Después del naufragio de la Angy y de los recurrentes incidentes y averías registrados en las rutas, cobrar más no puede convertirse en el sustituto de controlar mejor.

Porque un pasaje de USD 40 será más caro. Lo que los documentos todavía no demuestran es que también será más seguro.