Minería ilegal en Yankur: las denuncias se cambian de provincia, los operativos no llegan y las excavadoras avanzan

El Observatorio de Política Minera denuncia una cadena de irregularidades e inacción institucional alrededor de Yankur: expedientes que terminan en otra provincia, operativos que no alcanzarían el principal foco denunciado y alrededor de 30 excavadoras que continuarían trabajando junto al río Zamora. Imágenes satelitales, nuevas grabaciones y denuncias por presunto uso de mercurio aumentan las preguntas sobre quién controla —y quién permite— el avance de la minería en esta zona de Morona Santiago.

La maquinaria sigue trabajando. Nuevas imágenes muestran excavadoras operando sobre extensas superficies de tierra removidas en el sector de Yankur, en Morona Santiago, junto al río Zamora. Pero detrás de esas imágenes existe una historia mucho más compleja que la presencia de unas cuantas máquinas.

Denuncias ante Fiscalía, cuestionamientos a actuaciones de la autoridad minera, operativos que aparentemente se detienen antes de ingresar al principal sector denunciado y acusaciones sobre posibles intereses políticos forman parte de un caso que lleva años acumulando alertas.

El Observatorio de Política Minera aporta ahora nuevos elementos. Según el Observatorio, alrededor de 30 máquinas continuarían trabajando en Yankur, pese a las denuncias presentadas y los operativos ejecutados en sectores vecinos. Su cuestionamiento central es todavía más grave: sostiene que el problema no sería únicamente la minería presuntamente ilegal, sino una cadena de actuaciones e inacciones institucionales que, en la práctica, habría permitido que la actividad continúe.

Un expediente que no encuentra dónde investigarse

De acuerdo con el relato del Observatorio de Política Minera, una de las denuncias fue presentada ante la Fiscalía de Morona Santiago, pero no habría generado hasta ahora las acciones que esperaban los denunciantes.

Ante esa situación, el caso fue escalado a la Fiscalía General del Estado, en Quito.

Sin embargo, según el Observatorio, el expediente habría terminado remitido a Zamora Chinchipe, pese a que los hechos denunciados y la concesión cuestionada se encuentran en Morona Santiago.

El señalamiento debe ser verificado documentalmente, pero plantea una pregunta elemental: ¿por qué una investigación relacionada con hechos denunciados en Morona Santiago terminó enviada a otra provincia?

No es la única denuncia. El 20 de junio, Prensa Minera Energética publicó que existen dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado, una presentada en Morona Santiago y otra en Quito, para investigar presunta minería ilegal, utilización de mercurio y vertido de desechos mineros al río Zamora. Se informó además que en noviembre de 2025 se realizó un operativo en la zona y que posteriormente fue destruido el puente de acceso, circunstancia que, según los denunciantes, dificultó nuevas intervenciones.

Pero existe un detalle todavía más llamativo.

Los denunciantes sostienen que posteriores operativos llegaron hasta los límites de Yankur, pero no ingresaron al lugar donde presuntamente se concentraba la mayor cantidad de maquinaria. Allí tres máquinas fueron destruidas en un sector y otras cuatro en la concesión denominada BEC. Sin embargo, alrededor de 30 máquinas que los denunciantes ubican dentro de Yankur no habrían sido intervenidas.

De allí surgió una pregunta que continúa sin respuesta:

¿Por qué los operativos llegan hasta Yankur pero no intervienen el principal foco denunciado?

Una actuación de ARCOM bajo cuestionamiento

El Observatorio incorpora otro elemento que deberá ser aclarado por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). Según el Observatorio, en febrero se habría producido una actuación administrativa relacionada con Yankur y un ciudadano Shuar cuando el catastro minero se encontraba cerrado.

El Observatorio sostiene incluso que dentro de la propia autoridad minera esa actuación habría sido considerada irregular. Bitácora Ambiental considera necesario obtener el expediente administrativo completo para determinar exactamente qué acto se produjo, quién lo autorizó y cuál fue su fundamento jurídico.

Los satélites ya habían registrado el avance

La transformación minera de este territorio no depende solamente de testimonios.

En diciembre de 2022, Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) publicó un análisis sobre la actividad minera dentro del territorio del Pueblo Shuar Arutam, ubicado en la cordillera del Cóndor, en Morona Santiago y junto a la frontera con Perú.

Para entonces, MAAP determinó que el 55 % del territorio Shuar Arutam se encontraba concesionado a la industria minera. Uno de los cuatro sectores estudiados fue Nayap, localizado a lo largo del río Zamora, en el límite occidental de la tierra comunitaria Churuwia.

Entre enero de 2020 y octubre de 2022, el monitoreo identificó 108 hectáreas de superficie afectada por actividad minera y 4,9 kilómetros de accesos. El dato que conecta directamente aquel estudio con el caso actual es contundente: el 60 % del aumento de la actividad minera registrado en Nayap se localizó dentro de las concesiones YANKUR 345 y MEFFEC, destinadas a extracción de oro bajo el régimen de pequeña minería.

MAAP encontró además 6,9 hectáreas de actividad fuera de los límites de las zonas destinadas a minería. Cuatro años después, el problema no ha desaparecido.

Al contrario. Un reporte más reciente de MAAP, publicado en 2026, volvió a analizar Nayap y encontró 164 hectáreas de actividad minera entre 2024 y 2025, una superficie que la organización compara con aproximadamente 229 canchas profesionales de fútbol.

De ellas, 31 hectáreas —el 19 % del área identificada— se encontraban fuera de las áreas autorizadas por el catastro minero.

La secuencia temporal resulta difícil de ignorar: imágenes satelitales de 2022, nuevo monitoreo en 2024 y 2025, denuncias ante Fiscalía, operativos, investigaciones periodísticas y, ahora, nuevas imágenes de maquinaria trabajando en 2026.

El mercurio y un río que no termina en Ecuador

Existe además una acusación que requiere una respuesta ambiental urgente. El Observatorio de Política Minera sostiene que en el sector se estaría utilizando mercurio para recuperar oro y que residuos de la actividad minera estarían llegando al río Zamora.

La existencia y magnitud de esa contaminación debe comprobarse mediante análisis de agua, sedimentos y organismos acuáticos. Pero si la presencia de mercurio denunciada fuese confirmada, el problema no quedaría circunscrito a Yankur ni siquiera a Ecuador.

El río Zamora forma parte de una cuenca que continúa hacia Perú, por lo que una eventual contaminación plantea también una dimensión transfronteriza.

Por ello resulta indispensable conocer si las autoridades ambientales han tomado muestras, qué parámetros analizaron, en qué lugares fueron obtenidas y cuáles fueron sus resultados.

El señalamiento más delicado: política y minería

El Observatorio va todavía más lejos, pues plantea que detrás de la falta de actuación estatal existirían intereses políticos vinculados a personas que se beneficiarían de la actividad minera y que, según su versión, tendrían capacidad para financiar movilizaciones y generar presión territorial. Se trata de uno de los señalamientos más graves del testimonio y merece ser investigado.

La pregunta ya no es solamente qué ocurre en Yankur

Bitácora Ambiental había advertido anteriormente sobre este caso. Después, Prensa Minera documentó las denuncias existentes y preguntó por qué Yankur parecía permanecer fuera del alcance de los operativos.

Los informes de MAAP demuestran, independientemente de esas denuncias, que la transformación minera del sector puede observarse y medirse desde el espacio y que parte de la actividad identificada en el área de Nayap se encontraba fuera de las zonas autorizadas.

Ahora existen nuevas imágenes de maquinaria pesada trabajando y un nuevo testimonio del Observatorio de Política Minera sobre las dificultades que habrían encontrado sus denuncias dentro del propio Estado.

Ninguno de estos elementos, individualmente, demuestra que las aproximadamente 30 máquinas denunciadas estén cometiendo un delito ni permite atribuir responsabilidades penales a una persona determinada.

Pero su acumulación hace indispensable una respuesta pública. ARCOM debe transparentar el expediente de Yankur y explicar qué ocurrió en febrero.

Fiscalía debe informar dónde se encuentran las denuncias, por qué fueron remitidas entre jurisdicciones y qué diligencias investigativas ha practicado.

La autoridad ambiental debe informar si existen análisis sobre mercurio y otros contaminantes en el río Zamora.

Policía y Fuerzas Armadas deben explicar qué sectores fueron intervenidos durante sus operativos y si ingresaron o no al punto donde los denunciantes ubican las aproximadamente 30 máquinas.

Y, finalmente, el Estado puede resolver buena parte de las dudas con algo bastante más sencillo que un nuevo discurso: entrar a Yankur, identificar cada máquina, determinar quién la opera, verificar los títulos y autorizaciones correspondientes, tomar muestras ambientales y hacer públicos los resultados.

Porque después de años de imágenes satelitales, denuncias, operativos y expedientes que aparentemente no consiguen detener la actividad cuestionada, la pregunta ya no es solamente qué está ocurriendo en Yankur.

La pregunta que ahora debe responder el Estado es otra:

¿por qué, después de tantas alertas, las máquinas siguen trabajando?