Pesca otra vez hace maletas: su estructura se decide mientras Ecuador sigue bajo tarjeta amarilla de la UE
- Franklin Vega
- hace 3 días
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Actualizado: hace 2 días
El Decreto Ejecutivo 425 ya ordenó fusionar Producción y Agricultura con Economía y Finanzas. Sin embargo, fuentes del Ministerio confirmaron a Bitácora Ambiental que el organigrama todavía está en análisis y que la estructura definitiva se prevé para el 20 de agosto. El cambio ocurre mientras Ecuador mantiene pendiente la advertencia europea y persisten vacíos en la trazabilidad del pepino de mar, el atún y los tiburones.
La creación del enorme Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo ya no es una posibilidad: está ordenada mediante decreto presidencial. Lo que todavía no está decidido es cómo se repartirán el poder, el presupuesto, el personal y las responsabilidades dentro de la nueva institución, incluida la ubicación definitiva del sector pesquero.
Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas confirmaron a Bitácora Ambiental que el organigrama conocido por este medio continúa en análisis y no corresponde todavía a la estructura definitiva. La aprobación estaría prevista para el 20 de agosto de 2026.
La fecha no es menor. El Decreto Ejecutivo 425, expedido el 18 de junio y publicado el 24 de junio de 2026 en el Cuarto Suplemento No. 312 del Registro Oficial, concedió un plazo máximo de 60 días para culminar la fusión. Ese periodo vence alrededor del 23 de agosto.
Es decir, la estructura definitiva se conocería apenas tres días antes de que termine el plazo fijado por el propio Gobierno.
Mientras se ajustan los casilleros del nuevo superministerio, Ecuador continúa bajo la tarjeta amarilla emitida por la Unión Europea en 2019 por sus deficiencias para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El siguiente nivel, si el país fuera considerado no cooperante, sería una tarjeta roja y la aplicación de restricciones comerciales sobre los productos pesqueros.
La pregunta, entonces, no es solo dónde quedará Pesca. La pregunta es si otra transición institucional fortalecerá los controles o volverá a interrumpirlos cuando el país todavía no puede explicar con claridad de dónde salen todos los pepinos de mar que exporta, por qué no coinciden las cifras del negocio de las aletas de tiburón o cuál es el origen de cientos de miles de toneladas de atún procesadas por la industria.
Organigrama propuesto
La fusión ya está decretada
El Decreto Ejecutivo 425 dispone la fusión por absorción del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca al Ministerio de Economía y Finanzas.
Cuando el proceso concluya, Economía y Finanzas pasará a denominarse Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y asumirá las competencias, atribuciones, obligaciones, contratos, programas, bienes, presupuesto y personal de las instituciones absorbidas.
El decreto señala que esas competencias se ejercerán mediante los viceministerios “que se determinen con base en la necesidad institucional”. Esa frase confirma que, aunque la fusión ya fue ordenada, la estructura interna todavía podía modificarse durante la fase de implementación. El organigrama fechado el 30 de julio de 2026 y analizado por Bitácora Ambiental plantea seis viceministerios:
Finanzas.
Economía.
Producción, Industria y Turismo.
Comercio Exterior e Inversiones.
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural.
Acuacultura y Pesca.
Bajo ese diseño, una sola autoridad ministerial tendría que dirigir la política fiscal, el presupuesto nacional, la producción, el turismo, la agricultura, las negociaciones comerciales, las inversiones y el control de la actividad pesquera. Pero las fuentes consultadas insistieron en que este organigrama sigue siendo una propuesta. Por tanto, no puede afirmarse que sus dependencias, jerarquías o líneas de mando sean definitivas. Lo que tampoco conocen es quienes ocuparán las direcciones que se crearon luego de la fusión de varias subsecretarías.
Lo que está decidido y lo que falta
La norma ya determinó que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones desaparecerán cuando termine la fusión.
Hasta entonces, ambas instituciones conservarán su personalidad jurídica y sus autoridades mantendrán sus competencias. El decreto también les ordena garantizar la continuidad de los procesos administrativos, contractuales, judiciales, extrajudiciales, programas y servicios hasta su entrega formal.
Esto resulta especialmente importante en Pesca, donde una interrupción puede afectar:
permisos de pesca;
inspecciones y desembarques;
monitoreo de embarcaciones;
emisión de certificados;
expedientes sancionadores;
laboratorios;
observadores pesqueros;
control de plantas procesadoras;
trazabilidad de capturas;
importaciones y exportaciones.
El Decreto 425 establece además que la reforma no generará erogaciones adicionales y será financiada con los recursos ya asignados a las tres instituciones fusionadas.
Eso abre otra pregunta: ¿cómo se fortalecerá el control pesquero sin nuevos recursos, dentro de un ministerio que asumirá simultáneamente las responsabilidades de Finanzas, Agricultura, Producción, Turismo y Comercio Exterior?
La segunda mudanza de Pesca en un año
El sector pesquero ya atravesó una reorganización reciente. En agosto de 2025, el Decreto Ejecutivo 99 trasladó al Viceministerio de Acuacultura y Pesca desde el Ministerio de Producción hacia el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que luego pasó a denominarse Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Si el nuevo organigrama mantiene el diseño conocido, el recorrido sería:
Ministerio de Producción → Ministerio de Agricultura → Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.
Sería la segunda mudanza institucional en aproximadamente un año. En el borrador se conserva el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, junto con las subsecretarías de Recursos Pesqueros, Calidad e Inocuidad y Acuacultura. También aparecen las direcciones de Pesca Artesanal, Pesca Industrial, Control Pesquero, Habilitación y Certificación Sanitaria, Control y Diagnóstico Sanitario, Gestión Acuícola, Control Acuícola y Política Pesquera y Acuícola.
Los nombres y casilleros están allí. Lo que todavía se desconoce es cuántos funcionarios tendrán, qué presupuesto manejarán, dónde operarán y qué capacidad real conservarán.
Tampoco se ha explicado si la Dirección de Control Pesquero continuará en Manta ni qué ocurrirá con inspectores, observadores, técnicos y procesos sancionadores durante la transición.
Una tarjeta amarilla que no se ha levantado
La reforma llega cuando Ecuador todavía mantiene pendiente el proceso para superar la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea.
La Comisión Europea notificó al país el 30 de octubre de 2019 sobre la posibilidad de ser considerado un tercer Estado no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La advertencia no estuvo dirigida únicamente a los barcos. Cuestionó las debilidades de toda la cadena: registro de embarcaciones, permisos, desembarques, plantas procesadoras, cámaras frigoríficas, certificaciones, intercambio de información, trazabilidad y sanciones.
Como publicó Bitácora Ambiental, la Comisión Europea encontró “importantes incoherencias” en las cifras entregadas por una planta procesadora. La autoridad pesquera ecuatoriana las había aceptado sin verificarlas y solo realizó nuevas comprobaciones después de la intervención europea.
En 2018, los técnicos europeos también encontraron pescado almacenado en la cámara frigorífica de una planta cuya entrada había pasado inadvertida para las autoridades ecuatorianas.
La Unión Europea cuestionó que Ecuador no pudiera garantizar que el pescado que ingresaba a puertos, mercados y plantas procesadoras estuviera libre de pesca ilegal.
En una entrevista con Bitácora Ambiental, la Delegación de la Unión Europea señaló que el fortalecimiento de los controles y la trazabilidad de todas las especies era uno de los aspectos fundamentales del diálogo con Ecuador.
Siete años después, el Gobierno vuelve a reorganizar la institución responsable de demostrar que esos controles funcionan.
De la amarilla a la roja
La tarjeta amarilla es una advertencia. No implica por sí misma el cierre del mercado europeo y permite que el país presente reformas, resultados y medidas correctivas.
La roja sería el siguiente nivel, pero no se impone automáticamente.
La Comisión Europea tendría que concluir que Ecuador no corrigió las deficiencias e identificarlo como país no cooperante. Posteriormente, el Consejo de la Unión Europea decidiría si lo incluye en la lista correspondiente.
La normativa europea contra la pesca INDNR establece que, frente a un país declarado no cooperante, se prohibirá el ingreso de productos pesqueros capturados por embarcaciones de su bandera y no se aceptarán sus certificados de captura. Dependiendo de las causas de la decisión, la restricción podría limitarse a determinadas poblaciones o especies.
También se prohibiría que operadores europeos compren barcos de ese país, cambien embarcaciones a su bandera, celebren acuerdos de fletamento o participen en operaciones pesqueras conjuntas.
La Comisión Europea explica que, si un Estado continúa incumpliendo después de recibir la advertencia, puede ser identificado como no cooperante y sus productos pesqueros quedar fuera del mercado europeo.
No corresponde afirmar que la tarjeta roja ya está por imponerse o que toda la producción atunera quedaría automáticamente bloqueada. Pero tampoco puede ignorarse que Ecuador continúa dentro de un procedimiento cuyo siguiente escalón contempla sanciones comerciales.
Desde enero de 2026, además, el uso del sistema digital CATCH es obligatorio para los operadores y autoridades europeas que gestionan importaciones pesqueras. Cada certificado y cada lote estarán sujetos a controles digitales más rigurosos.
Inspectores sin contrato y controles que no se pueden firmar
La incertidumbre no se limita al organigrama. Un funcionario de pesca consultado por Bitácora Ambiental, cuya identidad se mantiene en reserva por temor a represalias, alertó sobre problemas laborales y operativos dentro de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros durante la fusión.
Según su testimonio, varios analistas e inspectores estarían trabajando mientras sus nuevos contratos continúan pendientes. Los funcionarios pertenecían al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y ahora deben pasar a la institución que será absorbida por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. El funcionario aseguró que algunos servidores continúan recibiendo disposiciones y ejecutando tareas, pese a que todavía no contarían con un instrumento contractual vigente.
“Los están haciendo trabajar a todos: analistas, inspectores de pesca y otros funcionarios. No pueden firmar los correos relacionados con el tracking de los barcos, las inspecciones y los controles”, relató.
De acuerdo con su versión, esta situación también afectaría la emisión y firma de documentos relacionados con guías de pesca, incluidas las correspondientes a tiburones. El trabajador cuestiona la validez jurídica de las actuaciones realizadas por funcionarios que, según sostiene, todavía no tendrían formalizada su relación contractual.
También afirmó que el monitoreo satelital de embarcaciones no estaría funcionando con normalidad porque los responsables no podrían suscribir informes, correos o actuaciones oficiales.
“Nadie de monitoreo satelital está trabajando con normalidad porque no puede firmar. La situación del control pesquero está en el limbo”, advirtió.
El funcionario indicó que los directores de cada área estarían gestionando las contrataciones, mientras la estructura de Talento Humano correspondiente a la nueva institución todavía no estaría operativa. Añadió que existe temor entre el personal a denunciar públicamente por las posibles consecuencias laborales.
Según la fuente, entre los funcionarios preocupa que una interrupción de los controles, el monitoreo de barcos o la emisión regular de documentos pueda afectar el proceso para superar la tarjeta amarilla de la Unión Europea.
“Tienen miedo de que le pongan la tarjeta roja a Ecuador y todos se queden sin trabajo. También tienen miedo de denunciar”, señaló.
Bitácora Ambiental no ha podido verificar de manera independiente cuántos funcionarios se encontrarían en esta situación, desde qué fecha trabajan sin contrato ni qué documentos habrían emitido. Tampoco ha establecido si existen nombramientos, prórrogas, acciones de personal, delegaciones u otros instrumentos administrativos que respalden temporalmente sus actuaciones.
El testimonio se incorpora porque describe un posible riesgo concreto durante la transición: que los controles pesqueros continúen formalmente, pero que quienes deben ejecutarlos o firmarlos no tengan definida su situación jurídica. El Decreto Ejecutivo 425 ordena expresamente garantizar la continuidad de los servicios, procesos administrativos y programas durante la fusión. Si inspectores, analistas o responsables del monitoreo satelital no pueden suscribir actuaciones oficiales, el Gobierno deberá explicar cómo está cumpliendo esa obligación.
Pepinos de mar: documentos sin origen verificable
Las investigaciones de Bitácora Ambiental muestran que los problemas de trazabilidad no se limitan al expediente de 2019. Entre 2021 y junio de 2026, Ecuador declaró la exportación de 40.463,65 kilogramos de pepino de mar. Utilizando una conversión promedio de 23,5 gramos de producto seco por individuo, ese volumen equivaldría a aproximadamente 1,72 millones de pepinos.
Durante ese periodo, la pesquería estuvo sometida a temporadas restringidas y cuotas. En 2024, el Parque Nacional Galápagos no autorizó su extracción, pero el país registró exportaciones por 8.933,55 kilogramos.
La existencia de exportaciones no demuestra, por sí sola, una irregularidad. El producto podría proceder de inventarios acumulados, capturas continentales autorizadas u otras fuentes legales.
El problema es que el Estado no ha presentado información pública que permita reconstruir claramente el origen de cada lote.
En Galápagos se registran la embarcación, el sitio de pesca, el número de individuos, el peso y la movilización hacia el continente. Pero después el producto es cocido, deshidratado, procesado y puede mezclarse con otros lotes.
Como mostró la investigación ¿De dónde salen los pepinos de mar que Ecuador exporta?, los documentos prueban que un cargamento recibió permisos administrativos, pero no permiten reconstruir públicamente el origen biológico de cada ejemplar procesado.
En ese eslabón, la trazabilidad deja de ser verificable. Para efectos del control público, termina prácticamente en cero: existe el documento de salida, pero no una explicación transparente sobre el origen de cada individuo exportado.
Tiburones: las toneladas que no cuadraron
El negocio de las aletas de tiburón también ha dejado diferencias importantes entre las autorizaciones y las exportaciones registradas. En 2021, el Ministerio del Ambiente emitió 89 permisos CITES que autorizaban la exportación de alrededor de 770 toneladas de aletas, valoradas en unos USD 24 millones.
Los registros aduaneros revisados por Bitácora solo mostraban la salida de 277 toneladas. Cerca de 500 toneladas autorizadas no aparecían conciliadas en las estadísticas públicas.
La diferencia no prueba que todo ese producto haya salido ilegalmente. Los permisos pudieron utilizarse parcialmente, no usarse o caducar. Pero precisamente por eso debería existir un sistema que cruce permisos, inspecciones físicas, declaraciones aduaneras y exportaciones efectivas.
La investigación Los números del sangriento negocio de las aletas de tiburón no cuadran en Ecuador consultó al Ministerio del Ambiente y a la Aduana, pero no obtuvo una explicación al cierre de la publicación. En 2020, además, 26 toneladas de aletas ecuatorianas fueron descubiertas en Hong Kong dentro de una exportación fraudulenta valorada en USD 1,1 millones. La sanción administrativa impuesta en Ecuador fue de USD 3.860.
La Comisión Europea ha advertido que las sanciones deben ser suficientemente severas para retirar a los infractores los beneficios obtenidos mediante la pesca ilegal. Una multa mínima frente al valor del cargamento difícilmente resulta disuasoria.
Atún: 85 % de alta mar y 200.000 toneladas sin conciliar
El atún constituye el corazón industrial de Manta y una de las principales exportaciones pesqueras ecuatorianas. También es una cadena particularmente compleja porque mezcla capturas de la flota nacional con materia prima importada desde distintos países y aguas internacionales.
Según datos del IPIAP analizados por Bitácora, en 2021 la flota atunera ecuatoriana capturó 288.612 toneladas. El 85 %, equivalente a unas 245.722 toneladas, provenía de alta mar.
La industria reportó además la importación de 308.760 toneladas de atún para procesamiento. Sin embargo, las estadísticas del Banco Central y la Aduana permitieron identificar aproximadamente 109.000 toneladas.
La diferencia se aproximaba a 200.000 toneladas, valoradas entonces en unos USD 340 millones, cuyo origen no aparecía claramente determinado en los registros públicos analizados.
La investigación De alta mar se obtiene el 85 por ciento del atún que se pesca y procesa en Ecuador también concluyó que alrededor del 61 % del atún procesado por la industria, sumando capturas e importaciones, procedía de aguas internacionales. Esas cifras corresponden a 2021 y necesitan una actualización oficial. Pero la pregunta de fondo sigue vigente: ¿puede el Estado reconstruir el recorrido de cada tonelada, desde el lugar de captura hasta la planta y la lata exportada?
Promover y controlar a las mismas empresas
La eventual integración de Pesca y Comercio Exterior bajo una sola autoridad podría mejorar la coordinación para atender los requerimientos internacionales y agilizar certificaciones.
Pero también concentra funciones potencialmente conflictivas.
El nuevo ministerio deberá promover exportaciones, atraer inversiones y defender la competitividad de la industria. Al mismo tiempo, deberá inspeccionar, sancionar y eventualmente suspender a las mismas empresas exportadoras.
El Decreto 425 ordena que la estructura definitiva garantice la separación de funciones. El cumplimiento de esta obligación será crucial para impedir que el control quede subordinado a las metas comerciales.
El riesgo es especialmente alto en un ministerio cuyo titular deberá atender simultáneamente finanzas públicas, agricultura, turismo, producción, inversiones, comercio exterior y pesca.
El 20 de agosto se conocería la respuesta
El organigrama definitivo debería responder preguntas que el borrador no resuelve:
¿Qué presupuesto tendrá el Viceministerio de Acuacultura y Pesca?
¿Cuántos inspectores, observadores y técnicos conservará?
¿Habrá desvinculaciones o traslados?
¿La Dirección de Control Pesquero continuará funcionando en Manta?
¿Cómo se garantizará la independencia entre promoción comercial y fiscalización?
¿Qué ocurrirá con los expedientes sancionadores?
¿La Unión Europea fue informada sobre la reorganización?
¿Qué compromisos de la tarjeta amarilla continúan pendientes?
¿Cómo se cruzarán los registros de capturas, desembarques, importaciones, permisos CITES, procesamiento y exportaciones?
¿Cómo se fortalecerá el control si el decreto prohíbe generar gastos adicionales?
La nueva estructura estaría prevista para el 20 de agosto. Hasta entonces, el organigrama conocido es un borrador y no debe presentarse como una decisión definitiva.
La fusión, en cambio, ya fue decretada. Pesca volverá a hacer maletas. Lo que todavía no se sabe es si llegará al nuevo ministerio con más capacidad para controlar la cadena o si sus problemas de trazabilidad simplemente cambiarán de oficina.
La tarjeta amarilla sigue siendo una advertencia. Convertirla en roja dependerá de decisiones europeas posteriores, pero la posibilidad existe mientras Ecuador no demuestre, con cifras verificables, qué se pesca, dónde se captura, cuánto ingresa a sus plantas y qué termina exportándose.
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