Ocho años después, la justicia cierra el caso de las 123 tortugas robadas en Isabela, pero la red del tráfico sigue impune
- Franklin Vega
- hace 11 horas
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La Corte Provincial del Guayas ratificó la condena contra Paúl Tapia Machuca por el robo de 123 crías de tortuga gigante del Centro de Crianza de la isla Isabela. La sentencia llega mientras nuevas investigaciones por iguanas marinas y otras especies evidencian que el negocio ilegal nunca desapareció.
La justicia ecuatoriana confirmó este 7 de julio la sentencia contra Paúl Tapia Machuca por la sustracción de 123 crías de tortuga gigante del Centro de Crianza Arnaldo Tupiza, en Isabela. La Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas rechazó la apelación presentada por la defensa y dejó en firme la pena de tres años de prisión, una multa equivalente a diez salarios básicos unificados y una reparación integral de USD 669.000 a favor del Parque Nacional Galápagos.
La resolución pone punto final a un proceso judicial que tomó casi ocho años desde el descubrimiento del delito. Demasiado tiempo para un caso considerado emblemático en la protección de la biodiversidad ecuatoriana.
Según la Fiscalía, la investigación permitió reconstruir un sofisticado mecanismo mediante el cual las tortugas criadas bajo custodia del Estado habrían sido sustituidas por ejemplares silvestres sin sistemas oficiales de identificación. Los animales eran marcados manualmente para simular que pertenecían al programa institucional, mientras desaparecían individuos de dos especies emblemáticas del archipiélago: Chelonoidis vicina y Chelonoidis guntheri.
Las interceptaciones telefónicas, el análisis de dispositivos electrónicos y la triangulación de llamadas permitieron establecer la participación del hoy sentenciado y la existencia de una presunta estructura dedicada al tráfico ilegal de fauna silvestre, acota la Fiscalía. Sin embargo, el fallo deja abierta la pregunta inevitable: si la propia investigación habló de una estructura criminal, ¿por qué únicamente una persona termina con una sentencia firme? Lo mismo que en las 185 tortugas encontradas en el Aeropuerto de Baltra en el 2021, un solo condenado.
El caso comenzó el 27 de septiembre de 2018, cuando el Parque Nacional Galápagos detectó la desaparición de las 123 tortugas y presentó la denuncia ante la Fiscalía. A partir de entonces se desarrolló una investigación penal que se prolongó durante cuatro años hasta la sentencia de primera instancia, dictada en enero de 2023. La apelación extendió el proceso otros tres años y medio más, hasta la resolución conocida hoy.
Durante la fase de apelación, la representación jurídica del Parque Nacional Galápagos estuvo a cargo del estudio jurídico Egred & Co. Abogados, contratado externamente para sostener la defensa de la sentencia obtenida en primera instancia. Esta defensa permitió mantener la solidez jurídica del fallo hasta lograr su ratificación por parte de la Corte Provincial. Hay que recordar como en los dos casos de pesca ilegal de pepinos de mar en el 2024 quedaron impunes pues ni el abogado del PNG ni la ex fiscal de Galápagos Chuncho realizaron las acciones mínimas.
Una fuente del Parque Nacional Galápagos confirmó que la defensa externa fue financiada con recursos de Galápagos Conservancy, una ONG de conservación en el archipiélago y gestionada por el ex director del PNG en el 2023. La participación de cooperación internacional para respaldar una causa penal de esta naturaleza refleja tanto la importancia del caso como las limitaciones que enfrentan las instituciones públicas para sostener litigios ambientales complejos durante varios años.
La ratificación constituye un precedente importante. Confirma que el robo de fauna silvestre puede terminar en condenas penales y reparaciones económicas que son irrisorias al compararlas con los precios de los ejemplares en el mercado negro. También evidencia las debilidades del sistema: ocho años fueron necesarios para obtener una sentencia ejecutoriada sobre un delito ocurrido dentro de un centro estatal de crianza, mientras el tráfico de especies evolucionó hacia nuevos objetivos y nuevas rutas.
Solo en los últimos meses, Galápagos ha vuelto a ocupar titulares por el intento de tráfico de iguanas marinas desde el Aeropuerto de Baltra hasta Guayaquil, así como por investigaciones relacionadas con otras especies endémicas cotizadas en el mercado ilegal como las iguanas rosadas. La presión del crimen organizado sobre la biodiversidad del archipiélago continúa, aunque cambien las especies y los métodos.
La sentencia ratificada representa una victoria judicial. Pero también recuerda que perseguir un caso durante ocho años no equivale necesariamente a desmantelar el negocio. La verdadera medida del éxito llegará cuando las autoridades logren impedir que más tortugas, iguanas o cualquier otra especie de Galápagos vuelvan a desaparecer antes de que la justicia alcance a los responsables.
"Este es un caso del 2018; mientras en el 2021, la Fiscalía de Galápagos ha omitido cumplir la orden del juez en el caso del tráfico de 185 tortugas encontradas embaladas en el Aeropuerto de Baltra a las cuales el juez ordenó que Fiscalía investigue y no lo ha hecho; y al contrario, ordenó el archivo de la denuncia por desacato de esta investigación que presenté. Se dice que la triangulación de llamadas telefónicas permitió relacionar al sentenciado con otros participantes y establecer la existencia de una presunta estructura dedicada al tráfico de especies; y, entonces, los demás responsables, dónde están?" Cuán irónico resulta que las leyes no se aplican para los que dicen ser galapagueños con influencia en las decisiones del PNG y del CGREG. La falta de respeto a la institucionalidad tiene que ver con las influencias. Varios “líderes” galapagueños que han manejado las islas deberían estar en la cárcel. Milton Castillo Maldonado, Abogado de la Naturaleza
