Por 12 iguanas de Galápagos, 4 años y USD 1,2 millones; por 32, dos años y USD 90.444
El informe del Parque Nacional Galápagos sustentó la reparación impuesta a la ciudadana rusa detenida en Quito con 32 iguanas marinas quien pretendía llevarles hasta Bangkok, Tailandia. La reducción de la pena de prisión se acordó mediante un procedimiento abreviado, al que se opuso la acusación particular de Milton Castillo y Franklin Vega. La audiencia dejó abiertas preguntas sobre el daño ambiental, los animales muertos y la investigación de otros responsables.
Tres ciudadanos tailandeses que transportaban 12 iguanas marinas de Galápagos recibieron cuatro años de prisión cada uno y una reparación conjunta de USD 1,2 millones. En el caso de la ciudadana rusa detenida con 32 ejemplares, la resolución oral recogida en las transcripciones fija dos años de cárcel y USD 90.444,63 de reparación. La diferencia tiene un componente decisivo: el propio Parque Nacional Galápagos proporcionó la valoración económica que Fiscalía incorporó al acuerdo y que el juez utilizó para ordenar el pago. En ambos casos, el destino final era Bangkok, Tailandia.
La cobertura previa de Bitácora Ambiental situó la condena de los tailandeses el 28 de octubre y publicó la reparación de USD 1,2 millones. El medio todavía no dispone de la sentencia escrita.
La pena de prisión de la mujer rusa equivale a la mitad de la impuesta a cada tailandés. La reparación conjunta del caso de las 12 iguanas es unas 13,27 veces la fijada en el de las 32. Es una comparación aritmética entre las resoluciones conocidas, no una fórmula legal que permita fijar cuánto debe pagarse por cada animal. Los procesos tuvieron distintos acusados, pruebas y vías de resolución; precisamente esas diferencias fueron parte de la disputa durante la audiencia.
La intervención del Parque está documentada, pero conviene precisar su alcance. El informe técnico 075 sustentó la reparación económica. Los dos años de prisión procedieron de la negociación entre Fiscalía y la defensa para aplicar el procedimiento abreviado. El Parque respaldó esa salida y pidió que se impusieran tanto la pena acordada como la reparación de su informe. La decisión final correspondió al juez.
Dos años de prisión mediante un procedimiento abreviado
Olga Gennadievna K. K., como la identifica el boletín público de Fiscalía, fue aprehendida el 28 de agosto de 2026 en la salida internacional del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Llevaba ocho recipientes plásticos con cuatro iguanas vivas cada uno. La institución informó que carecía de las autorizaciones necesarias para su tenencia y movilización. El 29 de agosto recibió prisión preventiva.
Al presentar el acuerdo, el fiscal explicó que había tomado como referencia una pena de tres años y negociado una reducción de un tercio. El Fiscal dijo: “se ha negociado la aplicación del procedimiento abreviado respecto de la pena privativa de libertad en la rebaja de un tercio, quedaría dos años de pena privativa de libertad”. Es la explicación de Fiscalía sobre el cálculo que propuso al juzgador.
La defensa pidió que se aplicara el procedimiento y sostuvo que su representada había sido informada de sus consecuencias. Fiscalía señaló que el acta también había sido traducida al ruso. La representante del PNG, Mariani Celi Sevilla, afirmó que la aceptación de responsabilidad era libre y voluntaria y que la procesada contaba con defensa técnica y traductor. Esas intervenciones respaldaron la salida negociada. El traductor confirmó que la condenada aceptaba su responsabilidad.
"Pediremos una aclaratoria y apelaremos". Milton Castillo Maldonado, acusador particular.
Las agravantes que reclamó la acusación particular
Milton Castillo Maldonado en representación de los acusadores particulares, se opuso. Su objeción no se limitó al número de animales. Cuestionó la pena de partida, la consideración de agravantes y la valoración del daño. “Señor juez, que a tres tailandeses por doce iguanas marinas les hayan sancionado con cuatro años, porque ahí aplicaron las agravantes”, dijo. A continuación contrapuso ese antecedente con los dos años negociados por las 32 iguanas.
Castillo sostuvo que debían examinarse la posible participación de más personas, la gravedad del daño y la existencia de varias víctimas. Su argumento fue que las circunstancias del traslado no podían analizarse como si únicamente importara el hallazgo de una maleta en Quito. También cuestionó que el acta mencionara una escala penal de tres a cinco años cuando, según su exposición, el tipo base aplicable establecía de uno a tres.
El Código Orgánico Integral Penal establece una pena de uno a tres años para el delito del artículo 247 y prevé aplicar el máximo en determinadas circunstancias, entre ellas que se trate de especies endémicas. El artículo 636 exige considerar los hechos aceptados y las circunstancias agravantes y atenuantes al proponer la pena del procedimiento abreviado. Esto sitúa el desacuerdo en una cuestión concreta: qué circunstancias debían aplicarse en este expediente y cómo incidían en el cálculo.
Hay un punto adicional que requiere explicación jurídica. El artículo 636 dispone que la rebaja de prisión sea de hasta un tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal. La explicación oral de Fiscalía partió de tres años y descontó uno. Para evaluar ese cálculo es necesario revisar cómo se interpretó la pena aplicable al supuesto de especie endémica, qué agravantes se admitieron y qué motivación ofreció el juez.
El informe del Parque que sustentó la reparación
El Parque rechazó que el caso de los tailandeses pudiera trasladarse automáticamente al de la ciudadana rusa. Su representante distinguió el procedimiento directo del primero y el abreviado del segundo, y señaló que se trataba de hechos, fechas, personas y elementos probatorios diferentes. Justificó su posición por el reconocimiento de los hechos y la posibilidad de obtener una respuesta judicial oportuna. Añadió que aceptar el procedimiento no disminuía la gravedad de la conducta ni eliminaba la afectación a la biodiversidad. [T103, 25:24–28:33](/Users/teodorovega/Documents/Codex/2026-11-09/elabora-una-nota-period-stica-sobre-2/outputs/transcripciones_fuente.md:322).
La institución también solicitó expresamente la reparación de USD 90.444,63 calculada en el informe 075. El juez acogió ese valor e identificó el documento como la valoración técnico económica utilizada para decidir. El resultado es verificable en la resolución oral transcrita: la autoridad encargada de proteger Galápagos aportó la cuantificación sobre la que se fijó una reparación muy inferior a la suma ordenada en el otro proceso. Para explicar por completo la brecha todavía es necesario comparar las metodologías de ambos expedientes.
El monto se divide en dos rubros. El primero asciende a USD 14.977,79 por costos incurridos por el Estado, entre ellos atención veterinaria e insumos del hospital Tueri de la USFQ. El segundo, de USD 75.466,84, financiará un plan de reparación que incluye monitoreo poblacional durante 24 meses, caracterización sanitaria, adecuación del manejo, sensibilización y capacitación. Los dos componentes suman exactamente USD 90.444,63. En la audiencia, los representantes institucionales también mencionaron gastos de movilización de personal y análisis de laboratorio.
Fiscalía defendió el uso de esa valoración por provenir de la entidad estatal encargada del manejo y protección de las especies. Al responder a la propuesta de Castillo, el fiscal sostuvo que debía tomarse en cuenta lo señalado por el Parque. Esa intervención explica por qué el acuerdo incorporó una cifra institucional determinada; no permite conocer, por sí sola, si el informe evaluó de manera suficiente la pérdida de animales, el perjuicio genético o los efectos sobre la población de origen.
Castillo afirmó que su acusación contenía una cuantificación técnica de USD 7.437.088 y objetó que la reparación dejaba fuera a las iguanas muertas. Se trata de una pretensión de parte, no de un monto validado en esta revisión. Tampoco se dispone de su estudio íntegro para examinarlo. \
La objeción de Castillo también se apoyó en la descripción del daño que atribuyó al propio informe 075, mediante la lectura del acta del acuerdo. Según esa exposición, la extracción de juveniles reducía el reclutamiento poblacional, comprometía el patrimonio genético insular e imponía riesgos epidemiológicos. La relevancia de ese pasaje es concreta: el documento utilizado para cuantificar la reparación habría descrito consecuencias que van más allá de los gastos de atención y traslado. Comprobar cómo las tradujo en dinero exige examinar sus anexos y criterios de valoración.
Las muertes denunciadas y el retorno a Galápagos
La discusión económica estuvo acompañada por otra: qué ocurrió con los animales después de la incautación. Castillo denunció que ocho iguanas murieron entre el 13 y el 25 de septiembre mientras estaban bajo custodia estatal. Atribuyó esas muertes a deficiencias de alimentación y aseguró que había solicitado una revisión veterinaria independiente. Son acusaciones expuestas en la audiencia.
El retorno de 24 ejemplares sí cuenta con un respaldo público independiente de esa intervención. El Ministerio de Ambiente y Energía informó el 29 de septiembre que habían vuelto al archipiélago y entrado en cuarentena. El comunicado describió atención veterinaria intensiva en Quito y acompañamiento especializado durante el traslado. También advirtió que la liberación dependería de evaluaciones individuales y de criterios sanitarios y de determinación del origen. El boletín confirma el retorno, pero no explica qué causó la muerte de los otros ocho animales.
Durante la audiencia, la representante del Parque dijo que los 24 ejemplares recibidos permanecían en cuarentena en instalaciones de Santa Cruz. Al referirse al informe 078, señaló que se había detectado molecularmente adenovirus en seis iguanas y salmonela en siete. Hace dos semanas solicitamos que el PNG informe el estado actual de las iguanas, ya que tenemos varias denuncias sobre el número de iguanas que están bajo la custodia del PNG, ya que tenemos versiones de que varias iguanas se habrían fugado.
Castillo había cuestionado el traslado a Galápagos porque, según su lectura del expediente, todavía no estaban disponibles los resultados genéticos que permitieran determinar la isla de procedencia. Sostuvo que solicitó ese análisis desde el 3 de septiembre y contrapuso el caso con el de los tailandeses, en el que aseguró que una prueba había identificado Santa Cruz como origen. Es una comparación formulada por la acusación particular; los análisis genéticos de las 32 iguanas aún no se realizan.
El Parque, por su parte, explicó que cumplir la cuarentena no habilitaba automáticamente a liberar a los ejemplares. Mencionó la necesidad de estudios clínicos, sanitarios y genéticos adicionales y una evaluación de riesgo para las poblaciones silvestres. “La decisión deberá de priorizar el principio de precaución, la bioseguridad del archipiélago y también la conservación y el bienestar de los animales”. Trasladar las iguanas a una instalación de Santa Cruz y reintroducirlas en una población silvestre son actuaciones diferentes.
El teléfono que no pudo ser periciado
Otro punto de conflicto fue el teléfono de la procesada. La falta de extracción de su información fue reconocida por Fiscalía, el Parque y el juez. Castillo alegó que esa diligencia podía permitir identificar a quienes intervinieron antes del hallazgo en el aeropuerto. Una representante del Ministerio del Ambiente también cuestionó que no se hubiera realizado. La coincidencia sobre una pericia pendiente no se tradujo, sin embargo, en una coincidencia sobre sus efectos: las partes discutieron si impedía continuar el proceso y aceptar el acuerdo.
El juez enumeró varios obstáculos. Primero, un error al registrar el identificador del aparato, que se reprodujo en la solicitud de peritaje. Después, problemas para delimitar técnicamente el análisis solicitado. Finalmente, según un informe de Criminalística que citó, el teléfono tenía un patrón de bloqueo que los equipos disponibles no permitían superar. Esa explicación no demuestra que sea imposible acceder a la información por cualquier otro medio, pero tampoco respalda la afirmación de que bastaría voluntad para hacerlo.
La representante del PNG reconoció que la extracción podía ser pertinente para identificar la posible participación de terceros, aunque consideró que su ausencia no invalidaba el procedimiento abreviado. El juez concluyó que había otros elementos para sostener la acusación y descartó la nulidad solicitada. También entendió que la discusión genética no afectaba la decisión sobre la responsabilidad de la procesada. Declaró válido lo actuado y continuó con el trámite del acuerdo. Es decir, negociaron una reducción de la pena solo con la declaración de culpabilidad de la ciudadana rusa; quien aparentemente dijo que nunca le solicitaron la clave para desbloquear su teléfono, ese momento, el audio de la audiencia era más defectuoso.
La investigación pendiente sobre otros responsables
Fiscalía sostuvo que las posibles responsabilidades de otras personas debían investigarse en una causa separada y afirmó que ya había remitido documentación para ese fin. El Parque respaldó que se investigara a quienes pudieran haber participado en la captura, extracción, traslado, acopio, comercialización o entrega de los ejemplares. El acuerdo, según su representante, se limitaba a la responsabilidad de la mujer y no implicaba desistir de esclarecer otras intervenciones.
Castillo planteó una inferencia más amplia: que reunir y trasladar 32 juveniles requería participación de terceros y debía incidir en el juzgamiento. También sostuvo, citando certificaciones que no se adjuntaron a esta revisión, que la procesada no había ingresado a Galápagos. Esa hipótesis puede orientar nuevas diligencias, pero la documentación examinada no acredita quién capturó las iguanas, cómo llegaron a Quito ni quién debía recibirlas.
Los derechos de las iguanas y la reparación ordenada
El argumento sobre las víctimas también tiene un antecedente constitucional. En el caso de la mona Estrellita, la Corte Constitucional reconoció a los animales silvestres como sujetos de derechos por formar parte de la naturaleza. Castillo invocó ese precedente para sostener que cada una de las 32 iguanas debía ser considerada. El reconocimiento constitucional está documentado; su aplicación a una agravante concreta y a la cuantificación de este daño exige un análisis jurídico del expediente, no una multiplicación automática por el número de ejemplares.
La resolución oral ordenó depositar la reparación en una cuenta de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Dispuso además disculpas públicas, la publicación de la parte resolutiva en los portales del Parque y del Ministerio y medidas sobre bienes y cuentas de la sentenciada para procurar la recaudación.
La diferencia entre los dos casos está respaldada: cuatro años para cada uno de los tres tailandeses y USD 1,2 millones en conjunto por 12 iguanas; dos años y USD 90.444,63 para la ciudadana rusa encontrada con 32. Lo pendiente es explicar, con las sentencias y las valoraciones completas, por qué la respuesta económica fue tan distinta. En el segundo proceso, el informe del Parque ya tiene un efecto concreto: determinó el monto acogido por el juez. Su suficiencia para reparar el daño, la supervivencia de los animales y el avance de la investigación sobre otros participantes siguen requiriendo respuestas verificables.
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