“Yo te ofrezco, busca quién te dé”: Fanny Uribe reedita la promesa de legalizar motos en Galápagos
Fanny Uribe, alcaldesa y candidata de ADN para la reelección, anuncia que la matriculación comenzará el 16 de noviembre: apenas trece días antes de las elecciones seccionales. El Municipio puede contar, revisar y matricular vehículos autorizados; lo que no puede hacer es borrar con un trámite de ventanilla el ingreso irregular de una moto. El mecanismo jurídico sigue sin aparecer. El calendario electoral, en cambio, está clarísimo.
En Santa Cruz, la solución para cientos de vehículos irregulares ya tiene fecha: 16 de noviembre. Pura coincidencia, seguramente, que el proceso comience trece días antes de que los isleños acudan a las urnas. La alcaldesa Fanny Uribe busca repetir en el cargo con Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7. El movimiento del presidente Daniel Noboa la presentó en julio como su precandidata para la Alcaldía de Santa Cruz, después de que en 2023 llegara al Municipio con el Partido Sociedad Patriótica (ese de Lucio que ahora pactó con el correismo). Las elecciones seccionales serán el 29 de noviembre de 2026.
El anuncio municipal no se mira aún como una presunta infracción electoral. Pero impide tratarlo como una inocente comunicación administrativa. La oferta viene de una alcaldesa en campaña, se dirige a un grupo numeroso de propietarios con un problema legal pendiente (se calcula que en la reunión de ayer en Puerto Ayora fueron 400 votos; perdón queremos decir personas) y promete resultados justo antes de las votaciones. En otras palabras: la matrícula todavía no está asegurada, pero la expectativa electoral ya fue matriculada.
La ley no vio el video
“Detrás de cada vehículo y cada moto hay una familia, un trabajo y sueños que cumplir”, escribió Uribe después de reunirse con los propietarios. Es verdad. Pero detrás de cada matrícula también debe existir una autorización de ingreso del Consejo de Gobierno de Galápagos. Esa parte, menos emotiva y bastante más incómoda para una candidata, desapareció del anuncio.
La Alcaldía informó que entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre actualizará el catastro vehicular y que el 16 de noviembre comenzará la matriculación y revisión. La secuencia es perfecta para un video de campaña: reunión, convocatoria, filas en el Municipio y una alcaldesa que aparece ofreciendo una salida pocos días antes de las elecciones. Por si no nos cree, mire los enlaces: Publicación de Fanny Uribe y video de la Alcaldía.
Solo hay un pequeño inconveniente: el Municipio no tiene competencia para legalizar vehículos ingresados sin autorización del CGREG.
La letra pequeña llegó por otra cuenta
La aclaración no apareció con el mismo énfasis en la publicación municipal. Llegó después y en otra cuenta: la reunión “no fue para una regularización directa” y el Municipio únicamente podrá revisar y matricular los vehículos que ya cuenten con permiso de ingreso del Consejo de Gobierno.
Según esa explicación, 2.313 de los 4.536 vehículos de Galápagos —el 51 % del parque automotor— carecerían de autorización. Entre ellos habría 1.085 motocicletas. Son cifras que el Municipio debe respaldar publicando el catastro, su metodología y la autoridad que lo validó. Explicación difundida sobre la reunión.
"Se aclaró a los asistentes, con responsabilidad, que de conformidad con la LOREG, Art. 14 y Art. 93, la potestad exclusiva para autorizar el ingreso y permanencia de vehículos en Galápagos la tiene el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG), y es esa entidad quien debe emitir la autorización final. El Municipio no legaliza vehículos, pero sí ordena la casa y acompaña a su gente". Radio Encantada
La oferta electoral de Uribe admite entonces dos interpretaciones. Si se refiere exclusivamente a vehículos que ya tienen autorización, no existe ninguna regularización: la candidata de ADN está presentando como conquista extraordinaria un trámite municipal ordinario.
Si se refiere a las motos y vehículos que ingresaron sin autorización, está prometiendo algo que el Municipio no puede cumplir. La ambigüedad no parece perjudicar a la campaña. Permite que los propietarios escuchen “matriculación”, mientras la letra pequeña dice “solo para quienes ya podían matricular”.
Una matrícula no es una lavadora jurídica
El Municipio de Santa Cruz tiene competencia para revisar y matricular vehículos. No tiene competencia para autorizar su ingreso y permanencia en Galápagos ni para perdonar que hayan entrado incumpliendo el régimen especial.
La reforma de 2026 a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre no le concedió esa facultad. El nuevo artículo 101 dispone expresamente que en Galápagos se observarán el régimen especial y la normativa secundaria aplicable. Y esa normativa no deja demasiado espacio para la creatividad electoral.
Desde el 1 de enero de 2020, antes de matricular, la autoridad debe exigir la autorización de ingreso, de transferencia o el certificado de validación emitido por el CGREG a nombre del titular. El artículo 88 del Reglamento de Ingreso y Control de Vehículos exige además que el vehículo porte tanto la matrícula como el documento del Consejo de Gobierno. Consulte el Reglamento vigente del CGREG.
El Municipio puede contar las motos, fotografiarlas, revisar los frenos y comprobar si encienden. Lo que no puede hacer es transformar mediante una inspección mecánica un ingreso irregular en uno autorizado. Un catastro es una lista, no una amnistía.
Una revisión comprueba condiciones técnicas, no legalidad. Y una matrícula municipal no sustituye el permiso del CGREG, aunque se entregue trece días antes de votar.
La amnistía que tampoco consta en la reforma
La disposición transitoria octava de la reforma nacional de 2026 tampoco creó una legalización general para automóviles y motocicletas particulares. Su alcance se limita a vehículos de transporte público y comercial que carecen del correspondiente título habilitante. Incluso dentro de ese grupo, la ley exige cumplir todos los requisitos de la normativa vigente. La única excepción son los estudios técnicos de necesidad del servicio.
En ninguna parte se elimina el permiso de ingreso del CGREG. Tampoco se concede a Fanny Uribe la facultad de reemplazar al Consejo de Gobierno. Si la candidata de ADN realmente quiere beneficiar a quienes carecen de autorización, tendrá que impulsar el mecanismo ante la autoridad competente. Eso requerirá, como mínimo, una reforma al reglamento del CGREG y, si la solución exige modificar una disposición de rango legal, una reforma a la LOREG.
También tendrá que explicar quiénes serían beneficiarios, qué vehículos quedarían fuera, qué sanciones se aplicarán y cómo piensa evitar que quienes evadieron los controles terminen premiados frente a quienes cumplieron la ley. Nada de eso aparece en el anuncio. Lo que sí aparece es una fecha cuidadosamente ubicada en el calendario electoral.
Esta promesa ya fue candidata en 2024
El ofrecimiento tampoco es nuevo. En febrero de 2024, el CGREG anunció que establecería con el Municipio de Santa Cruz “un mecanismo legal” para atender el pedido de los motociclistas y determinar, mediante un censo, cuántos vehículos requerían acceso a la matriculación. El Consejo estaba presidido entonces por Edwin Altamirano, a quien BitácoraEC ha identificado como antiguo funcionario de Uribe.
¿En qué terminó aquel “mecanismo legal”? La reforma vehicular aprobada por el CGREG en diciembre de 2024 no creó ninguna regularización general. Únicamente postergó hasta 2030 la obligación relacionada con el reemplazo por vehículos eficientes o eléctricos y dejó vigentes las demás disposiciones.
En junio de 2026, más de dos años después de la promesa, el propio CGREG apenas aprobó en primer debate otro proyecto que contemplaba estudiar “mecanismos excepcionales de regularización”. Es decir, la solución ofrecida en 2024 todavía seguía en proyecto en 2026.
Ahora, en vísperas de las elecciones, Uribe recoge la promesa, le pone otra fecha y vuelve a ofrecerla. La regularización sigue pendiente; la candidatura cambió de partido y ya está en campaña.
Primero la norma; después, los votos y la matrícula
Si la aspirante de ADN tiene una solución real, debe presentar los documentos:
La norma definitiva que permita regularizar los vehículos.
El acuerdo formal entre Municipio, CGREG y ANT.
El universo comprobado de beneficiarios.
Los requisitos, exclusiones y sanciones.
Los criterios ambientales y de capacidad vial.
El tratamiento de quienes ingresaron vehículos evadiendo los controles.
Las garantías para quienes sí cumplieron la normativa.
Mientras estos documentos no existan, el anuncio debe decir claramente que el 16 de noviembre solo podrán matricularse los vehículos que ya cuenten con autorización del CGREG. La prueba continúa siendo sencilla: quien tiene permiso puede matricular. Quien no lo tiene deberá obtenerlo o esperar a que la autoridad competente cree una vía de regularización.
La oferta de Uribe comienza el 16 de noviembre. Las elecciones son el 29. La norma definitiva no tiene fecha. Para la campaña, sin embargo, parece bastar con la vieja fórmula: “Yo te ofrezco, busca quién te dé”.
Comentarios