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Cuatro años y USD 1,2 millones por 12 iguanas de Galápagos: la sentencia alcanzó a las mulas, pero no a la red

Foto del escritor: Redacción Bitácora Ambiental
Redacción Bitácora Ambiental
hace 7 horas
6 min de lectura

Tres ciudadanos tailandeses fueron condenados a 48 meses de prisión por extraer y transportar 12 iguanas marinas de Galápagos. El juez fijó USD 1,2 millones como reparación integral. La decisión castiga a quienes llevaban las mochilas, pero deja sin sanción a los posibles facilitadores, a quienes fallaron en la vigilancia y a los operadores que permitieron que los animales atravesaran los rayos X del Aeropuerto Ecológico de Baltra.


Imagen generada con IA a partir de las fotografías de los tres ciudadanos tailandeses.
Imagen generada con IA a partir de las fotografías de los tres ciudadanos tailandeses.

La sentencia es contundente para quienes cargaron las mochilas, pero todavía es insuficiente para desarticular la cadena que permitió sacar 12 iguanas marinas de Galápagos. Este 28 de octubre, el juez declaró culpables a tres ciudadanos tailandeses y condenó a cada uno a cuatro años —48 meses— de prisión. También fijó en USD 1,2 millones la reparación integral por el daño causado. La multa correspondiente será precisada en la sentencia escrita.


Fueron tres los condenados. Y llamarlos “mulas” no significa presentarlos como inocentes. El juez concluyó que sabían lo que estaban haciendo. Viajaron desde Tailandia, capturaron animales protegidos, los mantuvieron ocultos, los inmovilizaron y trataron de llevarlos hasta Bangkok, con escala prevista en Ámsterdam. Su responsabilidad penal fue establecida en la audiencia.


Pero ellos representan el último eslabón visible y sustituible de una operación que comenzó mucho antes de que las mochilas llegaran al aeropuerto de Guayaquil. La pregunta que la sentencia todavía no responde es quién construyó el resto de la ruta.


De la Playa de la Estación, en Santa Cruz, a una habitación de hotel

Las iguanas no aparecieron dentro de las mochilas por casualidad.

Según lo expuesto durante el juicio, los procesados capturaron los 12 animales en la Playa de la Estación, en Puerto Ayora, isla Santa Cruz, en las inmediaciones de las oficinas del Parque Nacional Galápagos. Eran ejemplares jóvenes de una especie endémica y protegida.


Después de la captura, las mantuvieron durante varios días en la habitación del hotel de Puerto Ayora, isla Santa Cruz, donde se hospedaban. Los propios procesados relataron que los animales permanecieron inicialmente sueltos y que posteriormente fueron amarrados e inmovilizados para transportarlos.


En los teléfonos examinados durante el juicio aparecieron fotografías de iguanas colocadas sobre una balanza. Uno de los acusados sostuvo que las imágenes fueron tomadas en un mercado de Puerto Ayora. También declaró que habían contactado mediante la aplicación cifrada Threema a un hombre identificado como “Tee”, quien presuntamente habría ayudado a facilitar el paso por los controles.


La cobertura previa de Bitácora documentó que uno de los procesados habló de un pago y afirmó que las iguanas fueron visibles en las imágenes de los escáneres del Aeropuerto Ecológico de Baltra. Bitácora Ambiental publicó los detalles de esa declaración.


La logística no termina en la captura. Doce animales vivos tuvieron que ser localizados, recogidos, trasladados, escondidos durante varios días, inmovilizados y llevados desde Puerto Ayora hasta Baltra. Después atravesaron los filtros del aeropuerto y fueron embarcados en un vuelo regular hacia Guayaquil.


¿Puede toda esa operación atribuirse únicamente a tres visitantes extranjeros que no conocían el territorio ni hablaban español? La respuesta exige investigar.


Los rayos X que no detuvieron las mochilas

Las mochilas con las iguanas pasaron por los equipos de rayos X del llamado Aeropuerto Ecológico de Baltra. Los animales no fueron detectados oficialmente o, según la declaración de uno de los condenados, fueron observados y aun así se permitió que continuaran.


Los equipos eran operados por personal de ECOGAL. Los guardaparques acompañaban los controles y atendían las alertas, pero dependían de la interpretación de las imágenes realizada por los operadores aeroportuarios. Después del caso se instalaron pantallas adicionales para que el personal del Parque pudiera observar directamente los escáneres, una corrección que evidencia la brecha existente el 19 de mayo. La distribución de responsabilidades y las fallas de control fueron expuestas durante el juicio.


La primera alerta efectiva tampoco surgió en Galápagos. Ya en Guayaquil, personal de KLM detectó irregularidades mediante el perfilamiento de los pasajeros, impidió su embarque hacia Ámsterdam y avisó a la Policía. Solo entonces se revisó el equipaje de mano y se encontraron las 12 iguanas ocultas entre prendas de vestir y distribuidas en tres maletas, como informó inicialmente la Fiscalía General del Estado.


Es decir: los controles del aeropuerto “ecológico” no impidieron la salida de los animales. Una aerolínea privada activó la alerta cuando las iguanas ya habían abandonado el archipiélago.


Las víctimas pidieron que no se borre la ruta

Después de anunciar la condena, el juez explicó que los fundamentos completos serían incorporados a la sentencia escrita. En ese momento, la representación de las víctimas procesales intervino para pedir que el documento no se limitara a registrar la incautación ocurrida en Guayaquil.


Solicitó que la sentencia incluyera expresamente el lugar de extracción de las iguanas, el recorrido dentro de Santa Cruz, el aeropuerto de Baltra y lo declarado sobre el paso de las mochilas por los rayos X. El juez respondió que esos detalles serían incorporados.


La intervención es importante porque define el alcance real del delito. Si la historia comienza en el aeropuerto de Guayaquil, el caso parece un intento de transporte descubierto a tiempo. Si comienza en la Playa de la Estación, incluye la captura dentro de un área vigilada, el almacenamiento de los animales en un hotel y el fracaso de los controles de salida de Galápagos.


Las víctimas reconocidas en el proceso, Milton Castillo y Franklin Vega, también solicitaron durante el juicio diligencias para reconstruir el itinerario y determinar el lugar de hospedaje de los procesados. Su participación y los requerimientos constan en la cobertura de las audiencias.


Los condenados y todos los que no llegaron al banquillo

El fallo oral condenó a los tres hombres que llevaban las mochilas. Ninguna otra persona fue juzgada.


No hubo un facilitador local identificado y procesado. No se estableció quién era realmente “Tee”, quién recibió el supuesto pago o quién esperaba recibir los animales en Tailandia. El juez dispuso que se investigara a esa persona, pero una orden para abrir otra indagación no equivale a una sanción.


Tampoco fue identificado públicamente el hotel donde permanecieron las iguanas. Que el personal de un establecimiento no haya encontrado animales ocultos en una habitación no demuestra por sí solo complicidad criminal. Sin embargo, correspondía revisar registros de huéspedes, cámaras, accesos, servicios de limpieza y posibles contactos locales.


Ningún guardaparque fue llevado a juicio por la falta de detección en la Playa de la Estación. La resolución oral tampoco aclara quién monitoreaba las cámaras que cubren ese sector, si las imágenes fueron preservadas, qué mostraban o por qué la captura de 12 animales no generó una alerta.


En el caso de ECOGAL, tampoco fueron procesados los operadores que revisaron las mochilas. Durante la audiencia se conoció que un policía solicitó los nombres de quienes estaban de turno, pero no quedó establecido si Fiscalía obtuvo la nómina, las imágenes producidas por los escáneres, las bitácoras de operación o los videos de seguridad. El gerente de la empresa no compareció a rendir su versión.


El fallo no podía condenar a personas que no habían sido acusadas. Ese es precisamente el problema: la investigación llegó al juicio con los transportistas, pero sin quienes pudieron facilitar, tolerar o dejar pasar la operación.


Afirmar que empleados del hotel, guardaparques o trabajadores aeroportuarios integraron la red requiere pruebas, que por la modalidad del juicio no fue posible. Lo comprobado hasta ahora es que las iguanas fueron capturadas, permanecieron ocultas, atravesaron el Aeropuerto de Baltra y solo fueron descubiertas en Guayaquil. Entre esos hechos existen omisiones que todavía no tienen responsables individualizados.


USD 1,2 millones que deben convertirse en reparación real

La reparación integral de USD 1,2 millones es uno de los elementos más relevantes de la condena. Reconoce que el daño no se limita al valor comercial de los animales.

Durante el fallo oral, el juez señaló que, según la información disponible, siete de las 12 iguanas habían muerto y permanecían con vida aproximadamente cinco. La extracción de ejemplares jóvenes también impidió su reproducción y afectó a una población silvestre que solo existe en Galápagos.


Pero la cifra no puede permanecer como una declaración simbólica. La sentencia escrita deberá explicar cómo se calculó, si la obligación es conjunta, qué mecanismos se utilizarán para cobrarla, quién administrará los recursos y a qué medidas concretas de restauración, protección o control serán destinados.

También deberá establecerse cómo se ejecutará una reparación de ese monto frente a tres extranjeros privados de libertad. Una condena económica que no puede cobrarse ni transformarse en acciones verificables puede ser jurídicamente significativa, pero ambientalmente insuficiente.


Una condena no desarticula una red

Los tres condenados no son víctimas. Participaron conscientemente en la captura, inmovilización y transporte de las iguanas. Pero son las “mulas”: el eslabón expuesto, reemplazable y más fácil de detener.


La red está antes y después de ellos. Está en quien informó dónde encontrar animales jóvenes. En quien pudo ayudar a capturarlos o trasladarlos. En el lugar donde fueron pesados. En el contacto que supuestamente ofreció facilitar los controles. En quien debía interpretar los rayos X. En el destinatario que esperaba recibirlos en Bangkok.

La sentencia de cuatro años y la reparación de USD 1,2 millones son un resultado importante. No pueden ser el cierre del caso.


Si la investigación termina en las mochilas, la justicia habrá castigado a los cargadores y dejado intacto el mecanismo que puede reclutar a los siguientes. Para impedir otra captura, la ruta debe recorrerse hacia atrás: desde Guayaquil hasta los escáneres de Baltra, desde el hotel hasta las cámaras de la Playa de la Estación y desde “Tee” hasta quien financiaba y esperaba la entrega.


Las iguanas ya pagaron el costo de todas esas omisiones.

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