Galápagos: de las geoceldas destruidas a una investigación por peculado contra la alcaldesa Fanny Uribe
Bitácora documentó en enero una obra vial paralizada, geoceldas deteriorándose y subcontratistas impagos. Ahora la Fiscalía investiga una denuncia que cuestiona una Fase II de USD 3,85 millones, con USD 1,6 millones presupuestados para geoceldas.
En enero de 2026, Bitácora Ambiental documentó que el proyecto de “vías ecológicas” promovido por la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, se encontraba paralizado. Las geoceldas instaladas a medias permanecían expuestas y eran destruidas por los vehículos, mientras subcontratistas locales reclamaban aproximadamente USD 200.000 por maquinaria y mano de obra.
El proyecto había sido anunciado en septiembre de 2025 como una innovación ambiental y tecnológica, con una inversión de USD 2,1 millones para intervenir 3,5 kilómetros de calles. Sin embargo, ni el Municipio de Santa Cruz ni la Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato, señalada como contratista, respondieron las preguntas enviadas por este medio sobre la paralización, los pagos pendientes y el futuro de la obra.
Ocho meses después de aquella publicación, la Fiscalía investiga una denuncia por presunto peculado relacionada con otro proceso vial denominado “Rehabilitación, mejoramiento y asfaltado a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso de varias vías urbanas del cantón Santa Cruz – Fase II”.
La investigación previa No. 200301826070021 fue abierta contra Fanny Uribe, en su calidad de alcaldesa, y otros posibles involucrados. La denuncia fue presentada por la concejal María Isabel Castillo y recibida por la Fiscalía en julio de 2026.
El nuevo proyecto tiene un presupuesto referencial de USD 3.859.136,73 para aproximadamente cinco kilómetros de vías. La denunciante sostiene que el presupuesto incorpora unos 40.000 metros cuadrados de geoceldas a un precio unitario de USD 40. De confirmarse que el valor corresponde exclusivamente a este rubro, alcanzaría aproximadamente USD 1,6 millones: más del 41 % del presupuesto completo.
Castillo también cuestiona la necesidad técnica de utilizar geoceldas en esa extensión y sostiene que los pliegos habrían incluido la marca NEOLOY, lo que podría restringir la competencia y favorecer a un proveedor determinado. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y todavía deben ser comprobadas mediante pericias técnicas, revisión de los pliegos y análisis de precios unitarios.
La denuncia coloca bajo una luz diferente lo documentado meses atrás por Bitácora: mientras una intervención con geoceldas estaba paralizada, con materiales deteriorándose y proveedores locales reclamando pagos, el Municipio preparaba una segunda fase por un monto superior.
La Fiscalía ordenó investigar el proceso, recibir las versiones de diez funcionarios y personas relacionadas, solicitar al CNE los documentos que acreditan la calidad de alcaldesa de Uribe y requerir a la UAFE un informe ampliado de sus movimientos financieros desde abril de 2025.
Hasta ahora, la providencia no dispone expresamente una pericia sobre la pertinencia de las geoceldas, los estudios de suelo, el análisis de precios unitarios o la posible referencia a una marca comercial. Esas diligencias serán esenciales para determinar si se trató de una decisión técnica discutible, una deficiente gestión contractual o una utilización arbitraria de recursos públicos.
Hospital República del Ecuador: Fiscalía mantiene abierta otra investigación
Los cuestionamientos a la administración de Fanny Uribe no se limitan a las vías con geoceldas. Otra investigación previa por presunto peculado se relaciona con las obras ejecutadas en el Hospital República del Ecuador, en Santa Cruz.
Se trata de un expediente distinto de la investigación vial. La causa comenzó el 28 de julio de 2026 y también tiene como denunciante a la concejal María Isabel Castillo Egas.
Fanny Uribe solicitó el archivo de esta investigación. Sin embargo, el 30 de septiembre la Fiscalía consideró improcedente el pedido porque todavía faltaban testimonios y diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Esta decisión no constituye una declaración de culpabilidad: significa que la investigación permanece abierta.
Una notificación fiscal emitida el 16 de septiembre convocó a la alcaldesa a rendir su versión libre y sin juramento el miércoles 7 de octubre de 2026, a las 10:00, mediante videoconferencia. El documento le comunica expresamente que existe una investigación previa en su contra por presunto peculado y dispone que pueda ejercer su derecho a la defensa.
El proceso examina una intervención que fue presentada políticamente de una manera y contratada de otra. Durante la campaña, Uribe ofreció: “Construiremos el nuevo Hospital de Santa Cruz”. El contrato municipal, en cambio, no contemplaba construir un hospital nuevo.
El contrato de obra 001-GADMSC-2025, adjudicado al Consorcio Ecuasalud, fue suscrito por USD 2.196.872,61 sin IVA. Su objeto era mejorar las áreas de emergencia y centro quirúrgico del hospital existente y dotarlo de equipamiento y mobiliario médico.
La obra comenzó el 6 de marzo de 2025, con un plazo inicial de 180 días, al que posteriormente se añadió una prórroga de 100 días.
Un informe municipal del 11 de noviembre de 2025 recomendó suspender el plazo contractual. Según la administradora del contrato, todavía faltaba la autorización del Ministerio de Salud Pública para incorporar nuevos rubros y continuar los trámites relacionados con contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias de cantidades.
Esa es la explicación que consta en la documentación municipal. Por sí sola no demuestra la existencia de peculado, pero obliga a esclarecer por qué esos problemas aparecieron después de adjudicar el contrato, cuánto se había pagado, qué trabajos fueron ejecutados, qué equipamiento fue adquirido y cuál fue el destino efectivo de los recursos públicos.
La contradicción política también requiere una explicación: se ofreció un hospital nuevo, pero se contrató el mejoramiento del edificio existente. Mientras la propaganda hablaba de una nueva infraestructura, los documentos describen reformas, adecuaciones y compra de equipos.
La Fiscalía deberá reconstruir la ruta del dinero, revisar los contratos originales y complementarios, verificar los pagos y determinar si lo ejecutado corresponde con lo contratado. Para la población de Santa Cruz, la pregunta es más concreta: después de años de espera y millones comprometidos, ¿el hospital mejoró realmente su capacidad para atender emergencias, cirugías y partos?
Otros antecedentes
Esa investigación documentó que Fanny Uribe denunció en 2013 supuestas irregularidades en la licitación del proyecto de agua. Una década después, como alcaldesa, terminó unilateralmente ese contrato cuando existía una medida judicial que suspendía los actos administrativos, decisión que abrió un litigio potencialmente millonario para el Municipio.
La conexión es política y de gestión, no penal: Uribe pasó de cuestionar contrataciones públicas como legisladora a dirigir una administración cuyos contratos de obra enfrentan litigios, paralizaciones y ahora dos investigaciones fiscales por presunto peculado.
La nota “Alcaldes y prefectos bajo la lupa” también identificó causas judiciales anteriores relacionadas con Uribe, pero aquellas investigaciones fueron archivadas o terminaron en conciliación. Por blindaje legal, no corresponde presentarlas como antecedentes de corrupción ni vincularlas causalmente con las investigaciones actuales.
Lo que sí corresponde es observar el cuadro completo de la gestión pública: obras anunciadas como soluciones emblemáticas, contratos cuestionados, intervenciones paralizadas, proveedores impagos, servicios que no mejoran al ritmo de los recursos invertidos y dos investigaciones fiscales que deberán separar la propaganda de la evidencia y la deficiente administración del posible delito.
Fanny Uribe no ha sido declarada culpable en ninguno de estos procesos. Pero la ciudadanía tampoco está obligada a aceptar que las explicaciones políticas sustituyan a los documentos, las pericias y la rendición de cuentas.
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