Ambiente despeja la vía para que la prefecta de Cotopaxi insista en constrir sobre el hábitat del jambato

El Ministerio del Ambiente consiguió que se revocara una sentencia que protegía al jambato. Lourdes Tibán había anunciado que haría la carretera a cualquier costo. La combinación merece un reproche público: una obra impulsada con semejante determinación exige una autoridad ambiental rigurosa, capaz de exigir pruebas antes de permitir que una especie en peligro crítico cargue con el riesgo.

Una carretera «cueste lo que me cueste»

La declaración de la prefecta de Cotopaxi fue recogida por Primicias el 26 de febrero de 2026, a propósito de una entrevista en Radio Cotopaxi: “Voy a hacer la vía cueste lo que me cueste y declarar a Angamarca y Shuyo como santuario del jambato”.

Radio Pichincha también informó sobre esa entrevista. Tibán defendía la conexión de las comunidades y sostenía que los animales estaban en Shuyo, fuera del sector donde se trabajaba. Angamarca necesita caminos, servicios y oportunidades. Precisamente por eso merece una solución técnicamente sustentada, con garantías ambientales comprobables.

La prensa ya había escrito su despedida

El 28 de diciembre de 1999, El Comercio publicó un titular que hoy debería obligar a las autoridades a detenerse y reflexionar: «Los jambatos se fueron del páramo». La nota recogía las advertencias de investigadores como Luis Coloma y Santiago Ron sobre la desaparición de los anfibios y las amenazas a sus hábitats. Entonces, el periódico hablaba del jambato como una especie extinguida.

El 1 de febrero de 2006, el mismo diario publicó «La partida de defunción del jambato». El reportaje abordaba la crisis de varias especies e incluía expresamente al Atelopus ignescens: señalaba el 30 de marzo de 1988 como su último avistamiento conocido. Era el registro periodístico de una pérdida que entonces se creía consumada.

Diez años después, en 2016, el redescubrimiento cambió esa historia. Esas páginas antiguas muestran cuánto estuvo Ecuador cerca de perder y cuánto tiempo llevan las advertencias entre nosotros. La recuperación del jambato exige aprender de esa experiencia. Someter su último refugio conocido a riesgos evitables sería desperdiciar una oportunidad excepcional.

El riesgo sobre el último refugio conocido

La expresión de Tibán resulta irresponsable frente a una especie en peligro crítico. El costo de equivocarse puede recaer sobre una población silvestre sin otra localidad conocida donde refugiarse. La ficha internacional del Área Clave para la Biodiversidad de Angamarca identifica allí a toda la población actual conocida del jambato y señala la construcción de carreteras entre las amenazas del territorio.

Una propuesta de traslado sin garantías

Tibán también propuso organizar una minga para buscar ejemplares y llevarlos a Shuyo. Esa propuesta trataba el traslado de fauna amenazada con una ligereza incompatible con la responsabilidad de su cargo.

El propio Ministerio advirtió en marzo que capturar, manipular o trasladar fauna silvestre requiere respaldo técnico, protocolos y autorización. Alertó sobre la mortalidad que puede causar un traslado sin planificación. Fue una advertencia necesaria y demuestra que la institución conocía la fragilidad del problema.

Una declaratoria que debe cumplirse en el territorio

En marzo se publicó la ordenanza provincial que creó el área de conservación y uso sustentable Jambato, Tesoro Ecológico de Angamarca. Ese compromiso formal debe reconocerse. Ahora corresponde demostrar que las decisiones sobre la carretera lo respetan. Una declaratoria, por sí sola, no acredita la seguridad ambiental de una intervención.

El Ministerio apeló y la protección judicial fue revocada

La jueza Mónica Treviño había concluido que el Ministerio vulneró los derechos de la naturaleza al omitir medidas oportunas para proteger al jambato. La sentencia de apelación identifica ese fallo con fecha 7 de marzo de 2026. La autoridad ambiental recurrió, y el 11 de noviembre la Corte Provincial de Chimborazo aceptó su apelación y revocó la decisión.

La Sala consideró que los actos administrativos cuestionados habían sido revocados y no se habían determinado daños susceptibles de reparación.

Pero el informe ministerial utilizado contiene una admisión decisiva: los certificados iniciales no correspondían a las características reales del proyecto y no constituían una regularización suficiente. Fueron archivados. Según ese documento, la obra seguía en proceso de regularización mediante un registro ambiental.

Los controles que fallaron necesitan explicación

El Ministerio debe explicar cómo se emitieron instrumentos inadecuados, qué controles fallaron y qué garantías evitarán que el problema se repita. Conseguir la revocatoria del fallo no responde esas preguntas.

Apelar era una facultad legal. Pero resulta reprochable que la autoridad ambiental consiguiera dejar sin efecto una sentencia protectora mientras el informe citado todavía describía una regularización en trámite. Su deber de protección exigía demostrar qué medidas concretas harían innecesaria esa tutela judicial. El fallo de apelación no desarrolla esa respuesta.

La Sala destacó que no se habían encontrado jambatos en el área específica de intervención. Sin embargo, el mismo informe reconocía registros en la zona de influencia y recomendaba vigilancia para evitar afectaciones.

La falta de avistamientos en un sector no demuestra, por sí sola, ausencia de riesgos para el hábitat. La conservación debe considerar los cursos de agua, los lugares de reproducción y los espacios terrestres utilizados por la especie.

Proteger antes de que el daño sea irreversible

Ecuador cuenta con el principio de precaución. La Corte Constitucional, en el caso Los Cedros, explicó su aplicación frente al riesgo de daños graves e irreversibles y a la incertidumbre científica (Sentencia Los Cedros, párrafos 55–67). La protección puede ser necesaria aunque todavía no exista certeza del daño. Esperar a que la pérdida sea demostrable puede significar llegar demasiado tarde.

Tibán y el Ministerio deben responder con garantías

Señora Tibán: su responsabilidad incluye demostrar que la solución vial puede ejecutarse con garantías para la supervivencia del jambato si es que eso es posible. La población necesita obras bien planificadas y autoridades capaces de corregir decisiones cuando la evidencia lo exige.

El Ministerio del Ambiente y Energía debe publicar los estudios, las condiciones de regularización y las medidas de protección. También debe explicar cómo garantizará su cumplimiento. La sentencia de apelación no constituye una licencia ambiental ni demuestra que el trámite haya concluido.

Las páginas de la prensa de 1999 y 2006 conservan la memoria de una desaparición que se creyó definitiva. Hoy las autoridades tienen una responsabilidad concreta: evitar que el último refugio conocido del jambato termine pagando el costo de una promesa política, justo en tiempo de elecciones. En política no hay coincidencias.