De la sanción ambiental a la clausura turística: el caso Red Mangrove en Galápagos escala
- Franklin Vega
- hace 3 días
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Dos meses después de que el Parque Nacional Galápagos constatara que Blu Galápagos operaba con huéspedes pese a no tener licencia ambiental, la autoridad ambiental impuso una nueva sanción y mantuvo la suspensión de actividades. El 4 de junio, funcionarios del Ministerio de Producción colocaron sellos de clausura en el establecimiento, elevando el caso al ámbito turístico.
En marzo, el Parque Nacional Galápagos encontró huéspedes, habitaciones operativas y movimiento de pasajeros pese a la falta de licencia ambiental. En abril sancionó a la empresa y mantuvo la suspensión de actividades. El 4 de junio, mientras la regularización seguía pendiente, funcionarios vinculados al control turístico colocaron sellos de clausura en el hotel Blu Galápagos. El caso ya involucra a varias instituciones del Estado y deja una pregunta abierta: ¿por qué fueron necesarias múltiples intervenciones para detener una operación que las autoridades consideraban irregular?
El 27 marzo pasado, Bitácora Ambiental reveló que, tras la revocatoria de su licencia ambiental, el proyecto Red Mangrove —operado bajo la marca Blu Galápagos— continuó funcionando sin permisos clave en Galápagos, mientras el expediente del caso mantenía un vínculo con un estudio jurídico relacionado con la ministra del Ambiente.
En aquel momento, representantes del establecimiento sostenían que el proceso de regularización ambiental se encontraba en marcha. Sin embargo, nuevos documentos oficiales muestran que el procedimiento administrativo continuó avanzando y terminó con una nueva sanción ambiental, mientras otras instituciones del Estado comenzaron a intervenir en el caso.
La Resolución Nro. 035-2026, emitida el 29 de abril de 2026 por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, declaró responsable a RED MANGROVEINN S.A. por ejecutar actividades sin contar con la respectiva licencia ambiental y le impuso una multa de USD 13.881,60. La sanción se originó en una inspección realizada el 30 de marzo de 2026 al establecimiento identificado como HOTEL BLU GALÁPAGOS.
Durante esa inspección, los técnicos del Parque Nacional Galápagos concluyeron que el hotel operaba con normalidad pese a no contar con licencia ambiental vigente. El informe técnico señala la presencia de huéspedes alojados, áreas operativas y 17 habitaciones con capacidad para hasta 45 plazas. Además, se verificó la salida de aproximadamente 30 pasajeros y el ingreso de alrededor de 25 nuevos huéspedes.
Es decir, semanas después de que la autoridad ambiental dispusiera medidas de control, el establecimiento continuaba desarrollando operaciones comerciales. La resolución también ratificó una de las decisiones más importantes del proceso: el Parque Nacional Galápagos mantuvo la suspensión de actividades del establecimiento hasta que concluya el proceso de regularización ambiental y obtenga la autorización correspondiente. A pesar de ello, el caso siguió evolucionando.
En respuesta a una solicitud de información formulada por Bitácora Ambiental, la Dirección del Parque Nacional Galápagos informó el 4 de junio de 2026 que el establecimiento turístico BLU GALÁPAGOS había iniciado el correspondiente proceso de regularización ambiental ante la autoridad competente. No obstante, precisó que dicho trámite aún debe culminar conforme a los procedimientos, requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente.
El mismo oficio confirma además que el Parque Nacional Galápagos puso oportunamente en conocimiento de otras entidades públicas las actuaciones, resoluciones y antecedentes del procedimiento sancionador para que ejerzan las acciones correspondientes dentro de sus ámbitos de competencia.
Y precisamente el 4 de junio se produjo un hecho que demuestra que el caso ya había trascendido el ámbito estrictamente ambiental.
De manera independiente, funcionarios del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones —cartera que ejerce las competencias turísticas a través del Viceministerio de Turismo— colocaron sellos oficiales de control en el establecimiento, en formularios donde aparece marcada la opción "Clausura".
Las fotografías del operativo muestran los formularios institucionales adheridos a los accesos del hotel, con referencias a actas de inspección y actuaciones administrativas relacionadas con el control de la actividad turística.
La actuación ocurrió el mismo día en que el Parque Nacional Galápagos informó que participó en una mesa técnica interinstitucional impulsada por el Consejo de Gobierno de Galápagos para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al establecimiento BLU GALÁPAGOS.
La secuencia de los hechos resulta reveladora. En marzo, la autoridad ambiental constató que el hotel seguía operando con huéspedes pese a no contar con licencia ambiental. En abril, sancionó a la empresa responsable y mantuvo la suspensión de actividades. En junio, confirmó que la regularización recién estaba en marcha. Y ese mismo día, la autoridad turística apareció ejecutando nuevas acciones de control sobre el establecimiento.
La pregunta que queda abierta es inevitable: si la suspensión ambiental seguía vigente y el proceso de regularización aún no concluía, ¿por qué tres meses después distintas instituciones seguían interviniendo sobre la misma operación?
Más allá de las sanciones y los procedimientos, el caso Red Mangrove vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en Galápagos: la dificultad del Estado para lograr que sus decisiones se traduzcan en un cumplimiento efectivo sobre el terreno. Porque cuando una actividad continúa generando actuaciones sucesivas de la autoridad ambiental, del Consejo de Gobierno y de la autoridad turística nacional, la discusión deja de ser únicamente jurídica y se convierte en una prueba sobre la capacidad real de control institucional en el archipiélago.
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