Sin licencia y sin control: Red Mangrove sigue operando tras sanción en Galápagos

Tras la revocatoria de su licencia ambiental, el proyecto continuó operando sin permisos clave en Galápagos, mientras el expediente del caso mantiene un vínculo con un estudio jurídico relacionado con la ministra del Ambiente, en un contexto que plantea dudas sobre control estatal y transparencia. Parque Nacional Galápagos, CGREG y Viceministerio de Turismo aún no se ponen de acuerdo para actuar; mientras que el propietario del hotel indica que el proceso de regularización está en marcha.

Capturas de pantalla de tres portales que ofrecen reservas en el Hotel Blu, en abril del 2026.

La historia del proyecto Red Mangrove —rebautizado como Blu Galápagos— no terminó con la revocatoria de su licencia ambiental. Nuevos documentos oficiales revelan que, incluso después de perder esa autorización, el establecimiento continuó operando sin permisos clave, acumulando nuevas irregularidades administrativas en uno de los territorios más sensibles del planeta.

El 17 de marzo de 2026, la Dirección del Parque Nacional Galápagos tomó una decisión contundente: negar una prórroga extraordinaria solicitada por Red Mangrove Inn S.A. y ordenar la suspensión inmediata de todas sus actividades por no contar con licencia ambiental vigente.

La razón es clara: la empresa no solo había perdido su autorización, sino que ni siquiera había iniciado un nuevo proceso de regularización ambiental en el sistema oficial (SUIA), a pesar de haber recibido previamente plazos y ampliaciones.

Pero mientras la autoridad ambiental cerraba la puerta, otros documentos muestran que la operación del proyecto seguía generando alertas desde el frente turístico.

Un oficio del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, fechado el 25 de marzo de 2026 (Viceministerio de Turismo) confirma que el mismo 17 de marzo se ejecutó un operativo de control al establecimiento Blu Galápagos. Como resultado, se inició un nuevo procedimiento administrativo sancionador por presunto incumplimiento de la normativa turística. 

Turistas la tarde del 27 de marzo del 2026 en el Hotel Blu.

Durante ese operativo se verificó que el establecimiento no contaba con la Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF) para 2026, requisito indispensable para operar legalmente como alojamiento turístico. 

El documento además detalla un patrón que se repite en el tiempo. Desde 2021, el proyecto ya había sido sancionado en materia turística por irregularidades en su operación, incluyendo el uso de un nombre comercial distinto al autorizado. A esto se suma que, tras la revocatoria ambiental, el titular solicitó prórrogas sucesivas incluida una extensión extraordinaria de 18 meses, sin cumplir los requisitos básicos. La autoridad ambiental negó finalmente esa solicitud al constatar que ni siquiera se había iniciado un nuevo proceso de regularización. 

El mismo oficio advierte, además, sobre posibles ampliaciones de infraestructura sin los permisos correspondientes, lo que llevó a remitir el caso al Consejo de Gobierno de Galápagos (CGREG) para que adopte acciones adicionales. La situación no es menor; a la falta de licencia turística se suma la ausencia de autorización ambiental, configurando un escenario en el que el proyecto habría estado funcionando al margen de los dos principales sistemas de control del Estado: el ambiental y el turístico.

Y, según reportes recopilados por este medio, el establecimiento habría continuado recibiendo huéspedes y operando comercialmente incluso después de la orden de suspensión emitida por la autoridad ambiental, lo que abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la efectividad real de los mecanismos de control en el archipiélago.

El patrón que emerge es consistente:un proyecto con antecedentes sancionatorios desde al menos 2021, que incumple reiteradamente normas ambientales y turísticas, pierde su licencia, solicita prórrogas sin cumplir requisitos… y aun así continúa operando. Lo mismo que el Proyecto Solar Conolophus en Baltra, que "avanza" a pesar de que el mismo Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha denunciado incumplimientos a sus propios estándares ambientales.

Este nuevo capítulo, del ahora hotel Blu, complejiza aún más el caso que ya había generado cuestionamientos por las conexiones entre el expediente sancionador y el entorno jurídico de la ministra del Ambiente . Porque ahora la pregunta no es solo sobre vínculos, sino sobre efectividad del control estatal.

¿Cómo es posible que un establecimiento sin licencia ambiental y sin autorización turística vigente siga operando en Galápagos?¿Dónde estuvieron los mecanismos de control durante ese periodo?¿Quién permitió que esta situación se prolongue?

En un archipiélago donde cada intervención humana tiene consecuencias irreversibles, la normativa no es opcional. Y sin embargo, el caso Red Mangrove muestra lo contrario: un sistema que reacciona tarde, que otorga prórrogas, que detecta incumplimientos… pero que no logra detenerlos a tiempo.

Por su parte, Hernán Rodas, propietario del Hotel Blu, indica que tienen permiso de Turismo y está en marcha un proceso de regularización. “La LUAF 2025 estamos en convenio de pago y hasta no pagar no podemos sacar la de este año. Estamos en los plazos administrativos y estamos sustentado que las cosas no son como se dicen. Hay un tema de coordenadas del SUIA que hacía que la -los predios- FCD (de la Fundación Charles Darwin) estén dentro del mar y corregir eso es competencia del CGREG. Los llamados de atención era a la compañía anterior Hogan Cruises, ellos tuvieron licencia ambiental y para esto se debe ser dueño del predio; por esto, nunca pudieron completar esos requerimientos. Somos los únicos que tenemos tratamiento de aguas servidas… Tenemos la concesión de la DIGMER por 50 años para el muelle del hotel.”

Editorial

Si la primera revelación encendía alertas sobre posibles conflictos de interés, esta segunda entrega abre una preocupación aún más profunda: la capacidad real del Estado para hacer cumplir sus propias reglas en Galápagos. Porque no se trata solo de quién recibe una notificación, sino de quién garantiza que la ley se cumpla. Y cuando un proyecto sin licencia ambiental ni turística sigue funcionando —incluso tras una orden de suspensión— la pregunta deja de ser administrativa y pasa a ser estructural. En Galápagos, el problema ya no es solo un caso: es el sistema que se demora y siembra más dudas que certezas.