Del canje de deuda al territorio: así funciona el Fondo del Biocorredor Amazónico

El Fondo del Biocorredor Amazónico nació de una conversión de deuda por naturaleza. Según explica Esteban Vega, director ejecutivo del Biocorredor, Ecuador recompró alrededor de USD 1.500 millones en bonos mediante una nueva operación de aproximadamente USD 1.000 millones, respaldada por USD 1.150 millones en garantías de la DFC y el BID. La estructura redujo el principal en más de USD 500 millones y generaría para el país un beneficio total cercano a USD 800 millones durante la vigencia de la operación.

Parte de los pagos asociados alimenta un fondo sin fines de lucro destinado a proyectos de conservación y desarrollo sostenible en la Amazonía ecuatoriana. El modelo combina subvenciones anuales con la formación de un patrimonio de largo plazo. También incorpora salvaguardas ambientales y sociales, evaluación técnica, controles de conflictos de interés y seguimiento de resultados en el territorio.

La primera convocatoria, abierta en 2026, recibió 301 propuestas. La respuesta superó ampliamente los recursos disponibles y puso a prueba una estructura institucional que el Fondo preparó durante 2025 y parte de 2026. En esta conversación, Vega detalla el origen del financiamiento, el calendario de desembolsos, los criterios de selección y las metas con las que se evaluará el trabajo del Biocorredor.

¿Cómo convierte una operación de deuda en recursos para conservar la Amazonía?

La operación parte de una deuda ecuatoriana que ya se negociaba en los mercados internacionales. TNC ayudó a reunir al Gobierno, a la DFC y al BID. La DFC y el BID aportaron garantías por USD 1.150 millones, lo que permitió cambiar las condiciones financieras de la deuda.

Ecuador recompró cerca de USD 1.500 millones de deuda con una nueva emisión de aproximadamente USD 1.000 millones. El ahorro de principal superó los USD 500 millones y, al considerar los intereses durante toda la operación, el beneficio estimado para el país se acerca a USD 800 millones. Parte de los pagos se dirige al Fondo del Biocorredor Amazónico para financiar conservación y desarrollo sostenible.

¿Qué recursos están disponibles y cómo se distribuyen?

Comenzamos a recibir recursos en 2025. La primera convocatoria reúne fondos de 2025 y 2026 y dispone de USD 27 millones. A partir del siguiente año estimamos alrededor de USD 14,5 millones anuales para subvenciones. Además, se reservan USD 4,5 millones cada año y se invierten en los mercados internacionales. La expectativa es que ese patrimonio alcance aproximadamente USD 150 millones al término de los 17 años y permita que el Fondo continúe después de ese periodo. En la estructura prevista, hasta el 40 % puede destinarse a entidades públicas, al menos el 45 % a proyectos de carácter privado y hasta el 15 % a la administración, la gestión financiera, el monitoreo y el control. Esa infraestructura incluye las salvaguardas ambientales y sociales exigidas por la operación.

¿Qué respuesta tuvo la primera convocatoria y cuál es el calendario de selección?

La convocatoria abrió en abril y cerró en mayo de 2026. Recibimos 301 propuestas por cerca de USD 167 millones para una disponibilidad de USD 27 millones. El 18 de agosto, 52 proyectos pasaron a la fase de propuesta completa. Esperamos financiar alrededor de 40, aunque la cifra final dependerá de la evaluación.

Un comité técnico externo evalúa las propuestas y formula una recomendación. La Junta Directiva revisa ese informe y adopta la decisión final. La previsión es comunicar los resultados a finales de noviembre, firmar los contratos en diciembre e iniciar entonces los primeros desembolsos. Publicaremos los nombres de los proyectos ganadores. Los montos individuales no se divulgarán por razones de seguridad.

¿Cómo se entregarán los recursos y cómo se controlará el avance de cada proyecto?

Los proyectos no recibirán todo el dinero al inicio. Los desembolsos se harán por etapas y dependerán del avance comprobado. El área técnica capacita a los proponentes, acompaña la preparación de las propuestas y, una vez seleccionados los proyectos, monitorea su ejecución con indicadores y reportes estructurados.

El ejecutor registra sus resultados y el supervisor del Fondo valida la información o incorpora sus propias observaciones. Ese seguimiento se conecta con el sistema financiero, de modo que podamos revisar cada proyecto junto con sus desembolsos y su cumplimiento.

¿Qué tecnología sostiene la convocatoria y el seguimiento?

Tenemos una plataforma digital para presentar las propuestas mediante formularios en línea. El sistema guía al usuario, exige completar los campos necesarios y reduce los errores que se producen al enviar archivos separados. También contamos con una herramienta digital para que el comité técnico evalúe las solicitudes. Usamos un ERP para la gestión financiera, el talento humano, la nómina y la información de los proyectos. Hay un sistema de inteligencia artificial que responde consultas dentro de un estándar definido y deriva a una persona los casos que no puede resolver. Además, tenemos un sistema de información geográfica y una herramienta específica de monitoreo. La tecnología es necesaria para que un equipo pequeño pueda administrar la operación con trazabilidad.

¿Cómo evitan la injerencia y los conflictos de interés en la selección?

Aplicamos procesos de debida diligencia y conocimiento del proponente. Revisamos a las organizaciones y a sus representantes legales para evitar relaciones con lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otros riesgos de cumplimiento.

Los integrantes del comité técnico y de la Junta Directiva deben declarar sus conflictos de interés. Si una persona está vinculada con una organización postulante, se abstiene de evaluar o decidir sobre ese caso. Además, cada propuesta pasa por varios evaluadores, lo que reduce el peso de una opinión individual. La administración organiza el proceso; la evaluación corresponde al comité técnico y la decisión final, a la Junta.

¿Cómo compiten las organizaciones indígenas y locales frente a entidades con más experiencia?

De los 52 proyectos que avanzaron, 18 pertenecen a organizaciones indígenas. La calidad de sus propuestas nos sorprendió favorablemente. Muchas llevan años trabajando y cuentan con jóvenes cada vez mejor formados. El comité aplica criterios de equidad, pero la evaluación también debe mantener la calidad técnica.

Cuando una propuesta llegó incompleta, permitimos subsanar la documentación en un plazo de cinco días. También trabajamos en formación de capacidades para que más organizaciones locales puedan participar. En las organizaciones amazónicas regionales vimos una menor tasa de avance y ahí hay una tarea concreta de capacitación. Para las siguientes convocatorias también planteamos fijar un techo a las subvenciones grandes, sujeto a la decisión de la Junta, para evitar que los recursos se concentren en pocas entidades.

¿Cuáles serán los indicadores verificables del Fondo?

Publicaremos al menos un informe anual de gestión. Ya contamos con una batería de indicadores y la compartimos con los proponentes para que cada proyecto se vincule con las metas generales. Los solicitantes deben delimitar su área de trabajo con coordenadas y explicar qué acciones realizarán. Así podremos agregar los resultados de conservación y restauración en el territorio.

Entre las referencias están la conservación efectiva de 4,6 millones de hectáreas, la restauración de 40.000 hectáreas hasta 2035, la incorporación de 1,8 millones de hectáreas bajo mecanismos de conservación reconocidos por el Estado y el apoyo a la conservación de 18.000 kilómetros de ríos. También mediremos beneficiarios directos e indirectos, cambios en los medios de vida y cuánto dinero llega efectivamente al territorio. Ahora estamos terminando de montar los mecanismos de reporte y validación de esa información.

¿Qué puede hacer el Fondo frente a políticas públicas que autorizan minería, carreteras u otras obras en la Amazonía?

Nuestro campo de acción es financiar iniciativas plenamente compatibles con la conservación. En bioeconomía, por ejemplo, podemos apoyar café o cacao producidos de manera que el bosque se mantenga y siga cumpliendo sus funciones ecológicas. También recibimos proyectos de agua segura que protegen las cuencas de las que dependen las comunidades.

El Fondo tiene una visión técnica y de largo plazo. Nuestro reto es demostrar, mediante proyectos bien ejecutados, que el desarrollo puede avanzar con conservación. Esperamos que los resultados atraigan a más actores y amplíen ese enfoque.

¿Cómo se protege al Fondo de los cambios políticos?

La Junta Directiva tiene nueve miembros: seis provienen de distintos espacios de la sociedad civil y tres representan al Gobierno nacional. Los miembros se renuevan de forma escalonada para conservar el conocimiento institucional. Las decisiones estructurales y la aprobación final de los proyectos se toman en la Junta.

El Gobierno es un actor importante, pero el diseño busca dar estabilidad al Fondo y evitar que quede atado a una coyuntura política. En este primer año hemos trabajado con una visión compartida sobre las metas de conservación y desarrollo sostenible. La información institucional se publica en español e inglés, y estamos preparando resúmenes en lenguas originarias cuando es posible.