Las iguanas de Galápagos aparecieron en los rayos X del Aeropuerto de Baltra: un procesado dice que pagaron
Uno de los tres ciudadanos tailandeses procesados por transportar 12 iguanas marinas afirmó ante el tribunal que pagaron a un hombre identificado como “Tee” para facilitar el paso por los controles del Parque Nacional Galápagos y del aeropuerto de Baltra. Según su declaración, las mochilas atravesaron los equipos de rayos X y los animales fueron observados, pero les permitieron continuar. El gerente de ECOGAL no compareció ni rindió su versión, mientras la Policía todavía espera conocer quiénes operaban los escáneres el 19 de mayo.
La audiencia del 22 de septiembre cambió el centro del juicio contra los tres ciudadanos tailandeses detenidos en el Aeropuerto de Guayaquil con 12 iguanas marinas de Galápagos.
Hasta ahora, la pregunta principal era cómo los animales lograron atravesar los controles del aeropuerto de Baltra. Desde ayer existe una versión grave que debe ser investigada: uno de los procesados afirmó que pagaron para que las mochilas pasaran sin novedad.
Según declaró ante el juez, los tailandeses contactaron un mes antes del viaje a Galápagos a un hombre identificado como “Tee”, quien habría facilitado el paso por los controles del Parque Nacional Galápagos y del aeropuerto administrado por ECOGAL.
El procesado no precisó cuánto dinero entregaron, quién recibió finalmente el pago ni si “Tee” era funcionario público, empleado aeroportuario, intermediario o integrante de una organización dedicada al tráfico de fauna. Tampoco reveló cuánto recibirían por las iguanas en Tailandia. Dijo que es una afición personal tener un animal exótico.
Este testimonio introduce una línea de investigación que ya no puede ser tratada como una simple falla técnica: la posible intervención de personas con conocimiento o acceso suficiente para facilitar el paso de fauna protegida por controles activos.
Las iguanas sí aparecieron en los rayos X
El elemento más comprometedor de la declaración se refiere a los equipos de inspección de Baltra. El ciudadano tailandés sostuvo que las mochilas con las iguanas atravesaron las máquinas de rayos X y que los animales pudieron ser observados en las imágenes. A pesar de ello, afirmó, les permitieron continuar el viaje hacia Guayaquil.
Si esta versión es corroborada por las imágenes, registros operativos y videos de seguridad, el caso dejaría de ser únicamente una discusión sobre equipos insuficientes o dificultades para interpretar una imagen. Hasta el momento ECOGAL la operadora del Aeropuerto de Baltra no ha proporcionado información.
La investigación tendría que determinar quién operaba las máquinas, quién observaba las pantallas, si se ordenó una inspección secundaria y por qué no se activó el protocolo contra el tráfico de vida silvestre. El Parque Nacional Galápagos ya había reconocido, que sus guardaparques no operaban directamente los equipos de rayos X. Esa función estaba a cargo de ECOGAL, mientras el personal del Parque acompañaba los controles y atendía las novedades reportadas. Esa es una de las principales vulnerabilidades del aeropuerto de Baltra.
“Tee”, el contacto que todavía no tiene identidad
El procesado declaró que contactaron a “Tee” mediante una aplicación de mensajería cifrada llamada Threema. Esta es una aplicación de mensajería con cifrado de extremo a extremo que permite comunicarse mediante un identificador propio, sin vincular obligatoriamente la cuenta con un número telefónico o correo electrónico.
Esto vuelve especialmente importante que la pericia identifique el Threema ID, los nombres de usuario, archivos, fotografías, fechas, mensajes recuperados y cualquier otro elemento que permita establecer quién era “Tee”. Sin embargo, durante la exposición del peritaje de los teléfonos no se individualizó un número, identificador digital ni conversación atribuida a esa persona. Tampoco se explicó si se realizaron diligencias para identificarla.
El fiscal Errol Elizalde mostró a los procesados fotografías recuperadas de sus teléfonos en las que aparecen iguanas colocadas sobre una balanza. Ante esas imágenes, uno de los detenidos sostuvo que fueron tomadas en un mercado en Puerto Ayora, isla Santa Cruz. También declaró que ellos capturaron las iguanas en una playa próxima a las oficinas del Parque Nacional Galápagos.
Estas afirmaciones abren nuevas preguntas: ¿en qué mercado fueron pesados los animales?, ¿quién proporcionó la balanza?, ¿hubo residentes que participaron en la captura, traslado o almacenamiento?, ¿qué recorrido siguieron desde la playa hasta el aeropuerto?
La captura de 12 iguanas, su inmovilización, ocultamiento, transporte y paso por varios filtros difícilmente puede explicarse como una acción espontánea ejecutada por visitantes que desconocían el territorio y que no hablan español.
La Policía pidió los nombres de los operadores
Uno de los policías que intervino en la investigación declaró que solicitó a ECOGAL la información de las personas que se encontraban de turno el 19 de mayo en las máquinas de rayos X del aeropuerto de Baltra.
Según el uniformado, funcionarios de ECOGAL respondieron que era necesaria una solicitud formal y escrita para entregar esos datos. El policía manifestó que desconocía el estado de esa petición.
La respuesta deja una diligencia elemental todavía en el aire: cuatro meses después de la salida de las iguanas, durante la audiencia no quedó establecido quiénes operaban los equipos que revisaron las mochilas.
Tampoco se informó si la Fiscalía obtuvo:
la nómina completa del personal de turno;
las imágenes generadas por los rayos X;
los registros de operación de los equipos;
las grabaciones del recorrido de pasajeros y equipajes;
las comunicaciones internas generadas ese día;
o los informes de novedades de ECOGAL.
El gerente de ECOGAL tampoco asistió a la audiencia ni rindió su versión, pese a que las víctimas procesales Franklin Vega y Milton Castillo solicitaron su comparecencia dentro del proceso. Su ausencia dejó sin respuesta la pregunta más directa: si las iguanas fueron visibles en los rayos X, ¿por qué nadie detuvo las mochilas?
Un protocolo que no detuvo las maletas
La declaración adquiere mayor gravedad porque ECOGAL había presentado su protocolo contra el tráfico de vida silvestre como uno de los logros del proyecto “Baltra Biodiversa”, postulado al Green Airport Recognition 2025.
El aeropuerto aseguró que el instrumento había sido desarrollado con TRAFFIC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y autoridades ecuatorianas. También se presentó como el primer aeropuerto de la región con un protocolo técnica y jurídicamente respaldado para detectar, interceptar y manejar fauna traficada.
Pero el 19 de mayo el protocolo no impidió que las doce iguanas abandonaran Galápagos. La alerta decisiva tampoco nació en Baltra. Ya en Guayaquil, personal de KLM aplicó su perfilamiento de pasajeros, impidió que los viajeros abordaran el vuelo hacia Ámsterdam y notificó a la Policía. Solo entonces fueron revisadas las mochilas y aparecieron las iguanas inmovilizadas en las mochilas.
La audiencia refuerza la necesidad de determinar si el protocolo de ECOGAL estaba diseñado para detectar fauna antes del embarque o si se limitaba principalmente a coordinar la respuesta y preservar evidencias después de un hallazgo.
Los cambios realizados después del caso
Las versiones posteriores recopiladas por guardaparques del PNG muestran que, después de la salida de las iguanas, se realizaron varios cambios en el Aeropuerto. Se instalaron pantallas adicionales para que los guardaparques puedan observar directamente y en tiempo real las imágenes de los rayos X de las máquinas que opera el personal de ECOGAL. La medida redujo su dependencia exclusiva de los operadores aeroportuarios.
En julio se realizó un taller de perfilamiento en Baltra. También se incrementó la presencia institucional, se reforzaron patrullajes y se gestionaron cámaras trampa, drones, GPS, sistemas de comunicación y conectividad satelital.
Entre mayo y julio, el Parque reportó 181.581 controles de maletas y carga en los aeropuertos de Baltra y San Cristóbal. Pero el propio funcionario advierte que el número de equipajes revisados no demuestra por sí mismo la eficacia del sistema. Miles de maletas pueden atravesar un escáner sin que exista capacidad para detectar una operación previamente coordinada.
Los cambios realizados demuestran que el sistema anterior tenía brechas. La declaración del procesado añade ahora la posibilidad de que esas vulnerabilidades no solo hayan sido conocidas, sino aprovechadas mediante contactos y pagos.
Una red que debe ser identificada
La audiencia aportó indicios de una estructura que comenzaría en Galápagos, utilizaría contactos locales y controles aeroportuarios vulnerables, y se conectaría con compradores o intermediarios en Asia, con Tailandia como uno de sus posibles nodos.
Pero todavía faltan los nombres. “Tee” no ha sido identificado. No se estableció quién recibió el dinero. No se conocen los operadores de rayos X que revisaron las mochilas.
El gerente de ECOGAL no rindió versión. La pericia expuesta no detalló el identificador utilizado en Threema ni las comunicaciones con el supuesto facilitador.
Afirmar que funcionarios públicos o empleados aeroportuarios participaron directamente requiere pruebas. Lo que sí existe desde la audiencia es un testimonio judicial que obliga a investigar una posible colaboración interna y no solamente una falla ocasional.
La justicia no puede cerrar el caso condenando a quienes llevaban las mochilas mientras deja intacta la estructura que habría capturado, pesado, movilizado y permitido el paso de las iguanas. Los tres ciudadanos tailandeses llegaron al último eslabón visible. La investigación debe avanzar hacia atrás: desde las pantallas de rayos X de Baltra hasta la playa donde fueron capturados los animales, el mercado donde habrían sido pesados y la identidad real de “Tee”.
Porque, según la declaración rendida ante el juzgado, las iguanas no burlaron los controles. En los controles las vieron y, aun así, las dejaron pasar.
La maleta roja de 2021: 185 tortugas y una red que nunca llegó a juicio
El caso de las doce iguanas marinas tiene un antecedente que explica por qué Milton Castillo insiste en que la justicia no puede limitarse a condenar a quienes llevan las maletas.
El 28 de marzo de 2021, los operadores de rayos X del aeropuerto de Baltra detectaron 185 tortugas de galápagos dentro de una maleta roja enviada como carga hacia Guayaquil. Las tortugas, de entre dos y doce meses, estaban envueltas en plástico, presentaban heridas, pérdida de uñas y bajo peso. La Fiscalía informó inicialmente que 16 murieron como consecuencia del embalaje y el maltrato.
Los videos de seguridad permitieron establecer que el policía Nixon Polo, integrante de la unidad canina que trabajaba en el aeropuerto, trasladó la maleta en un patrullero y la entregó en una empresa de encomiendas.
Polo fue condenado a tres años de prisión (cumplió seis meses de cárcel) y al pago de USD 639.100 por compensación de las tortugas sobrevivientes y USD 10.000 como reparación integral. Fue la única persona sentenciada por una operación que necesariamente involucró la captura, concentración, embalaje, transporte y destinatario de 185 animales.
Las líneas que quedaron abiertas
La investigación contenía indicios de otras posibles participaciones: nombres de remitente y destinatario consignados en la guía, registros telefónicos borrados, contactos recurrentes y una persona que debía recibir la encomienda en Guayaquil.
También apareció una segunda maleta roja en el aeropuerto. En su interior había sacos de yute nuevos y gorras con el logotipo del Parque Nacional Galápagos. Esos elementos fueron mencionados en testimonios, pero no se incorporaron como una línea profunda dentro del juicio contra el policía.
La Fiscalía tramitó el caso mediante procedimiento directo, una vía rápida que concentró la investigación y el juzgamiento en pocas semanas. Milton Castillo pidió intervenir en representación de la Naturaleza y advirtió que no era creíble que una sola persona hubiera capturado, reunido, embalado y organizado el envío de 185 tortugas.
El entonces director del Parque Nacional Galápagos solicitó al juez que la Defensoría del Pueblo no fuera aceptada como acusadora particular. El juez acogió ese pedido y Castillo quedó fuera del proceso.
Castillo también acudió al Ministerio del Ambiente para pedir que se investigaran las demás participaciones en especial a la propietaria de una maleta roja, idéntica a la que transportaban las 185 tortugas. Su requerimiento fue derivado a otro funcionario, pero no obtuvo respuesta. La investigación terminó con un condenado y sin identificar públicamente a quienes capturaron las tortugas, prepararon el envío o esperaban recibirlas. La entonces Fiscal de Galápagos de Chuncho, nunca acató el pedido de investigación.
Aunque el Parque anunció que se abriría otra investigación por asociación ilícita, cinco años después no se conocen los resultados de ese anuncio.
El riesgo de repetir la historia
En 2021 hubo 185 tortugas, una maleta roja y un policía condenado. En 2026 existen 12 iguanas, tres mochilas, fotografías de animales sobre una balanza, un contacto identificado como “Tee” y el testimonio de que se pagó para atravesar los rayos X de Baltra.
En ambos casos, quienes transportaban los animales quedaron ante la justicia. En ambos casos, la pregunta decisiva continúa siendo la misma:
¿Quién capturó los animales, quién organizó el envío, quién facilitó los controles y quién esperaba recibirlos al final de la ruta?
La maleta roja dejó una lección que la Justicia no debería volver a ignorar: condenar al transportista puede cerrar un expediente, pero no desarticula una red.
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