Editorial: El Apóstol pesquero que multiplicó los cupos… y las dudas

Carta abierta al Sr Ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador

El caso del buque pesquero industrial Apóstol Santiago, antes denominado Amaltal Apollo, ha dejado de ser una controversia administrativa. Hoy es una señal de alerta sobre cómo se toman decisiones en torno a la gestión de los recursos pesqueros del país y sobre el grado de transparencia con el que se administra un patrimonio que pertenece a todos los ecuatorianos.

La secuencia de hechos es conocida. Un arrastrero industrial con antecedentes de sanciones por infracciones a la normativa pesquera en Nueva Zelanda llega al Ecuador con permisos de pesca obtenidos en plazos inusualmente breves. Esos permisos aparecen vinculados a personas y empresas sin trayectoria conocida en la actividad pesquera, mientras la autoridad pesquera guarda silencio frente a las preguntas formuladas sobre los criterios técnicos que sustentaron esas decisiones.

La situación se vuelve aún más delicada cuando se considera que el valor declarado para la importación del buque fue de aproximadamente USD 500.000, una cifra que contrasta con referencias de mercado significativamente mayores para embarcaciones de características similares. Este hecho, por sí solo, no constituye prueba de irregularidad, pero sí exige una explicación clara que hasta ahora no ha sido ofrecida por las instituciones responsables.

Más allá de estas inconsistencias administrativas, el caso del Apóstol Santiago plantea un problema estructural. Un arrastrero congelador de gran capacidad puede concentrar en una sola unidad un esfuerzo de pesca equivalente al de varios barcos polivalentes tradicionales que operan en la pesquería de merluza. En términos prácticos, una decisión tomada en un escritorio puede alterar el equilibrio competitivo de toda una flota y afectar el sustento de cientos de pescadores que han operado durante años bajo reglas muy distintas.

En este contexto han comenzado a circular versiones según las cuales el buque podría terminar operando bajo la figura de embarcación de investigación o de pesca experimental. Esa posibilidad merece una reflexión seria. La investigación científica en el mar es indispensable para el manejo sostenible de los recursos, pero convertir un arrastrero industrial en plataforma de investigación no puede ser una decisión administrativa tomada sin discusión pública.

La pesca experimental es una herramienta válida cuando responde a objetivos científicos claros, cuenta con protocolos transparentes, participación de instituciones académicas y resultados que se ponen a disposición del país. Lo que no puede convertirse es en una puerta lateral para introducir nuevas modalidades de pesca o nuevas capacidades industriales sin el debido debate técnico, científico y social.

Si el Apóstol Santiago se propone como buque de investigación o como plataforma para pesca experimental, el país tiene derecho a saber qué institución científica liderará ese proceso, qué preguntas se buscan responder, qué metodología se aplicará y cómo se garantizará que esa actividad no se convierta en una operación comercial encubierta. Sin esas garantías, el riesgo es evidente: que la etiqueta de investigación termine siendo utilizada como atajo para modificar el régimen de acceso a los recursos pesqueros.

La gestión del mar no puede construirse sobre decisiones improvisadas ni sobre silencios administrativos. En momentos en que el Ecuador intenta fortalecer su credibilidad internacional en la lucha contra la pesca ilegal y superar observaciones externas sobre el control de su cadena pesquera, la transparencia no es opcional: es una obligación.

El país necesita reglas claras, decisiones sustentadas en evidencia científica y autoridades que respondan públicamente por sus actos. Lo contrario solo alimenta la percepción de que los recursos del mar siguen siendo administrados como si fueran concesiones privadas y no bienes públicos.

Porque cuando un barco llega rodeado de tantas preguntas y tan pocas respuestas, lo que está en juego no es solo una embarcación.

Es la credibilidad del sistema que debería proteger nuestros mares.