Entre nidos de tortugas y silencio oficial: el malecón de Manglaralto fue suspendido por orden judicial
- Franklin Vega
- hace 1 día
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El nacimiento de tortugas carey en Manglaralto desmiente la versión oficial sobre el fin del ciclo de anidación y expone vacíos de información en un proyecto de malecón financiado con fondos públicos. Mientras autoridades defienden la obra y evitan transparentar estudios técnicos, una jueza ordenó su suspensión temporal al considerar que existe un riesgo real de daño irreversible a una zona activa de anidación y posibles vulneraciones a los derechos de la naturaleza.
Este 17 de marzo al mediodía, la playa de Manglaralto fue el espacio de una escena extraordinaria para quienes protegen las tortugas marinas. Decenas de huevos de tortugas carey, una especie en peligro crítico de extinción según la Lista Roja de la UICN, eclosionaron en la misma zona donde se pretende construir un malecón de concreto que costará 3,2 millones de dólares y se financiará con un crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE)
El video del “nacimiento” de las tortugas carey dio la vuelta al mundo ya que esta especie es protegida en todo el mundo y eso motivó a que varios ambientalistas emitan sus mensajes de protección. Uno de ellos es Randall Arauz un biólogo y activista de Costa Rica, quien en el 2010 recibió el Premio Goldman, calificado como el Nobel del ambientalismo. Arauz publicó un video en el que convoca a los ecuatorianos a proteger los sitios de anidación de las tortugas marinas.
El video de las tortugas carey también dejan a los técnicos del Ministerio del Ambiente y Energía sin piso, ya que dos semanas antes retiraron las protecciones a cinco nidos en la playa de Manglaralto y justificaron la medida al manifestar que los nidos ya cumplieron su ciclo biológico.
Esta medida se complementa con la declaración del Prefecto de Santa Elena, Daniel Villao, quien dijo que los nidos de tortugas se reubicarán, desconociendo de forma olímpica que la tortugas marinas regresan a poner sus huevos en la misma playa donde nacieron luego de 25 años o más. Es decir, Villao hace gala de su miopía y falta de visión al no proveer que si bien puede reubicar los nidos, cientos de tortugas que ya han nacido allí se quedarán sin lugar para desovar porque si se construye su malecón de concreto, ya no existirá una playa para que las tortugas pongan sus huevos.
Un plan que no se aplica y la cooperación que se desperdicia
En el mismo Plan de Acción para la Conservación de las Tortugas Marinas 2021 – 2030 -documento elaborado por el Ministerio del Ambiente (MAE), WildAid y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) en el 2020- se reconoce la fragilidad de esta especie. “Las tortugas Carey se encuentran raramente o incluso están ausentes en la mayoría de los sitios del Pacífico Oriental. Por muchos años, se creyó que la población estaba a punto de extinguirse. Sin embargo, varios nuevos descubrimientos han identificado sitios importantes de anidación en El Salvador, Nicaragua, y Ecuador. Aunque la población está altamente en peligro de extinción, con aproximadamente 600 nidos cada año a lo largo del Pacífico Oriental, no está claro si y en qué cantidad esta población puede estar reducida en comparación con los niveles anteriores”.
“La construcción de malecones sobre las playas en toda la costa ha limitado el hábitat de anidación, aumentando la contaminación (lumínica y por plásticos, escombros y otros obstáculos)”. Ministerio del Ambiente, WildAid, Cooperación Técnica Alemana (GIZ). Plan de Acción para la Conservación de las Tortugas Marinas 2021 - 2030.
Este llamado de atención oficial no fue suficiente para frenar la destrucción de la playa de Manglaralto. Allí el Gobierno Autónomo Provincial de Santa Elena insiste en construir un malecón con una inversión de 3,3 millones de dólares. Esta obra apunta a ser un elefante blanco más ya que se pretende construir sobre la playa y utilizando croncreto sobre el área de anidación de las tortugas marinas.
El documento del MAE reconoce que la “construcción de malecones sobre las playas en toda la costa ha limitado el hábitat de anidación, aumentando la contaminación (lumínica y por plásticos, escombros y otros obstáculos)”. A pesar de esto, el prefecto de Santa Elena afirma que disponen de todas las autorizaciones ambientales; sin embargo, el proyecto no tiene una Licencia Ambiental, solo un Registro Ambiental que es un procedimiento simplificado para actividades de bajo impacto.
Un proyecto de concreto sin información oficial
A pesar de que en enero el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) anunció la entrega del crédito para esa obra. El boletín del BDE resaltó: “Con la presencia del gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., Carlos Rivera Bautista, se realizó la entrega simbólica de la línea de crédito para la construcción del malecón de la cabecera cantonal de Manglaralto, en la provincia de Santa Elena, por un monto de USD 3.3 millones”.
Por lo general, el BDE entrega una línea de crédito una vez que se han cumplido de forma estricta una serie de parámetros ambientales, sociales y financieros. No obstante, Rivera se negó a entregar estos documentos para la elaboración del presente artículo, el burócrata alegó sigilo bancario. Tal como se observa en la respuesta al oficio enviada no se logra comprender cómo la información de un proyecto público, que se financia con dinero público se declara como reservado.
Tampoco el prefecto de Santa Elena, Daniel Villao, ha contestado un pedido formal similar ni el Gad Provincial ha entregado los planos y la maqueta definitiva de esta obra, a pesar de que Villao ofreció ponerla a disposición de todos mediante in código QR..
A la lista del silencio oficial se suma el Ministerio del Ambiente y Energía. Tampoco han entregado la información solicitada.
La protección de las tortugas en los tribunales
Ante las amenazas para las tortugas marinas, nuestro editoro Franklin Vega y el jurista Milton Castillo interpusieron una demanda de medidas cautelares contra la Prefectura de Santa Elena, el Ministerio del Ambiente, el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y la Procuraduría General del Estado. La acción busca frenar decisiones y omisiones de estas entidades públicas que, según los demandantes, amenazan de forma directa a un ecosistema costero sensible y a una especie protegida.
En este contexto, los accionantes advierten que el daño potencial sería irreversible: la destrucción de nidos y la alteración del entorno impedirían la continuidad del ciclo biológico de la especie, sin posibilidad real de restauración. Por ello, invocan el principio precautorio, que obliga al Estado a prevenir daños ambientales graves o irreparables incluso en escenarios de incertidumbre, priorizando la protección de la biodiversidad sobre cualquier intervención que pueda ponerla en riesgo.
La jueza suspendió la obra temporalmente
En el auto de avocación, la jueza Cecilia Ramírez, admitió a trámite la acción constitucional de medidas cautelares, reconoció la validez formal de la demanda presentada y asumió el conocimiento del caso. Con ello, se activó el análisis judicial sobre un conflicto que involucra posibles vulneraciones a derechos constitucionales, en particular los relacionados con la naturaleza y el ambiente.
El problema jurídico queda claramente delimitado: la acción busca la suspensión del proyecto del malecón de Manglaralto y la protección de los nidos de tortugas marinas ubicados en la zona de intervención. Es decir, el eje del caso no es únicamente la legalidad de una obra pública, sino su impacto potencial sobre un ecosistema frágil y una especie en condición de vulnerabilidad.
En su análisis, la jueza Ramírez advierte un elemento clave: el proyecto ya cuenta con aprobación administrativa y financiamiento, lo que implica que no se trata solo de una amenaza hipotética, sino de una situación en curso que podría derivar en una vulneración efectiva de derechos. Esta constatación cambia la naturaleza del riesgo, elevándolo a un nivel que justifica la intervención urgente de la justicia constitucional.
Como resultado, la jueza concede la medida cautelar y ordena la suspensión inmediata de cualquier actividad o inicio de obra relacionada con el malecón, hasta que se resuelva el fondo del caso. Además, convoca a una audiencia pública para el 26 de marzo de 2026 y dispone que el Ministerio del Ambiente remita la información técnica del proyecto y delimite las zonas de anidación de tortugas en el área.
La medida adoptada tiene carácter temporal y preventivo: no resuelve aún el conflicto de fondo, pero busca evitar un daño potencial mientras se sustancia el proceso. Este caso evidencia un choque entre desarrollo urbano y conservación ambiental, atravesado por cuestionamientos sobre la calidad técnica del proyecto, la transparencia institucional y el respeto a los derechos de la naturaleza. Frente a este escenario, la jueza concluye que el riesgo es serio y verosímil, y opta por paralizar el proyecto como medida de protección.
Más allá del desenlace judicial, el caso Manglaralto plantea una pregunta de fondo: ¿qué modelo de desarrollo quiere el país para sus costas? La evidencia: nidos activos, nacimientos recientes y vacíos de información; obliga a repensar decisiones que podrían borrar en meses procesos naturales que toman décadas. Lo que está en juego no es solo una obra, sino la coherencia del Estado frente a sus propias normas ambientales y el derecho de las futuras generaciones a heredar ecosistemas vivos.
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