La Amazonía detecta el delito, pero todavía no locastiga
Un estudio regional concluye que el principal vacío ya no está en identificar la destrucción ambiental, sino en convertir las alertas en investigaciones, sentencias y sanciones efectivas. En Ecuador, aproximadamente el 1 % de 2.075 investigaciones concluyó con una condena o un acuerdo de culpabilidad.
Los países amazónicos han mejorado considerablemente su capacidad para detectar la deforestación, la minería ilegal y otras amenazas ambientales. Satélites, drones y sistemas de alerta permiten observar daños incluso en zonas remotas. Sin embargo, esa capacidad tecnológica no se ha traducido en una rendición de cuentas equivalente.
Esta es la principal conclusión de Enfrentando los delitos contra la naturaleza en la Amazonía, un estudio que analiza la situación de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
El problema comienza al intentar determinar si el daño detectado es ilegal. Una imagen satelital puede mostrar que desapareció un bosque, pero para construir un caso es necesario cruzarla con mapas de áreas protegidas, territorios indígenas, concesiones y permisos vigentes. En buena parte de la región, esos registros están incompletos, desactualizados o no son accesibles en formatos que permitan analizarlos.
Brasil posee la infraestructura más desarrollada. Para el ciclo 2024-2025, el estudio estima que cerca del 90 % de la deforestación de su Amazonía —aproximadamente 4.400 kilómetros cuadrados— no tenía una autorización registrada. La cifra es un indicio operativo de ilegalidad, no una determinación judicial, y depende de la calidad de los registros disponibles.
La información sobre otros delitos es todavía más fragmentaria. No existe una medición panamazónica consistente de la tala selectiva. Tampoco hay una red permanente que mida con una metodología uniforme la contaminación por mercurio, pese a que las emisiones asociadas con la minería aurífera se estiman entre 200 y más de 500 toneladas anuales.
La violencia contra quienes protegen el territorio constituye otra parte del mismo sistema. Al consolidar información de varias fuentes, el estudio identificó 574 incidentes contra defensores ambientales entre 2016 y 2024. El 60 % fueron homicidios, el 58 % estuvo relacionado con conflictos por la tierra y cuatro de cada diez incidentes afectaron a pueblos indígenas. Los autores advierten que las amenazas y otras agresiones no letales están considerablemente subregistradas.
Ante las limitaciones estatales, la sociedad civil ha asumido una función decisiva. Plataformas como MapBiomas Amazonia, RAISG, MAAP y Amazon Mining Watch generan algunos de los datos regionales más completos. No obstante, las organizaciones concentran sus recursos en detectar y denunciar. Tienen mucha menos capacidad para realizar análisis jurídicos, preservar la cadena de custodia, acompañar procesos judiciales y comprobar si las sanciones se cumplen.
Allí se rompe el proceso. En Colombia, el estudio registra 147 condenas entre 2.376 investigaciones ambientales realizadas entre 2018 y 2024. En Brasil, ciertos análisis encontraron que solo alrededor del 7 % de los casos examinados culminó en condena y que apenas el 0,2 % de las multas o indemnizaciones había sido pagado. En Ecuador, aproximadamente el 1 % de 2.075 investigaciones concluyó con una condena o un acuerdo de culpabilidad.
La lección es directa: producir más alertas no será suficiente. La prioridad debe trasladarse hacia la evaluación de la legalidad, la cooperación formal entre organizaciones y fiscalías, la admisibilidad de las pruebas satelitales, la protección de los defensores y el seguimiento de las sanciones.
Los delitos ambientales operan como redes transfronterizas, mientras las respuestas continúan fragmentadas por país. La Amazonía ya puede ver gran parte del daño. Lo que todavía necesita es una arquitectura regional capaz de probarlo, perseguirlo y evitar que quede impune.
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