Manglaralto: las tortugas vuelven a anidar donde la Prefectura pretendía construir un malecón con deuda externa
Un nuevo nido de tortuga marina fue registrado el 9 de octubre de 2026 en la playa de Manglaralto, Santa Elena, precisamente en el sector donde la Prefectura proyectaba construir un malecón de USD 3,3 millones. El hallazgo ocurre después de una sentencia favorable a los derechos de la naturaleza y mientras persisten interrogantes sobre el financiamiento de la obra. En abril, la Prefectura aseguró que contaba con el respaldo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), pero diez días después la institución francesa aclaró que no había validado el proyecto. Los demandantes acudieron nuevamente a la justicia para exigir la protección inmediata de los nidos.
Las tortugas regresan a una playa que estuvo a punto de convertirse en un malecón
La naturaleza acaba de aportar una nueva evidencia en el conflicto ambiental de Manglaralto, que fue impulsado por la comunidad y Monika Martyna Koniuszek (Monika Silva). El jueves 9 de octubre de 2026 se registró un nuevo desove de tortuga marina en la franja de arena comprendida entre las cabañas turísticas y la línea de marea, dentro del área donde el Gobierno Provincial de Santa Elena pretendía ejecutar un proyecto de infraestructura costera.
Las fotografías y los videos muestran el rastro dejado por una tortuga desde el océano hasta el lugar donde depositó sus huevos. El nido fue señalado por moradores mediante pequeñas estacas de madera, pero carecía de un cerco o una canasta de protección. En otra de las imágenes se observan huevos expuestos sobre la arena, algunos fracturados. También se identificaron huellas de tránsito peatonal y de vehículos en las inmediaciones.
El hallazgo confirma que la playa continúa siendo utilizada para la reproducción de tortugas marinas y vuelve a cuestionar la compatibilidad entre las obras de infraestructura proyectadas y la conservación de este ecosistema. El nuevo registro fue incorporado a un escrito judicial presentado el mismo 9 de octubre por el periodista ambiental Franklin Vega, editor de Bitácora Ambiental, y el abogado Milton Castillo Maldonado, quienes impulsaron la acción constitucional que permitió detener el proyecto.
En el documento, ambos advierten que el nido no contaba con custodia institucional y que el Estado debe intervenir durante el período de incubación para evitar que se pierdan los huevos. La especie responsable de este desove deberá ser identificada por especialistas. No obstante, los informes ambientales incorporados al proceso judicial reconocen que Manglaralto es una playa utilizada por tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) y carey (Eretmochelys imbricata), especies clasificadas globalmente como vulnerable y en peligro crítico de extinción, respectivamente.
Un malecón de USD 3,3 millones sobre una playa de anidación
El proyecto promovido por la Prefectura de Santa Elena, encabezada por José Daniel Villao González (uno de los señalados por Monika en sus denuncias), contemplaba una inversión aproximada de USD 3,3 millones para infraestructura turística y protección costera.
Entre sus componentes se encontraban obras permanentes sobre la franja litoral, incluida una estructura de escolleras de aproximadamente 850 metros. La Prefectura defendió la intervención argumentando que Manglaralto enfrenta procesos de erosión costera y amenazas derivadas del incremento del nivel del mar.
Sin embargo, el proyecto generó cuestionamientos sobre sus impactos en la dinámica natural de la playa, la conservación de los sitios de anidación y la efectividad de las medidas previstas para proteger a las tortugas marinas. El conflicto llegó a los tribunales mediante una acción de protección presentada por Vega y Castillo contra la Prefectura de Santa Elena, el Ministerio del Ambiente y el Banco de Desarrollo del Ecuador.
El 26 de marzo de 2026 se dictaron medidas cautelares que permitieron suspender la ejecución de las obras. Posteriormente, el 1 de julio, una jueza constitucional de Santa Elena emitió una sentencia favorable a los derechos de la naturaleza, al determinar que no se había aplicado adecuadamente el principio precautorio desde las etapas iniciales del proyecto.
Las instituciones accionadas apelaron la decisión. Sin embargo, conforme argumentan los demandantes en su nuevo escrito, la apelación no suspende la ejecución de la sentencia constitucional.
El Ministerio del Ambiente defendió su actuación, pero los nidos siguen expuestos
Uno de los aspectos más controvertidos del proceso judicial fue la posición asumida por el Ministerio del Ambiente. Durante el juicio, la autoridad ambiental defendió su actuación administrativa frente a los cuestionamientos formulados por los demandantes.
Según consta en el escrito de ejecución, el Ministerio aseguró que la administración de la Reserva Marina El Pelado monitorea las playas del sector norte de Santa Elena, incluida Manglaralto. También sostuvo que los cercos retirados de nidos anteriores son reutilizados en zonas donde se registran nuevas anidaciones.
La Prefectura, por su parte, afirmó que implementaba un plan de protección de tortugas marinas en el sector. Sin embargo, el nido documentado el 9 de octubre fue encontrado sin las estructuras de protección que los accionantes consideran necesarias. La situación plantea una contradicción entre las acciones de vigilancia y conservación anunciadas por las autoridades y las condiciones observadas en el nuevo sitio de desove.
Si el Ministerio del Ambiente aseguró ante la justicia que monitorea Manglaralto y protege los nidos activos, ¿por qué el nuevo desove fue encontrado sin protección institucional?
La pregunta adquiere relevancia porque el Ministerio no es un actor secundario en este conflicto. Es la autoridad nacional encargada de aplicar las políticas de conservación de especies amenazadas y de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental.
La Prefectura anunció el respaldo francés; diez días después, la AFD aclaró que no había aprobado el proyecto
El financiamiento del malecón constituye otro capítulo del conflicto. El 7 de abril de 2026, la Prefectura de Santa Elena difundió el comunicado oficial CP-GADPSE #005-2026, en el que defendió el proyecto denominado Protección Costera para la parroquia Manglaralto.
En el documento, la institución aseguró que la obra todavía se encontraba en planificación técnica, que no había iniciado su ejecución y que contaba con un pronunciamiento ambiental favorable. También sostuvo que el diseño evitaría las zonas con presencia de nidos de tortugas marinas y respetaría sus ciclos naturales.
Pero el comunicado incluyó una afirmación sobre el financiamiento internacional.
La Prefectura señaló que el proyecto contaba con el respaldo de la Agencia Francesa de Desarrollo, mediante el Programa de Inversiones Multisectorial PIM-AFD, y que ello garantizaba estándares internacionales de sostenibilidad, además de una reducción del 5 % en el financiamiento. La afirmación fue realizada cuando el proyecto ya enfrentaba una medida judicial de suspensión.
Dos días después, el 9 de abril, Bitácora Ambiental solicitó formalmente a la AFD que aclarara si había otorgado financiamiento, aval técnico o respaldo institucional al malecón. También pidió información sobre los estándares ambientales aplicables y preguntó si la agencia conocía los cuestionamientos relacionados con la presencia de tortugas marinas amenazadas.
La respuesta llegó el 17 de abril. La responsable del área de Infraestructura Urbana de la AFD en Ecuador, explicó que el proyecto se encontraba en revisión para determinar si podía incorporarse a la cartera de iniciativas financiables del PIM-AFD.
Su aclaración fue inequívoca:
«Es importante recalcar que este proyecto no ha sido validado por AFD, y estamos a la espera de la información completa por parte del BDE para avanzar en nuestro análisis».
La respuesta oficial estableció una diferencia fundamental entre el respaldo anunciado por la Prefectura y el estado real de evaluación del proyecto.
La existencia de un programa de crédito entre la AFD y el BDE no significaba que el malecón de Manglaralto hubiera sido aprobado por la institución francesa.
La funcionaria también reconoció que la agencia desconocía los antecedentes ambientales comunicados por Bitácora Ambiental. Tras recibir la información, la AFD solicitó al BDE aclaraciones sobre los cuestionamientos y anunció que incorporaría los antecedentes periodísticos a su análisis.
La AFD precisó que los proyectos debían cumplir estándares ambientales y sociales estrictos para acceder a la línea de financiamiento. La respuesta evidencia que el BD Ecuador y el GAD de Santa Elena omitieron información a la AFD.
Dos versiones sobre el respaldo francés
7 de abril de 2026 — Prefectura de Santa Elena
En su comunicado oficial CP-GADPSE #005-2026, la Prefectura afirmó que el proyecto contaba con el respaldo de la AFD mediante el programa PIM-AFD.
También anunció una reducción del 5 % en el financiamiento y sostuvo que la obra cumplía estándares internacionales de sostenibilidad.
17 de abril de 2026 — Agencia Francesa de Desarrollo
En una respuesta escrita a Bitácora Ambiental, la AFD aclaró que el malecón no había sido validado y que esperaba información completa del Banco de Desarrollo del Ecuador para continuar su evaluación.
La agencia añadió que los antecedentes ambientales comunicados por el medio serían considerados durante el análisis.
La contradicción documentada: la Prefectura presentó el respaldo francés como una condición existente, mientras que la AFD confirmó que todavía no había aprobado el proyecto.
Un crédito francés de USD 80 millones, pero sin aprobación específica para Manglaralto
El programa PIM-AFD sí cuenta con financiamiento internacional formalmente contratado. El 3 de diciembre de 2024, la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Ecuador suscribieron el contrato de facilidad de crédito CEC1068 01E, por USD 80 millones.
La operación cuenta con garantía soberana de la República del Ecuador y está destinada a financiar proyectos de infraestructura pública mediante el BDE.
El programa contempla criterios de viabilidad técnica, financiera, ambiental y social que deben ser considerados durante la selección de los proyectos.
Esto significa que el contrato de USD 80 millones no constituye una aprobación automática de todas las iniciativas presentadas por los gobiernos provinciales y municipales.
Cada proyecto debe cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos.
En Manglaralto, la documentación disponible demuestra que la AFD todavía evaluaba esa elegibilidad en abril de 2026.
Otro antecedente permite dimensionar el estado de ejecución del programa. En respuesta a un requerimiento de información de la asambleísta María Verónica Íñiguez, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que, hasta el 8 de junio de 2026, se habían desembolsado USD 5 millones de los USD 80 millones contratados.
Es decir, permanecían pendientes de desembolso USD 75 millones, equivalentes al 93,75 % del crédito.
La respuesta del Ministerio no identificó qué proyectos habían recibido los primeros desembolsos y remitió al BDE la responsabilidad de proporcionar información sobre las operaciones específicas.
La pregunta sigue abierta: ¿con qué documentación sustentó la Prefectura su anuncio de respaldo financiero internacional?
Francia también presta USD 100 millones para proteger los océanos ecuatorianos
La controversia adquiere otra dimensión al revisar una segunda operación de financiamiento de la AFD en Ecuador. El 16 de diciembre de 2024 se suscribió un acuerdo por USD 100 millones destinado a respaldar políticas públicas para la conservación y el uso sostenible de los océanos.
La operación, identificada con el código CEC1064, tiene un plazo de 20 años y contempla una subvención adicional de EUR 400.000 para asistencia técnica. De acuerdo con la ficha oficial de la AFD, el programa busca fortalecer la gobernanza de los ecosistemas marinos y costeros, mejorar su conservación y restauración, y promover la sostenibilidad ambiental de las actividades pesqueras y acuícolas.
Los beneficiarios institucionales incluyen al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio del Ambiente. Se trata de una operación distinta del crédito PIM-AFD de USD 80 millones y no constituye financiamiento del malecón de Manglaralto.
Sin embargo, la existencia de ambos programas permite plantear una cuestión sobre la coherencia de las políticas públicas. Mientras Ecuador recibe cooperación financiera internacional para fortalecer la conservación de sus ecosistemas marino-costeros, el Ministerio del Ambiente defendió en los tribunales su actuación administrativa respecto de un proyecto cuestionado por sus posibles impactos sobre una playa de anidación.
El contraste no demuestra que los recursos franceses destinados a conservación hayan sido utilizados en el malecón. Lo que plantea es la necesidad de examinar cómo se articulan las políticas de protección ambiental con las decisiones de infraestructura y financiamiento público.
Un nuevo nido cambia el escenario: ya no se trata de un riesgo hipotético
El registro del 9 de octubre tiene especial importancia para el proceso judicial.
Durante las audiencias, el Ministerio del Ambiente explicó que la incubación de los huevos de tortugas marinas puede durar entre 45 y 70 días.
En ese período, los nidos necesitan condiciones adecuadas para evitar daños provocados por pisadas, circulación vehicular, presencia de animales y otras perturbaciones.
En su nuevo escrito, Vega y Castillo argumentan que el hallazgo obliga a pasar de la aplicación del principio precautorio a la adopción de medidas concretas de prevención. El razonamiento es sencillo: anteriormente se discutía el riesgo que podría representar la construcción de un malecón sobre una playa utilizada por tortugas marinas. Ahora existe un nuervo nido identificado y documentado, con huevos expuestos y señales de perturbación en sus alrededores.
Los accionantes consideran que la situación exige aplicar el artículo 396 de la Constitución, que establece obligaciones estatales de prevención frente a impactos ambientales negativos. También invocan los artículos 71 y 73, relacionados con los derechos de la naturaleza y la protección frente a actividades que puedan provocar la extinción de especies o la alteración de los ciclos naturales.
Solicitan protección urgente y vigilancia permanente
Ante el nuevo desove, Vega y Castillo presentaron un pedido de ejecución de sentencia ante la jueza constitucional Ana María Tapia Blacio. La solicitud plantea que el Ministerio del Ambiente, directamente o mediante la administración de la Reserva Marina El Pelado, inspeccione Manglaralto y las playas adyacentes en un plazo máximo de 48 horas.
También pide identificar y georreferenciar los nidos existentes, instalar cercos o canastas de protección y mantenerlos hasta la eclosión y posterior evaluación técnica.
Los demandantes solicitaron que el Ministerio mantenga patrullajes, especialmente nocturnos, y presente informes sobre las medidas adoptadas.
Respecto de la Prefectura de Santa Elena, pidieron que proporcione apoyo logístico y señalización, y que se abstenga de ingresar maquinaria o realizar intervenciones sobre la playa sin el pronunciamiento ambiental correspondiente. La petición también incluye medidas para controlar el tránsito vehicular y la iluminación artificial, así como la participación de la Policía Nacional y de la Defensoría del Pueblo en las actividades de vigilancia y seguimiento.
La naturaleza continúa aportando pruebas
La fotografía del nuevo nido resume el conflicto de Manglaralto. En primer plano aparece un pequeño círculo trazado sobre la arena, con unas cuantas estacas de madera que intentan advertir a los visitantes sobre la presencia de huevos. Al fondo se observan las cabañas turísticas y las edificaciones cercanas a la playa.
Es el mismo paisaje que la Prefectura pretendía transformar mediante un proyecto de infraestructura costera de USD 3,3 millones.
El nuevo desove no resuelve por sí solo todos los interrogantes técnicos sobre la viabilidad de las obras. Sin embargo, confirma que la conservación de los sitios de anidación debe ser un componente central de cualquier decisión sobre el futuro de esta playa.
También recuerda que una sentencia favorable a los derechos de la naturaleza no garantiza automáticamente la protección efectiva de los ecosistemas. Para ello se necesitan autoridades que ejecuten las medidas correspondientes, vigilancia sobre el territorio y decisiones sustentadas en información ambiental verificable.
En el caso de Manglaralto, todavía existen preguntas sobre la actuación del Ministerio del Ambiente, el cumplimiento de los compromisos anunciados por la Prefectura y el estado del financiamiento internacional. La AFD ya aclaró que no había validado el proyecto cuando la Prefectura anunció públicamente su respaldo. Ahora corresponde conocer si esa evaluación cambió y cómo fueron considerados los antecedentes judiciales y los nuevos registros de anidación.
Mientras las instituciones discuten permisos, financiamiento y competencias, las tortugas marinas continúan regresando a Manglaralto para reproducirse.
La justicia reconoció la necesidad de proteger los derechos de la naturaleza. El nuevo nido plantea una exigencia concreta: que esa protección deje de existir únicamente en los expedientes y se haga efectiva sobre la arena.
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