Sin malecón: la norma ambiental deja al prefecto Villao sin piso en Manglaralto
- Franklin Vega
- hace 23 horas
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El Ministerio de Ambiente convierte las playas de anidación en zonas de alta restricción, cerrando el paso a infraestructura como malecones mediante una Acuerdo Ministerial establece medidas de protección para las playas y su fauna. El proyecto de Manglaralto enfrenta un doble bloqueo, legal y financiero.
El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), de Inés Manzano, acaba de mover una pieza clave en la costa ecuatoriana: convirtió a las playas de anidación de tortugas marinas en zonas de alta restricción para infraestructura dura. Esto mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MAE-MAE-2026-0058-AM, emitido el 1 de mayo del 2026.
La medida no es simbólica. Establece prohibiciones claras sobre actividades que alteren la morfología natural de la playa, incluyendo la instalación de estructuras como muros, enrocados o cualquier intervención que afecte el sustrato donde se desarrollan los ciclos reproductivos de estas especies. Y en el caso de Manglaralto, la implicación es directa: el proyecto de malecón pasa a ser incompatible con la normativa ambiental vigente. A pesar que el Acuerdo Ministerial no tiene efectos retroactivos, quién intentará saltarse la normativa?
La norma que cambia el tablero
El Acuerdo Ministerial no deja espacio para ambigüedades. Durante la temporada de anidación y en zonas identificadas como hábitat crítico se restringen actividades que van desde el tránsito vehicular hasta la instalación de infraestructura que modifique la playa. También se establecen controles sobre iluminación, uso del espacio y manejo del suelo, todos factores que, según el propio Ministerio, inciden directamente en la supervivencia de las tortugas marinas.
La lógica detrás de la norma es contundente: las playas no son espacios vacíos disponibles para urbanización, sino ecosistemas activos donde pequeñas alteraciones pueden generar impactos irreversibles. El informe técnico que sustenta el Acuerdo advierte que la compactación del suelo, la iluminación artificial y la infraestructura costera pueden provocar la pérdida total de eventos reproductivos y el abandono de playas por parte de las especies.
En ese contexto, la regulación no es preventiva: es una respuesta a un riesgo ya identificado y que en Manglaralto incluso llegó a los tribunales de la República del Ecuador con una demanda de medidas cautelares contra la Prefectura de Santa Elena, el Ministerio del Ambiente, el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y la Procuraduría General del Estado. En Manglaralto, la prefectura de Santa Elena planteó la construcción de un malecón sobre la playa donde anidan tortugas marinas en peligro de extinción. La acción judicial fue planteada por nuestro editor Franklin Vega y el jurista Milton Castillo para frenar decisiones y omisiones de estas entidades públicas que, según los demandantes, amenazan de forma directa a un ecosistema costero sensible y a una especie protegida.
El malecón que ya no encaja
El problema para Manglaralto es estructural. Un malecón, tal como se diseña tradicionalmente en Ecuador, implica precisamente lo que la norma busca evitar: rigidizar la línea costera, intervenir el sustrato y transformar la dinámica natural de la playa.
No se trata de ajustar detalles técnicos o incorporar medidas de mitigación. El conflicto es más profundo. Si la playa entra dentro de las zonas de anidación, algo altamente probable en la costa continental, el proyecto se enfrenta a una restricción directa. En términos simples: ya no es solo un proyecto discutible. Es un proyecto que bajo la actual normativa no es legalmente viable.
Villao se queda sin malecón una tortuga lo venció
Esto coloca al prefecto de Santa Elena, Daniel Villao, en una posición incómoda. El malecón de Manglaralto, promovido como obra emblemática, choca ahora con una normativa que redefine lo que se puede y lo que no se puede construir en las playas.
La decisión ya no depende únicamente de voluntad política o disponibilidad de recursos. Depende de un marco legal que prioriza la conservación de ecosistemas y que habilita a la autoridad ambiental a suspender, sancionar o bloquear proyectos que representen un riesgo. En otras palabras, el margen de maniobra se reduce drásticamente.
El segundo golpe: el financiamiento
A este escenario se suma otro elemento que termina de cerrar el cerco. El crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo, canalizado a través del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., establece que no se financiarán proyectos que causen daño ambiental significativo o que no sean resilientes al cambio climático.
El malecón, bajo su diseño tradicional, enfrenta exactamente esas objeciones. Alteración de la dinámica costera, afectación de hábitats y baja capacidad de adaptación frente a eventos extremos son factores que lo colocan en una zona de alto riesgo de no elegibilidad.
El resultado es un doble bloqueo: lo que no cumple la norma ambiental, tampoco cumple las condiciones del financiamiento.
Más allá de Manglaralto
El caso no es aislado. Es una señal de cambio. La nueva regulación y las condiciones de la deuda internacional están empezando a alinearse en una misma dirección: limitar la infraestructura dura en ecosistemas frágiles y empujar hacia soluciones basadas en la naturaleza. Esto redefine el desarrollo costero en Ecuador. Lo que antes era una obra estándar, hoy puede convertirse en un proyecto inviable.
El conflicto ya no es técnico. Es político. Entre la obra visible de corto plazo y la sostenibilidad real de largo plazo, Manglaralto marca un punto de inflexión. No porque sea el único caso, sino porque expone con claridad el cambio de reglas.
El prefecto se queda sin malecón. Y el país, ante una pregunta más incómoda:
¿qué tipo de desarrollo es posible cuando el ambiente y la deuda empiezan a decir que no? La respuesta, pensar en adaptarse a la naturaleza en lugar de imponer cemento en las playas.