Tarde y mal en Galápagos: Santa Cruzo, 66 días de retraso en el plan de acción y mapas del 2019 para enfrentar El Niño
Cuando la Alcaldía de Fanny Uribe entregó su plan de acción, las motobombas y las cuadrillas ya debían estar listas. El plan de contingencia identificaba a La Cascada como zona prioritaria, pero usó un mapa de cañadas de la administración de Ángel Yánez, anterior a la obra de drenaje menor del barrio. Milton Aguas San Miguel revisó y aprobó el documento. ¿Qué verificó el Municipio en el terreno y cuánto tiempo tuvieron las familias para evacuar la noche del 30 de octubre?

La noche del 30 de octubre, Denis y Nayeli, dos colaboradores de Lobito una empresa de transporte de Santa Cruz, avisaron a sus compañeros que el agua había entrado a sus casas y que las paredes cedían. Así empezó la emergencia para esas dos familias, según la reconstrucción publicada por Bitácora Ambiental y que cuenta cómo los vecinos se organizaron para salvarse. Para el Municipio de Santa Cruz, La Cascada ya tenía un lugar en el papel. En la página 10 de su plan de contingencia por El Niño aparece, con nombre propio, entre los sectores prioritarios de Puerto Ayora.
Vale la pena detenerse en esa página. La administración de Fanny Uribe sabía dónde había población expuesta. Incluso estimó que unas mil personas en las zonas bajas urbanas podrían necesitar evacuación o asistencia inmediata. ¿En qué manzanas vivían? ¿Por qué calles podían salir si el agua bajaba desde Bellavista? La cifra ocupa una línea en la página 11. El lector no encuentra junto a ella el cálculo por barrio ni un plano que permita a una familia reconocer una salida segura para ese escenario.

El plazo venció en junio. Santa Cruz entregó en agosto
El 23 de junio de 2026 venció el plazo fijado por el COE Nacional para que los gobiernos locales presentaran sus planes de acción frente a El Niño. El Consejo de Gobierno de Galápagos cumplió a tiempo. El anexo del boletín 55 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registra las fechas de los tres municipios isleños. San Cristóbal entregó el 24 de junio, un día tarde. Isabela lo hizo el 29 de junio, seis días después del plazo. Santa Cruz remitió el suyo el 28 de agosto, 66 días después del vencimiento. Fue el último de los tres, como publicó Bitácora.
En la portada del plan de contingencia municipal se lee «junio de 2026». En el registro nacional, el 28 de agosto corresponde a la entrega del plan de acción. El oficio de remisión y sus anexos permitirían establecer qué versión recibió la Secretaría y si incluía el documento de 49 páginas que examinó Bitácora. La diferencia importa porque, según el propio cronograma municipal, las motobombas, la maquinaria pesada y las cuadrillas ya debían estar listas antes de agosto.
Desde la entrega registrada hasta la inundación del 30 de octubre transcurrieron otros 63 días. La administración de Fanny Uribe debe rendir cuentas por ambos períodos. ¿Qué drenajes inspeccionó mientras el plan de acción seguía pendiente de entrega? ¿Qué obras financió después del 28 de agosto? ¿Qué avisos recibió desde la parte alta y cuándo los comunicó a La Cascada? Las fechas acreditan la demora administrativa. Para determinar si alguna omisión agravó los daños hay que cotejar el cronograma con partidas ejecutadas, órdenes de trabajo, bitácoras y alertas fechadas.
La fecha está en el recuadro del mapa
En la ficha de Cañadas de Santa Cruz se lee diciembre de 2019. La elaboró la ingeniera geógrafa Carolina Carrión Cortez para la Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo Sustentable. En el casillero del alcalde consta Ángel Yánez Vinueza. En el de secretario técnico, Schubert Lombeida. El documento identifica como fuentes al Municipio y al Consejo de Gobierno de Galápagos. La figura 2 del plan para El Niño 2026–2027 recupera esa cartografía casi siete años después.

Una cañada puede seguir en el mismo sitio durante décadas. Lo que sí cambió en La Cascada, y puede fecharse, es la intervención municipal sobre el drenaje. En mayo de 2020 el GAD obtuvo la autorización ambiental para una obra de control de inundaciones en el sector, pero era una inundación del parque infantil y el Municipio hizo un drenaje a una de las grietas. Los guardaparques dieron seguimiento. En 2021, la Dirección del Parque Nacional Galápagos extinguió aquella autorización. El cierre del expediente ambiental y la capacidad de la obra para conducir agua son dos asuntos distintos.

Esa es una de las fallas de usar el mapa de Yánez tal como aparece en el plan de Uribe. Fue dibujado antes de una obra destinada precisamente a modificar la forma en que el barrio evacuaba parte del agua lluvia. El plan no explica qué cambió después de construirla, por dónde debía descargar ni qué ocurriría si el caudal superaba su capacidad. Tampoco identifica la fecha de una comprobación de campo que permita saber qué tramos de la red seguían abiertos en 2026. La figura 2 queda incompleta para esa tarea. En resumen, el mapa que usa el Municipio de Uribe están incompletos, ni los causes se muestran enteros.
La edad de la información tampoco se limita a esa lámina. La figura 3, dedicada a la susceptibilidad a inundaciones en el área rural, acredita un programa de tierras rurales, a SIGAGRO y al Municipio. La figura 4 vuelve a llamarse Cañadas de la isla Santa Cruz. La figura 6, destinada a un peligro diferente, el déficit hídrico rural, cita a SIGTIERRAS y el año 2010. El plan reúne insumos de distintas fechas y propósitos sin explicar, figura por figura, qué se actualizó para la temporada que estaba por comenzar.

Lo que un sumidero puede decir sobre una inundación
En la página 12 aparece la figura 5, Sitios de inundación en Puerto Ayora. Dos páginas antes, el Municipio contabiliza 207 sumideros en cotas bajas. Y en la página 29 encarga a la Empresa Pública de Agua bombear hacia los sumideros el agua acumulada. Las tres referencias, leídas juntas, dejan abierta una cuestión práctica. Cuando una calle ya está bajo el agua, ¿cómo sabe la cuadrilla cuál de esos puntos todavía puede recibir la descarga?
La distinción importa incluso con una lluvia habitual. En un cruce de calles puede acumularse agua porque la rejilla está tapada, porque el conducto quedó pequeño o porque aguas abajo la descarga dejó de funcionar. Para establecer cuál de esas cosas ocurrió hacen falta el registro de lluvia, la inspección del punto y el parte de mantenimiento. El Municipio sí ha divulgado trabajos de limpieza en Puerto Ayora. Su comunicación no dice con cuántos milímetros de lluvia falla cada sumidero. Tampoco la cifra de 207 acredita que todos colapsen o que todos estén representados en esa figura.
El defecto comprobable está en el uso que se da a la figura. El título invita a leerla como una representación de la inundación urbana. El texto que la acompaña no identifica el episodio de lluvia, su intensidad, la superficie que quedó bajo el agua ni la profundidad alcanzada. Aun si cada punto correspondiera a un sumidero con antecedentes de desborde, seguiría faltando lo que necesita saber quien vive a media cuadra. ¿El agua alcanzaría la puerta de su casa? ¿Podría salir por la esquina de siempre? Para una cuadrilla de limpieza sirve conocer el punto donde trabajar. Para evacuar un barrio hace falta conocer también el recorrido del agua.
Santa Cruz ya tenía antecedentes que permitían hacer esa distinción. El estudio climático de 2019, presentado por la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar de la ESPOL, examinó por separado el agua que se empoza sobre las vías asfaltadas de Puerto Ayora y la que se concentra en las cuencas de la parte alta. Para el primer caso estudió profundidad y velocidad. Para el segundo identificó sectores expuestos en Bellavista, El Bosque y Tomás de Berlanga, entre otros. La información antigua tenía un contexto técnico que merecía conservarse al trasladarla a un plan nuevo. Análisis del estudio de 2019
Nueve cruces para ir a mirar
El nombre de Schubert Lombeida figura en la cartografía municipal de 2019 que la actual administración utilizó para elaborar el Plan de Contingencia ante el Fenómeno El Niño 2026–2027. En noviembre de 2026, Lombeida cruzó información geográfica de distintas fuentes para trazar las rutas que podría seguir el agua por las encañadas entre Bellavista, Puerto Ayora, la vía a Baltra y la probable afectación al barrio La Cascada. El mapa de Lombeida está disponible en este enlace: https://www.facebook.com/share/p/1CgX1UhyGQ/?mibextid=wwXIfr
El visor marca nueve puntos donde esos recorridos podrían cruzar la carretera, identificados del C01 al C09. Destaca las escorrentías asociadas a los cruces C03 y C05, ubica lugares vulnerables como la escuela Tomás de Berlanga y distingue los ramales orientales cercanos a La Cascada.
También permite consultar por separado los cursos de agua cartografiados por el Instituto Geográfico Militar, las afectaciones reportadas por Gestión de Riesgos y las imágenes del satélite Sentinel-2 del 22 de octubre y del 6 de noviembre. Los datos se pueden descargar.
En C03 y C05, por ejemplo, un técnico de Obras Públicas puede comprobar si existe un paso de agua sobre la vía, medir sus dimensiones, revisar si está obstruido e identificar qué viviendas o instalaciones públicas quedarían expuestas aguas abajo. También es factible entender qué acciones podrían tomarse para encausar las aguas que se desbordan por la vía a Baltra hacia un lugar que no afecte a los asentamientos humanos.
El mapa municipal muestra la amenaza a escala insular. El visor de Lombeida la ubica en tramos concretos de la vía, donde se puede verificar el riesgo para la carretera y los sectores poblados cercanos. Ese nivel de detalle lo aportó un ciudadano por su cuenta. Tras 66 días de retraso, el equipo de Uribe seguía sin señalar qué puntos de la vía debían inspeccionarse o intervenirse.
El modelo trabaja con una malla de 30 metros. Los nueve cruces corresponden a intersecciones trazadas en el mapa y requieren verificación en campo. Uno de los ramales orientales pasa a unos 118 metros del punto que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos usa como referencia para La Cascada. Aún queda por comprobar si ese ramal conecta con la caída de agua. La evidencia disponible tampoco permite afirmar que hubo desbordamientos en los nueve puntos ni que la corriente del 30 de octubre llegó por ese ramal. Las imágenes de octubre y noviembre son posteriores al plan, fechado en junio. Hoy sirven para revisar su cartografía y decidir por dónde empezar las inspecciones.

Las dos primeras horas y el dato que falta
La parte más exigente del plan está en la página 28. Durante las primeras dos horas, el Área de Gestión de Riesgos debe seguir la precipitación en Santa Rosa y Bellavista. El Municipio prevé emitir una prealerta hacia Puerto Ayora cuando la lluvia supere la capacidad de absorción del suelo volcánico. Es una instrucción que compromete tiempo de evacuación para quienes viven abajo. En ese apartado no aparecen la estación de referencia, la cantidad de lluvia acumulada en un intervalo determinado ni el punto de observación local que permitiría reconocer que se cruzó el umbral.
El mismo plan pedía tener listos los equipos antes de agosto, levantar un inventario georreferenciado de puntos viales vulnerables entre julio y noviembre y validar con los barrios sus rutas de evacuación entre agosto y diciembre. La lluvia llegó el 30 de octubre, dentro de los dos últimos plazos. Para establecer cuánto se había hecho esa noche hay documentos concretos con los que contrastar esas promesas. El Municipio los nombró en su propia matriz: inventario vial, bitácoras de maquinaria, actas de disponibilidad y mapas comunitarios.
El funcionario que revisó y aprobó el plan
La última página identifica al autor técnico, Miguel Ángel Mosquera Alvarado, analista municipal. En las dos casillas siguientes figura Milton Camilo Aguas San Miguel, director encargado de Seguridad Ciudadana. Aguas consta como revisor y como aprobador. Las páginas 14 y 15 también lo identifican como secretario del COE que preside la alcaldesa Fanny Uribe. El documento examinado permite identificar a quien avaló el documento. Deja sin respuesta qué otra instancia revisó los mapas y los criterios para emitir la prealerta.
¿Qué exige la norma? El Manual del COE coloca al director municipal de la Unidad de Gestión de Riesgos en la Secretaría de la plenaria cantonal y admite ajustes según la estructura de cada GAD. A su vez, el artículo 17 del Reglamento General de 2024 faculta a quien preside el comité para designar a un delegado institucional como secretario. Ese artículo no prescribe un título profesional específico. El artículo 19 sí prevé personal técnico especializado y equipos multidisciplinarios para las salas de situación. Y el propio plan asigna al Área de Gestión de Riesgos la tarea de cruzar boletines científicos, observaciones locales y reportes del ECU 911.
En mayo de 2025, Aguas San Miguel constaba en un acta de la empresa de agua como director municipal de Desarrollo Productivo y Sostenible. En el plan de 2026 aparece al frente de otra dirección. Ambos documentos acreditan cargos.
Para evaluar su idoneidad en gestión de riesgos faltan la hoja de vida respaldada, el acto de designación y las atribuciones que tenía como director encargado. En el Senecyt Milton Camilo Aguas San Miguel figura como Doctor en Ciencias de la Educación mención Gerencia y a la sazón es padre del Asambleista de ADN, antes RC5, Milton Aguas.
Para evaluar la respuesta de octubre hacen falta, además, los partes de turno y las recomendaciones que recibió la Alcaldía. Sin ellos sería especulativo afirmar que Aguas carecía de formación o que la plenaria cedió a presiones políticas o mediáticas.
Lo que el COE pidió después de la inundación
Para entonces, Gestión de Riesgos ya disponía de una ortofoto del 3 de noviembre y había publicado un mapa de afectaciones de La Cascada, Los Arrayanes y La Unión. Ahí hay una fecha, un territorio delimitado y daños de un episodio concreto. Ese registro permite volver sobre las figuras municipales: dónde coincidió el agua con los puntos previstos, por dónde se extendió más allá y qué calles quedaron comprometidas. Es también la oportunidad de contrastar el modelo de Lombeida con lo observado y devolver a cada barrio un mapa que sus vecinos puedan discutir y corregir.

Fanny Uribe preside el COE. Su administración puede publicar el mapa que estaba sobre la mesa el 30 de octubre, la hora de la primera advertencia desde la parte alta y la hora en que esa advertencia llegó a La Cascada. Puede mostrar, además, cuándo se inspeccionó la obra construida después del mapa de Yánez y qué capacidad de descarga tenía esa noche. Son respuestas que los isleños pueden contrastar con sus calles, con sus casas y hasta con la hora que quedó grabada en sus teléfonos. Para Denis, Nayeli y sus vecinos, la medida del plan cabe en una pregunta: ¿cuánto tiempo les dio para salir antes de que cedieran las paredes?




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