En Galápagos, de las motos a los Airbnb: ¿otro registro vendido como solución antes de votar?
En 2024, el CGREG presidido por Edwin Altamirano (ex funcionario de Fnny Uribe) publicó una solicitud para regularizar motos sin mostrar después el resultado. Ahora, a semanas de las elecciones, una resolución del SRI establece cómo registrar tributariamente los alojamientos en las islas, pero las autoridades aún no publican catastros cruzados, controles ni sanciones.
Publicación del SRI, fuente: https://www.facebook.com/share/p/1KRPSWUUZd/
Un RUC no convierte una vivienda en alojamiento turístico autorizado. Tampoco lo hacen una patente municipal, un código QR o la publicación de un anuncio en Airbnb. Esa precisión es indispensable frente a la pieza difundida en redes que resume una supuesta ruta en tres pasos: registrarse en el Ministerio de Turismo, obtener un certificado QR y actualizar el RUC. El mensaje añade que después vendrán controles y sanciones.
La secuencia parece sencilla. Demasiado sencilla para Galápagos, Resolución NAC-DGERCGC26-00000037, publicada el 18 de septiembre de 2026, no crea una amnistía, no abre una nueva categoría de alojamiento y no autoriza al SRI a levantar la regulación hotelera. Su disposición específica para Galápagos dice que, antes de registrar en el RUC una actividad relacionada con alojamiento, el SRI verificará que el solicitante esté inscrito en el Registro de Turismo. Además, obliga a la autoridad turística a remitir al SRI su catastro actualizado.
Sobre el papel, es un filtro adicional. En la práctica, su eficacia depende de una pregunta que el anuncio no responde: ¿a quién permitirá a la dependencia que reemplazó al Ministerio de Turismo ingresar al registro y con qué verificación previa?
Airbnb no es una categoría legal
Decir que “los Airbnb están prohibidos” sería impreciso. Airbnb es una plataforma y también puede ser utilizada por hoteles, hostales o casas de huéspedes que sí tengan permisos. Lo que está prohibido es operar alojamiento turístico al margen del régimen especial de Galápagos o ampliar capacidad sin cumplirlo.
El Reglamento de Alojamiento Turístico para Galápagos exige Registro de Turismo y Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF). Antes de registrar un establecimiento, el Ministerio debe verificar que el proyecto cumpla el Plan de Regulación Hotelera; sin esa verificación, dispone el artículo 8, no puede otorgar el registro. La norma también establece que la categoría “casa de huéspedes” no está permitida para establecimientos nuevos y solo admite a los que ya formaban parte del antiguo Plan de Ordenamiento de la Oferta de Alojamiento Turístico.
La Ley Orgánica de Régimen Especial, citada en la propia resolución del SRI, prohíbe nueva infraestructura de alojamiento o ampliaciones que no se ajusten al Plan de Regulación Hotelera. El Plan aprobado por el CGREG en 2024 tampoco puede ser sustituido por un trámite tributario.
Por eso la patente y la LUAF municipales no son una puerta lateral para transformar una vivienda en hotel. La propia página del Municipio de Santa Cruz exige a los alojamientos, entre otros documentos, el Registro de Turismo y la certificación de capacidad hotelera emitidos por el Ministerio. Si algún municipio ha entregado patente o LUAF sin esos requisitos, debe publicar los expedientes y explicar la base legal. Si el Ministerio ha registrado nuevos alojamientos incompatibles con el Plan, debe identificarlos y justificar cada caso.
El control que todavía no aparece
La informalidad no es una hipótesis abstracta. Según información recopilada por el sector hotelero y difundida por Bitácora Ambiental, en 2024 existían 647 ofertas en plataformas digitales: 415 en Santa Cruz, 224 en San Cristóbal y ocho en Isabela, con unas 3.208 plazas. Solo Santa Cruz tenía 415 ofertas frente a 152 establecimientos regulados. El sector afirmó que una parte operaba sin permisos, registro turístico ni todas las obligaciones tributarias.
Esas cifras, publicadas también por @BitacoraEc en X, provienen del sector hotelero y no de una auditoría oficial independiente. Lejos de restarles importancia, esa limitación exhibe el problema: después de años de crecimiento de la oferta digital, las autoridades no han presentado un catastro público que permita distinguir cuántos anuncios corresponden a establecimientos legales, cuántos duplican habitaciones de un mismo negocio y cuántos son alojamientos clandestinos.
La resolución del SRI tampoco informa:
- cuántos anuncios fueron cruzados con el Registro de Turismo, el RUC, las patentes y las LUAF;
- cuántos establecimientos fueron inspeccionados, sancionados o clausurados;
- cuántas cartas de invitación terminaron vinculadas con hospedajes cobrados;
- cuántos registros nuevos ha emitido el Mintur en Galápagos y bajo qué categoría;
- ni cómo se impedirá que una vivienda residencial se registre como actividad turística sin cumplir el Plan Hotelero.
El SRI ya había advertido en mayo de 2026 a más de 9.000 anfitriones de todo el país que debían regularizar sus obligaciones tributarias. Ese antecedente nacional debilita la idea de que toda la iniciativa fue creada exclusivamente para Galápagos o para una campaña local. Pero la disposición especial expedida en septiembre no despeja la duda principal del archipiélago: “pagar impuestos por una actividad no vuelve lícita una actividad que carece de autorización turística”.
¿Control tributario o mensaje de campaña?
El momento político obliga a preguntar. Fanny Uribe, alcaldesa de Santa Cruz, fue seleccionada por ADN para buscar la reelección. Bitácora documentó que ya era la precandidata escogida por el oficialismo cuando pidió retirar el artículo 92 de la Ordenanza de Residencia, una disposición que buscaba impedir el cobro de alojamiento mediante cartas de invitación.
La objeción de Uribe —que ese artículo habría sido incorporado sin debate ni votación— debe investigarse y podría ser jurídicamente válida. Lo que sigue sin conocerse es qué control legítimo y eficaz propone para reemplazarlo.
No existe, entre los documentos revisados, evidencia de que Uribe haya pedido la resolución del SRI ni de que el organismo tributario la haya expedido para favorecer su campaña. Pero el calendario y el modo en que se comunica la medida sí justifican preguntas: ¿se utilizará el trámite del RUC para ofrecer a cientos de anfitriones una expectativa de regularización?, ¿habrá controles antes de las elecciones o solamente inscripciones?, ¿quién se beneficia políticamente si un registro tributario se vende como legalización turística?
El CNE fijó las elecciones para el 29 de noviembre de 2026. Si el objetivo es exclusivamente técnico, SRI, el exMintur, CGREG y municipios todavía pueden demostrarlo: deben publicar el catastro cruzado, los registros admitidos y rechazados, las inspecciones, las sanciones y el fundamento de cada autorización nueva.
El antecedente documentado de las motos
La comparación con la oferta de legalizar las motos no es gratis. El 3 de febrero de 2024, la cuenta oficial del CGREG anunció que su entonces presidente, Edwin Altamirano (ex funcionario de Fanny Uribe), había recibido a los socios de la Corporación Motorizados de Santa Cruz. Según la publicación institucional, los asistentes expusieron las dificultades que tenían para matricular y revisar sus vehículos y solicitaron “una opción para la regularización de las motos”.
El comunicado prueba que la reunión ocurrió y que la regularización fue planteada ante Altamirano. No dice que el presidente se haya comprometido a legalizar las motos, no identifica el número de eventuales beneficiarios y tampoco cita un mecanismo jurídico. Entre las fuentes públicas revisadas no aparece una resolución posterior que demuestre que aquella opción se concretó. Lo que sí produjo el anuncio oficial fue una expectativa política alrededor de la palabra “regularización”.
Ese mismo día, Bitácora respondió con un hilo que acusó al CGREG de pretender regularizar motos ingresadas ilegalmente y aportó varios datos:
- 2.313 de los 4.536 vehículos motorizados terrestres censados no tenían permiso de ingreso: el 51 % del total;
- el hilo afirmó que hasta 2021 solo constaban 2.295 vehículos matriculados;
- la visualización enlazada desglosó 1.085 motos, 571 camionetas, 227 automóviles, 221 SUV, 100 camiones, 43 autobuses, 29 furgonetas, ocho tanqueros, tres volquetas y dos tráileres;
- Bitácora sostuvo que la falta de transporte para residentes coexistía con 571 camionetas y que parte de estas priorizaba a los turistas por ser un mercado más rentable;
- también relacionó el crecimiento vehicular y la demanda de transporte con la llegada de más de 300.000 turistas durante 2023.
La presión turística señalada por Bitácora sí coincide con el informe oficial del Parque Nacional Galápagos: en 2023 ingresaron 329.475 turistas, 23 % más que en 2022.
La magnitud del desorden vehicular tampoco desapareció con aquella reunión. Una investigación reciente de Bitácora sobre vehículos sin permiso y regularización en campaña retomó el dato de 2.313 unidades sin permiso y recordó que la Contraloría determinó que, en un periodo anterior, el CGREG emitió 140 certificados de validación de vehículos terrestres y marítimos sin que esa figura tuviera sustento en la Constitución o en la Ley Especial.
El principio de la comparación es, por tanto, comprobable: “un catastro no es un permiso”. Inscribir o matricular una moto no subsana por sí solo su ingreso irregular, del mismo modo que obtener un RUC no reemplaza el Registro de Turismo, la LUAF ni el cumplimiento del Plan Hotelero. En ambos casos, utilizar la palabra “regularización” sin explicar qué infracciones pueden subsanarse, quiénes serían beneficiados y cuál es la base legal convierte un trámite administrativo en una promesa política.
Galápagos no necesita otro registro presentado como solución mientras el incumplimiento permanece intacto. Necesita que cada institución muestre qué controló, a quién sancionó y por qué autorizó cada excepción.
El CGREG publicitó una solicitud de regularización para las motos, pero no ha mostrado en esa publicación el resultado jurídico de la gestión. Ahora circula una ruta de registro para los alojamientos, pero nadie presenta todavía el cruce de catastros, las inspecciones o las sanciones. La semejanza no demuestra una operación electoral; sí impide aceptar un nuevo anuncio sin exigir resultados.
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