Galápagos entre basura y propaganda: Santa Cruz apagó la recolección diferenciada y encendió la emergencia ambiental
Mientras el Municipio de Santa Cruz promociona convenios verdes, reciclaje, coprocesamiento y retiro de neumáticos, los informes del Parque Nacional Galápagos muestran que el relleno sanitario registró apenas 11,11% de cumplimiento de su Plan de Manejo Ambiental en 2025, y el Parque Ambiental Fabricio Valverde llegó en 2026 a solo 44,89% de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y 12,50% de cumplimiento de sus obligaciones ambientales. La propaganda habla de sostenibilidad; los documentos oficiales de lixiviados, residuos peligrosos sin trazabilidad, observaciones reiteradas y un sistema de basura en emergencia y la ausencia de un plan interinstitucional para evitar que la basura urbana llegue a la Reserva Marina. ¿Por qué no hay responsables del desastre? ¿Cálculo electoral?
El video del botadero de Santa Cruz no necesita una voz en off. La imagen se explica sola: residuos acumulados, manejo improvisado, materiales mezclados y la sensación de que en la isla más visitada de Galápagos la basura dejó de ser un servicio público para convertirse en paisaje administrativo. Fue filmado en diciembre del 2024 y desde esa fecha la situación solo empeora. Lo grave no es únicamente lo que se ve. Lo grave es que los informes oficiales ya lo reconocen con membrete, fecha y porcentajes.
La versión municipal habla de convenios, evacuación de materiales y economía circular. El Municipio difundió, por ejemplo, un convenio para retirar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos acopiados en el Parque Ambiental Fabricio Valverde. También promocionó el envío de 170 toneladas de residuos sólidos no peligrosos para coprocesamiento con Geocycle (), la evacuación de neumáticos fuera de uso y reuniones con la extinta USAID y NCBA CLUSA para repotenciar el Parque Ambiental Fabricio Valverde.
Si solo se miran los boletines, eso parece una gestión. Pero los documentos revelan otra historia: en Santa Cruz no hay únicamente residuos acumulados; hay un sistema debilitado, obligaciones ambientales incumplidas y una decisión política de origen que casi no se menciona: al asumir la Alcaldía, la administración de Fanny Uribe desmontó el sistema anterior de recolección diferenciada, ese que requería que los galapagueños compren sus fundas y clasifiquen en el origen los desechos. Ese era el filtro básico para que la basura no llegara mezclada al final de la cadena. Sin separación desde la fuente y sin recolección diferenciada sostenida, el “parque ambiental” termina recibiendo el problema completo, no una solución.
Esa decisión no puede leerse como una anécdota operativa. En la política local de Santa Cruz aparece como una de las ofertas de campaña que Uribe sí cumplió. La primera fue el retiro de la piedra del muelle -un gesto visible, fotogénico, de impacto inmediato- y tan vacío como los bochinches en las islas. La segunda fue quitar la recolección diferenciada, bajo la promesa de simplificar el sistema. La tercera, vista desde el resultado y no desde el discurso, es mantener a Santa Cruz sin una solución efectiva al abastecimiento y calidad del agua potable. Bitácora ya documentó que el proyecto de agua de Santa Cruz, contratado en 2013, debía ejecutarse en 18 meses, terminó costando cerca de USD 30 millones y no resolvió el problema.
El patrón es claro: decisiones políticas visibles, soluciones técnicas ausentes o inconclusas. Se retira una piedra, se desarma una ruta diferenciada, se anuncia sostenibilidad, pero el resultado aparece en el suelo, en los lixiviados y en los informes de control. En Galápagos, donde cada discurso oficial habla de conservación, la basura de Santa Cruz funciona como una auditoría sin maquillaje.
Los informes que contradicen la postal oficial
El Informe Técnico Nro. 749-2025-DPNG/DGA-CA-CC, elaborado tras la inspección del 3 de octubre de 2025 al proyecto “Construcción y Operación del Relleno Sanitario en el Cantón Santa Cruz”, registró apenas 11,11% de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y 15 hallazgos reiterativos. En sus anexos aparecen piscinas de lixiviados, celdas de residuos hospitalarios, observaciones sobre falta de mantenimiento, ausencia de bitácoras, deficiencias en monitoreos y evidencia de abandono. No es un rumor ciudadano: es un documento de la Dirección de Gestión Ambiental del Parque Nacional Galápagos.
El Informe Técnico Nro. 526-2026-DPNG/DGA-CA, de 19 de agosto de 2026, evaluó la “Operación del Parque Ambiental Fabricio Valverde”. La inspección fue realizada el 11 de agosto de 2026, con acompañamiento de técnicos del GAD Municipal de Santa Cruz. Sus conclusiones son igual de incómodas: de 49 actividades aplicables del Plan de Manejo Ambiental, 27 no cumplen; el cumplimiento es de 44,89%. En el permiso ambiental, de 8 obligaciones aplicables, solo una cumple: 12,50%.
La lista de incumplimientos no es menor. El informe señala que no se evidenció la cimentación o impermeabilización del área de compostaje para evitar contacto de lixiviados con agua y suelo; tampoco se evidenció la implementación de un sistema de tratamiento para lixiviados generados en el área de compostaje. A eso se suman la falta de monitoreos de lixiviados, suelo, emisiones atmosféricas y ruido con laboratorios acreditados. En palabras simples: si el Municipio quiere hablar de economía circular, primero debe demostrar que lo básico -suelo, agua, aire y desechos peligrosos- está bajo control.
El informe también registra fallas en la trazabilidad de residuos peligrosos y especiales: no se presentaron registros de la cantidad generada, actas de entrega a gestores autorizados, manifiestos únicos, certificados o recibos de entrega-recepción. En un archipiélago donde la logística de salida de residuos hacia el continente es compleja y costosa, la trazabilidad no es papeleo: es la diferencia entre gestión ambiental y abandono administrativo.
La autoridad ambiental mira, informa... pero no sanciona
Durante 2026, la Dirección del Parque Nacional Galápagos no inició procedimientos administrativos sancionadores en el casco urbano de Puerto Ayora por el manejo de desechos. Así consta en la respuesta que el Ministerio del Ambiente y Energía dio asambleísta Franklin Samaniego. La explicación oficial es que la recolección y tratamiento de desechos urbanos es competencia exclusiva del GAD Municipal de Santa Cruz, aunque la DPNG sí puede sancionar cuando exista afectación directa a las áreas protegidas.
Ahí está el hueco institucional que en época de elecciones se tapa con la alfombra de la política isleña: si hay informes técnicos con incumplimientos reiterados, lixiviados sin tratamiento comprobado, fallas de trazabilidad de residuos peligrosos y un botadero que visualmente desmiente cualquier relato de sostenibilidad, ¿cuándo se considera que la afectación ya toca al área protegida? ¿Cuántos videos, cuántas aves muertas, cuánta basura dispersa y cuántas observaciones reiteradas necesita el sistema para pasar del informe a la acción?
La misma respuesta oficial admite que no existe un plan de contingencia interinstitucional suscrito específicamente entre el MAE, la DPNG y el GAD de Santa Cruz para evitar que los desechos del casco urbano lleguen a las áreas marinas protegidas. Lo que existe son ejes generales: ubicación de sitios de acopio a 5 kilómetros del perfil costero y seguimiento ambiental. Es decir, Galápagos tiene un discurso mundial de conservación, pero Santa Cruz no tiene un plan específico y vigente para impedir que la basura urbana termine presionando la Reserva Marina de Galápagos.
Tampoco existe, según el PNG, un programa interno enfocado exclusivamente en microplásticos o macrobasura en el tracto digestivo de tortugas marinas de Santa Cruz. Y sobre barreras de retención de basura en puntos críticos de descarga hacia el mar, la respuesta no anuncia instalación inmediata: habla de evaluar la factibilidad técnica, ambiental y operativa, y recuerda que la implementación y mantenimiento corresponden al GAD Municipal en articulación con la autoridad ambiental.
El desmantelamiento que debe responder el Municipio
La pregunta que el Municipio de Santa Cruz debe responder no es si ha evacuado alguna tonelada de residuos, firmado algún convenio o recibido algún diagnóstico internacional. Eso ya está en sus boletines. El cuestionamiento es otro: ¿por qué se desmontó el sistema anterior de recolección diferenciada? ¿Qué informe técnico recomendó quitarlo? ¿Qué modelo lo reemplazó? ¿Cuánto aumentó el volumen de residuos mezclados desde esa decisión? ¿Cuántas rutas diferenciadas existían antes y cuántas funcionan ahora?
La basura no se maneja al final del camino. Se maneja desde la casa, el comercio, el hotel, la embarcación, el mercado, el muelle, el camión y la clasificación. Si se corta la separación al inicio, el relleno o el parque ambiental reciben una mezcla que cuesta más, contamina más, se aprovecha menos y genera más riesgos. Eso no lo arregla una foto con contenedores ni un convenio de coprocesamiento.
Santa Cruz necesita transparencia operativa: rutas, frecuencias, presupuestos, contratos, tonelajes por tipo de residuo, gestores autorizados, manifiestos, monitoreos de lixiviados y un plan de acción con fechas verificables. También necesita que el Ministerio del Ambiente y el Parque Nacional Galápagos dejen de actuar como notarios del incumplimiento y exijan correcciones efectivas cuando el problema amenaza la integridad ecológica de las islas.
El video muestra la basura. Los informes muestran el expediente. El desmantelamiento de la recolección diferenciada explica el origen político del colapso. Y los boletines municipales muestran el intento de envolver la emergencia con palabras bonitas: sostenibilidad, economía circular, futuro limpio. En Santa Cruz, la basura ya no admite propaganda. Admite responsabilidades.
Ahora que la campaña electoral es inminente, ¿los galapagueños permitirán que les engañen otra vez? !Galapagueño date cuenta!
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