La crisis del transporte marítimo en Galápagos: un solo barco y decisiones bajo sospecha

Una decisión administrativa que habría cambiado reglas clave del transporte marítimo hacia Galápagos desata críticas. La medida traslada toda la responsabilidad a las navieras mientras el sistema vuelve a depender de una sola empresa y un solo barco.

El subsecretario de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF), Bryan Andrade, del Ministerio de Infraestructura y Transportes del Ecuador, parece haber asumido un papel que no le corresponde: el de investigador, fiscal y juez al mismo tiempo. En tiempo récord investigó y dictó sentencia sobre un incidente que ni siquiera ha pasado por un proceso formal ni ha sido evaluado por un perito independiente. Hablamos del incidente con el buque de carga Isla de la Plata, de Transnave, empresa de la Armada del Ecuador.

Llama la atención que en Galápagos no hay puertos; es decir, una Subsecretaría de Puertos incide donde no hay esas facilidades.

Más allá del caso puntual, lo verdaderamente preocupante es el precedente institucional. Una Subsecretaría nunca antes se había atrevido a modificar una normativa para trasladar responsabilidades operativas de esta manera. El nuevo procedimiento termina blindando a las operadoras de carga, mientras la naviera asume el 100% de la responsabilidad.

En teoría, esto podría parecer un mecanismo para clarificar responsabilidades. En la práctica, sin embargo, los únicos perjudicados terminan siendo los usuarios, los galapagueños que dependen del flujo de barcos con casi todo lo que necesitan para vivir en las islas: desde comida hasta materiales de construcción.

A esto se suma un tema que merece explicación pública: el presunto conflicto de intereses que rodea a estas decisiones. Según se comentó en reuniones con usuarios del sistema, Andrade es ahijado de Teresa Párraga, propietaria de PCL. Además, su padre habría sido asesor y socio de Párraga en el pasado, cuando operaban el negocio de Chasis y Tráiler, empresa que posteriormente derivó en la operación de barcos de más de 3.000 toneladas.

Si estos vínculos son ciertos, las decisiones adoptadas por la Subsecretaría deberían ser explicadas con absoluta transparencia.

Mientras tanto, el problema estructural del sistema de transporte marítimo hacia Galápagos sigue intacto. El archipiélago opera con un esquema precario: barcos sin muelles, infraestructura insuficiente y contenedores que no siempre cumplen estándares modernos y que se oxidan gracias a la acción de la sal marina.

Galápagos ni siquiera cuenta con puertos funcionales. Lo que existen son centros de acopio, mientras el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) mantiene una deuda histórica en materia de infraestructura logística y nunca lograron recuperar los dos millones de dólares que le entregaron a la Fundación Charles Darwin (FCD) para hacer los estudios y que fueron devueltos a la cuenta única del tesoro (en las islas dicen que este es el único caso documentado de un lagarto que vomitó).

Sin muelles adecuados ni reglas claras para mejorar la flota y el parque de contenedores, es difícil exigir eficiencia, seguridad o estándares ambientales.

Pero hoy la emergencia es aún mayor. El sistema ha vuelto a quedar reducido a una sola naviera operando con un solo barco. Y la pregunta inevitable es: ¿cuál? Exactamente: PCL.

La misma empresa que terminó desplazando a Transnave luego de que el buque Isla de la Plata, pese a conocerse que tenía daños, recibiera autorización para zarpar por la misma SPTMF. Existen oficios de la propia Subsecretaría que evidencian que las autoridades tenían conocimiento del estado de la embarcación.

Este episodio refleja un problema más profundo: la fragilidad institucional que rodea la logística marítima hacia Galápagos.

Cuando las decisiones públicas se toman sin transparencia, sin controles técnicos independientes y bajo la sombra de posibles conflictos de interés, el resultado siempre es el mismo: los ciudadanos terminan pagando las consecuencias. Lamentablemente este tipo de decisiones no solo afectan a las islas, en Manta está anclado el pesquero industrial Apóstol Santiago, otra muestra de los impactos de las puertas giratorias en temas pesqueros.

Tal vez cuando el presidente de la República decida nombrar funcionarios verdaderamente independientes —y no apadrinados políticos— las cosas comiencen a cambiar para Galápagos. Por ahora, el sistema sigue navegando en aguas bravas y opacas como las que naufragó a la lancha Spondylus hace dos semanas y que tampoco conocemos los resultados de las investigaciones, que en las islas se traducen en ocultamientos.

Y esta historia, sin duda, continuará.